EscucharLa digitalización de la administración tributaria en Costa Rica, tras la incorporación de sistemas en los procesos del Ministerio de Hacienda, avanza hacia un modelo en el que el análisis masivo de datos y herramientas tecnológicas podrían transformar la forma en que el Estado detecta inconsistencias fiscales y selecciona a las empresas sujetas a auditoría.
Así lo indicaron expertos en materia legal de dos firmas de negocios. A su juicio, la progresiva llegada de plataformas como Tribu-CR y el desarrollo del sistema de analítica de datos del Sistema Integrado de Administración Aduanera (Atena) son los responsables.
Aunque la interconexión plena entre estos sistemas aún no está operativa, los especialistas consideran que la disponibilidad de mayor información y su procesamiento automatizado podría modificar la dinámica de las fiscalizaciones tal y como se han visto hasta ahora.
Más cruces de información
Según explicaron dos socias de la firma EY, Gloriana Alvarado, gerente sénior legal, y Francella Sáenz, gerente sénior de impuestos, el hecho de centralizar información tributaria en una misma plataforma por sí solo ya permite a la administración acceder a los datos de manera inmediata y contar con más herramientas para ejercer control.
En la práctica, desde la entrada en funcionamiento de Tribu-CR, la administración tributaria comenzó a cuestionar determinados créditos fiscales mediante controles cruzados entre declaraciones presentadas y facturas emitidas.
De acuerdo con las especialistas de EY, estos cruces se realizan a través de herramientas tecnológicas automatizadas que permiten identificar posibles inconsistencias entre la información reportada por los contribuyentes.
Cuando se detectan diferencias, la administración puede notificar a los contribuyentes para que rectifiquen o justifiquen los créditos fiscales declarados. Este tipo de requerimientos, agregan, puede derivar eventualmente en un proceso de fiscalización formal.
Cambios desde las primeras etapas
El fortalecimiento de las plataformas tecnológicas también podría tener efectos en distintas etapas del proceso de fiscalización.
Alvarado y Sáenz indican que, una vez que la información ingresa a la plataforma y se dispone de distintas fuentes de datos, “la administración podría realizar el control cruzado y con ello notificar los requerimientos que se encuentren”.
Esto podría agilizar la revisión documental e incluso algunos tiempos de resolución. Sin embargo, los procedimientos de fiscalización deben respetar el debido proceso, por lo que es importante aclarar que las herramientas tecnológicas no sustituyen el análisis técnico de los funcionarios encargados de las auditorías.
Además, los sistemas pueden facilitar el requerimiento de información a terceros mediante cruces automatizados de datos, aunque para análisis más profundos todavía se deben utilizar mecanismos tradicionales de solicitud de información.
Fiscalizaciones más dirigidas
El uso de herramientas de análisis de datos también podría cambiar la forma en que la administración selecciona a las empresas que serán auditadas.
El abogado y socio de la firma de negocios Deloitte, Fabio Salas, explicó que la administración tributaria ya cuenta con grandes volúmenes de información provenientes de distintas fuentes.
Entre ellas se encuentran las declaraciones de impuestos, como renta o Impuesto al Valor Agregado (IVA), la información de facturación electrónica y reportes que reciben de entidades financieras sobre pagos realizados mediante datáfonos y tarjetas.
“Históricamente, la administración disponía de estos datos, pero el volumen era tan grande que resultaba complejo extraer información útil para identificar riesgos o definir a qué contribuyentes fiscalizar”, explicó el abogado.
Con la incorporación de motores de análisis y herramientas basadas en inteligencia artificial dentro de Tribu CR, Hacienda comienza a tener la capacidad de procesar esa información y cruzar grandes cantidades de datos.
Esto permitiría identificar patrones o comportamientos atípicos dentro de un sector económico.
Por ejemplo, si una empresa presenta grandes movimientos distintos a los de otras compañías del mismo sector, ese comportamiento podría generar un perfil de riesgo mayor y eventualmente motivar una fiscalización.
Además, el desarrollo de estos sistemas también ampliará la cantidad de información que la administración puede analizar.
Salas señala que, conforme avance la implementación tecnológica, Hacienda podría cruzar datos provenientes de diversas fuentes, incluyendo facturación electrónica, declaraciones tributarias, información de plataformas digitales y, eventualmente, datos vinculados con comercio exterior una vez que sistemas como Atena estén operando.
En ese contexto, advierte que las empresas podrían enfrentarse a un escenario en el que la administración tenga una visión más clara de su actividad económica que la propia empresa si esta no analiza adecuadamente sus datos.
El 19 de febrero del año en curso, EF consultó a Hacienda su posición oficial sobre este tema. Sin embargo, a la fecha no se ha recibido respuesta.
¿Cómo pueden prepararse las empresas?
Ante este panorama, el especialista recomienda que las empresas adopten una postura preventiva frente a los procesos de fiscalización.
Para el socio de Deloitte, una de las claves será garantizar la consistencia entre la operación real de la empresa, su contabilidad, las declaraciones tributarias y la información generada mediante facturación electrónica.
También considera fundamental contar con documentación de respaldo adecuada para las operaciones, como contratos con proveedores y clientes, acuerdos entre compañías de un mismo grupo económico u otros documentos que permitan sustentar las transacciones registradas.
“La realidad de la empresa debe reflejarse de forma consistente en su contabilidad, en sus declaraciones y en la información que recibe la administración tributaria”, indicó.
Muchas de las disputas fiscales más complejas surgen no necesariamente por errores en la operación, sino por problemas en la documentación que respalda las transacciones. Por ello, recomienda que las empresas dejen de ver las fiscalizaciones como una reacción a una auditoría y comiencen a tratarlas como parte de un proceso permanente de revisión interna de sus datos y documentación.
