Cuando Carlos Alvarado asumió la silla presidencial de Costa Rica, sabía que tenía el tiempo en su contra para tomar medidas que le permitieran al país caminar hacia el saneamiento de las finanzas públicas.

En medio de detractores de las intenciones de recortar el gasto en salarios y pluses asociados, algunos cambios llegaron a través de directrices en el puro arranque de la Administración Alvarado Quesada.

Un ejemplo de esto fueron las acciones ejecutadas para detener el alto crecimiento de la remuneración a los empleados públicos.

Otras medidas por las que apostó el Gobierno se discutieron en el Congreso y recibieron luz verde a finales del 2019, mediante la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas.

Las disposiciones se activaron y los resultados ya son perceptibles en la acera de los salarios e incentivos de parte del sector público.

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En 2019, el gasto por remuneraciones (que incorpora el pago de sueldos para cargos fijos, pero también todos los egresos adicionales relacionados al salario) cumplió dos años consecutivos de reducir su crecimiento. Al penúltimo mes del 2019, alcanzó los ¢2,1 billones, en estas instituciones, y representó el 39,2% del gasto total sin intereses en el que incurrió el Gobierno en el acumulado a ese mes del 2019.

Esa cifra aumentó casi ¢19.000 millones menos que un año atrás, en parte gracias al menor ritmo de crecimiento de los salarios fijos, pero también por el recorte o menor dinamismo de algunos incentivos.

Las remuneraciones pasaron de repuntar 5,13%, en 2017, a 3,58% en 2019 (siempre a noviembre de cada año).

¿Quiénes apoyaron esta reducción? A poco tiempo para que concluyera el año, 20 instituciones públicas (de las 24 analizadas en total) lograron reducir su crecimiento o incluso contraer el gasto por remuneraciones.

Estos resultados provienen de un análisis que hizo EF del pago por concepto de remuneraciones en las instituciones públicas del primer nivel de la República, a noviembre del 2019. En este grupo se incluye a los ministerios, la Presidencia de la República, la Asamblea Legislativa, la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Al ser un análisis a noviembre de cada año, no considera el comportamiento de los aguinaldos en su totalidad.

La herencia de la exministra Rocío Aguilar parece dar frutos aun antes de que se pueda registrar un impacto real de la regla fiscal y otras medidas dispuestas en la reforma.

Además, esta reducción es solo una pincelada de lo que la regla fiscal y las reformas aplicadas pueden generar, ya que el mayor efecto se vería en el 2020, según Ana Miriam Araya, directora ejecutiva de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda.

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El Ministerio de Educación Pública (MEP) se adueña de más de la mitad del gasto por concepto de salarios, debido al gran tamaño de su planilla y la diversa variedad de incentivos. Esta entidad aún tiene el gran reto de apoyar más a la contracción del gasto a la que aspiran las finanzas estatales.

En la otra acera, algunos ministerios, como el de Cultura y Relaciones Exteriores, sí estrecharon la erogación de dinero en sueldos.

Las finanzas del Gobierno en la trinchera de los salarios han mejorado, pero todavía están lejos de ser suficientes para impactar a la baja el nivel de la deuda, el déficit fiscal y mucho menos sanear las finanzas públicas.

Elementos como el lastre de los intereses y un menor aumento de la producción en 2019 aceleraron el crecimiento estimado del desbalance en las finanzas del Gobierno.

Al cierre del 2019, el déficit fiscal fue de 7% (se había estimado un 6,3% para ese año) y la deuda alcanzó el 58,5% como porcentaje del producto interno bruto (PIB).

*** Las estimaciones del Banco Central, según el Programa Macroeconómico 2020-2021, ubican al déficit en una cifra promisoria de 5,9% para el término del 2020. ***

Salarios fijos menos dinámicos

¿Cuáles medidas surtieron efecto en el gasto por salarios? Algunos de los cambios que se presentaron ante la Asamblea Legislativa desde mayo 2018 fueron el límite al crecimiento de los salarios para puestos de trabajo fijos y el congelamiento de plazas en entidades del sector público.

Los salarios no representan ni la mitad de los recursos que destina el Gobierno al pago de labores de sus funcionarios.

Solo un 39,2% de los gastos por remuneraciones se destinan al salario base (¢833.582 millones), y el gran monto restante se lo llevan los incentivos y las contribuciones designadas por ley.

Al término del 2019, el crecimiento de los sueldos fijos persistió, pero bajó el ritmo.

El dinamismo de los sueldos para empleados fijos de las entidades públicas estudiadas creció 3% (¢24.563 millones), 1,5 puntos porcentuales menos que en el año previo.

Ese menor crecimiento significó un ahorro de casi ¢10.000 millones en comparación al alza que se percibió un año atrás (¢34.492 millones).

¿Quiénes lograron contraer el pago de salarios fijos? De un total de 24 entidades estudiadas, 10 obtuvieron mejores resultados.

El listado está compuesto por la Asamblea Legislativa, la Defensoría de los Habitantes y los ministerios de Obras Públicas y Transportes (MOPT), de la Presidencia, de Salud, de Cultura, Vivienda, Comercio Exterior y Planificación, Hacienda, Relaciones Exteriores y Extranjería.

Al contrario, solo tres incrementaron el gasto entre noviembre del 2018 y el 2019: la Presidencia de la República y los ministerios de Justicia y Gracia, y Ciencia y Tecnología.

Este último ministerio fue uno de los que redujo el crecimiento del gasto por remuneraciones como un todo.