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El fondo de seguro de depósitos quedaría en firme en la Asamblea Legislativa antes del 14 de febrero y los bancos comerciales del Estado formarán parte de los aportantes. El tema que en algún momento estuvo en entredicho, parece zanjado, mientras el proyecto de ley se encamina a sus últimos días en el plenario.
La presencia del Banco de Costa Rica (BCR) y del Banco Nacional (BN), así como del Banco Popular dentro del fondo, estuvo en entredicho por algún tiempo.
El pulso político se vio enmarcado por dos proyectos de ley casi idénticos. En el primero (Expediente 21.655), acuerpado por la mayoría de diputados. En este los bancos comerciales del Estado estaban incluídos para hacer aportes al fondo. En el segundo (Expediente 21.657) quedaban fuera y era impulsado por el Poder Ejecutivo.
El peso de la reforma tenía un punto más. El seguro de depósito es uno de los requisitos para que el país ingrese a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Sin embargo, la entrada de los bancos estatales como aportantes al fondo implicaría consecuencias. Las cargas parafiscales y los créditos subordinados aparecen en el horizonte bajo el justificante de empatar la cancha entre los bancos públicos y los privados.
Avance legislativo
El 27 de noviembre del 2019 se presentó en el plenario el expediente 21.717, un nuevo texto consensuado entre el Poder Legislativo y el Gobierno. Bajo el nombre de Ley de Creación del Depósito de Garantía de Depósitos y de Mecanismos de Resolución, el documento avanzó en menos de tres meses, un proceso legislativo en el que otros proyectos duran años.
El texto ya superó la etapa en comisión con los días de mociones de fondo. Actualmente camina hacia las mociones de reiteración en plenario para después ser votado en primer y segundo debate legislativo. Tras ambas votaciones afirmativas se convertirá en ley.
“Este proyecto, es un requisito para avanzar con el proceso de adhesión a la OCDE, el cual debe ser ley de la República el 14 de febrero, por lo que esperamos que la primera semana de febrero estemos votando el primer y segundo debate”, detalló Silvia Hernández, jefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN).
La posibilidad de que el texto avance sin mayor inconveniente es amplia, de acuerdo con el diputado Pablo Heriberto Abarca del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Este documento es, de acuerdo con el Gobierno, resultado de un esfuerzo arduo marcado por múltiples conversaciones y negociaciones.
“Ha sido un largo proceso de diálogo en donde los bancos estuvieron involucrados. El texto que se encuentra en la Asamblea Legislativa abarca la mayoría de las preocupaciones, comunicó a EF el Poder Ejecutivo en respuesta escrita a nombre de Casa Presidencial.
Sin embargo, las preocupaciones de los bancos no se subsanaron por completo. En medio de la discusión por la exclusión o presencia de los bancos estatales salieron a relucir dos nuevos temas: cargas parafiscales y créditos subordinados.
“Nivelar la cancha”
Ante la consulta del primer punto, el Ejecutivo aceptó que es “un tema en estudio” aunque no se presentará en el futuro inmediato. Sin embargo, en una entrevista previa con EF, la ministra de Planificación, Pilar Garrido, aceptó que ambos temas están en la agenda.
“Lo hemos conversado (con los bancos) y la gran preocupación que subrayan es que el seguro de depósitos es una muy buena medida para garantizar la protección de los ahorrantes, pero no resuelve otro tema fundamental que tiene que ver con nivelar la cancha. Ahí tenemos que resolver con algunas otras medidas como por ejemplo, el tema de la deuda subordinada y el otro tema tiene que ver justamente con parafiscales. Un planteamiento que estamos trabajando entre Mideplan y Banco Central, además de que haya mayor flexibilidad en el régimen de contratación administrativa”, declaró la Ministra.
Ambos aspectos son un compromiso que el Estado asumió, según Garrido. Lo que continúa en la agenda es iniciar una discusión a profundidad para poder “equiparar las condiciones y que pueda existir una competencia real entre la banca estatal y la privada”, según declaró la Ministra de Planificación.
Esa información de Garrido es respaldada por el Banco Nacional. “Independientemente de este proyecto, consideramos que el esquema actual de cargas y contribuciones parafiscales debe ser reformado y mejorado. Como lo hemos hecho ver, veríamos con buenos ojos un proyecto que vaya en ese sentido”, declaró Francisco Gamboa Soto, director general de relaciones institucionales del Banco Nacional.
Sin embargo es un tema que solo se podría resolver a través de un proyecto de ley que, de momento, no ha sido presentado. Incluso dentro de la Asamblea Legislativa aún no han sido notificados sobre la posibilidad de un nuevo texto.
“Yo sí creo que hay que entrarle al tema de las cargas parafiscales”, declaró el diputado Abarca. Para el legislador, actualmente hay un ambiente interesante para revisar estas cargas. Sin embargo, el tema no deja de ser complejo, ya que quitaría recursos a algunas instituciones que se fondean con estos rubros.
En el caso del BCR, la institución es cautelosa con el tema.
“Las mencionadas contribuciones “parafiscales” en su momento fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa, por razones que fueron consideradas de “peso”, las cuales por supuestos respetamos. Cualquier modificación de las mismas debería ser aprobada por dicha Asamblea Legislativa y de ser consultados brindaremos nuestra opinión”, detalló la entidad ante la consulta.
Créditos subordinados
Otro de los puntos que impulsó a que los bancos estatales finalmente apoyaran formar parte del fondo tiene que ver con la garantía que mantienen.
“En términos generales el proyecto plantea aspectos positivos para reducir el riesgo sistémico, con la creación de un aporte gradual de las distintas entidades financieras, manteniéndose además la garantía contemplada en el artículo 4 de la Ley del Sistema Bancario Nacional para los bancos del Estado”, declaró Gamboa.
Gamboa se refiere a la conocida como “garantía del Estado”, en la que el Estado cooperará en los pagos de los créditos y otros instrumentos en caso de que el banco no pueda liquidarlos.
Fuera de esa garantía queda, justamente, el otro punto mencionado por Garrido. Los instrumentos financieros subordinados o préstamos subordinados que emitan o contraten los bancos comerciales del Estado no cuentan con esta garantía. Además tienen la restricción de que estos solo podrán ser adquiridos o contratados con bancos multilaterales de desarrollo o por organismos bilaterales de desarrollo, según la ley.
En una conferencia de prensa en diciembre anterior, la ministra de Comercio Exterior y coordinadora general del proceso de ingreso a la OCDE, Dyalá Jiménez también se refirió al tema.
“El Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, llegamos a un acuerdo para poder incluir a la banca del Estado como contribuyente del fondo de garantía de depósito (...) Lo que se hizo fue agregar un elemento que permita a la banca del Estado emitir deuda subordinada, cosa que según la ley, solo podía hacerla con organismos multilaterales”, declaró Jiménez.
Ante la consulta de EF el Ejecutivo aceptó estar a favor de los créditos subordinados. “Efectivamente, el Poder Ejecutivo esta a favor de que los bancos comerciales del Estado puedan colocar deuda subordinada sin las limitaciones que existen actualmente en la ley”, explicaron.
En el proyecto de ley 21.651, que forma parte del programa de salvamento, el capítulo 1 elimina del artículo 4 de la ley actual, la restricción de que estos créditos sean exclusivos para multilaterales, sin embargo, queda claro que no cuentan con la garantía estatal. El texto está siendo actualmente discutido en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.
Colaboró el periodista Manuel Avendaño A.
