EscucharEl Consejo de Gobierno designó el pasado miércoles 20 de agosto a los nuevos siete miembros propietarios de la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR). De este modo, terminó de concretar el cambio de fichas que inició desde mayo pasado, cuando anunció la sorpresiva destitución de los directivos anteriores en el banco más grande del país.
Seis de los nuevos miembros propietarios ya eran parte de la Junta Directiva provisional que había operado en los últimos meses, también designados por el Gobierno.
Según se comunicó, los nuevos propietarios fueron seleccionados luego de un concurso público que empezó a mediados de julio pasado.
Los miembros seleccionadas fueron María Brenes Quesada, María del Milagro Solórzano León, Anabelle Eugenia Chaves Soto, Noylin María Cruz Suárez, Maximiliano Alvarado Ramírez, Rolando Saborío Jiménez y Javier Francisco Zúñiga Moya, de los cuales solo el último no era parte del órgano colegiado. Solo Randall Monge Saborío no aspiró a continuar de entre los miembros la conformación provisional.
Alvarado es el actual presidente de la junta; y ha defendido la rectoría del Poder Ejecutivo para realizar las modificaciones en la dirección del banco a pesar de los cuestionamientos legales. Según dijo en la Asamblea Legislativa, el Gobierno puede hacer los cambios como su asamblea de accionistas.
A su lado, Cruz es el actual vicepresidente y Saborío, el secretario.
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Destituciones cuestionadas
El Gobierno anunció la destitución de los miembros anteriores el 28 de mayo pasado, sugiriendo que habrían alentado un proceso amañado para nombrar a Rosaysella Ulloa Villalobos como gerente general; algo que ellos rechazan.
Los miembros destituidos fueron Marvin Arias Aguilar (presidente), Ruth Alfaro Jara, José Bernal Alvarado Delgado, José Manuel Arias Porras, Montserrat Buján Boza, Rodolfo González Cuadra y Marcela Alpízar Chacón.
Según opinó Arias en su momento, la destitución habría ocurrido por actuar de forma independiente y “no haber aceptado presiones e injerencias indebidas de parte de Casa Presidencial en el nombramiento de la gerente general”, según declaró ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, el jueves 19 de junio pasado.
Ese fue un proceso en el que el Ejecutivo se interesó, según documentan varias cartas recibidas por la entidad estatal en relación con las fechas y los términos para la inclusión de otros candidatos.
Algunos de los directivos que fueron removidos del cargo y terceras personas han solicitado la restitución de la anterior junta directiva ante la Sala Constitucional, argumentando que la decisión habría pasado por encima de la autonomía administrativa de la entidad financiera. Además, se han elevado gestiones ante la Procuraduría de la Ética Pública y otras entidades. Sin embargo, ninguna ha sido resuelta hasta el momento.
