Fin a las readecuaciones ilimitadas en la banca: ¿qué hago si tengo problemas para mantener mi crédito al día?

Sin embargo, a partir del 2022, dichas reglas excepcionales quedaron sin efecto por disposición del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif). Ante esto, ¿qué opciones tiene una persona que mantiene una deuda con una entidad financiera supervisada pero aún no puede hacer frente a sus pagos de manera regular?

Las opciones de arreglos de pago que se ofrecen en el mercado distan entre cada entidad y cada caso. Consultadas por EF, algunos bancos y mutuales como BAC Credomatic, Coopemep, Coopeservidores, Mucap, Davivienda, el Banco de Costa Rica y el Banco Popular indicaron que cada cliente es analizado de forma individual para determinar si puede aplicarse alguna medida o arreglo de pago.

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En el caso del Banco Popular, los instrumentos están disponibles según sean las condiciones actuales del cliente y se aplican en los productos que posea, sean estos hipotecarios, de vehículos, de consumo o tarjetas, según explicó Juan Francisco Rodríguez, subgerente de Negocios de la entidad.

Esta entidad ofrece opciones como la readecuación de cuotas y amortizaciones pendientes, la ampliación de plazo para disminuir la cuota, la refundición de deudas así como las moratorias de pago.

Desde el Banco de Costa Rica y Davivienda, por su parte, señalaron que con las medidas excepcionales finalizadas, se procede a analizar la situación económica de la persona de manera integral para determinar la viabilidad de proceder con alguna medida como prórrogas, refinanciamientos, escalonamiento de tasas de interés y plazos, periodos de gracia, entre otras opciones.

Créditos hipotecarios

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En el caso de las personas que posean créditos hipotecarios con las cooperativas Coopemep y Coopeservidores, pueden acceder –en caso de cumplir las condiciones– a diversos instrumentos de arreglo. En el caso del primero, podrían explorarse las opciones de una moratoria, la revisión de condiciones originales, el refinanciamiento u otros; siempre y cuando la gestión no desmejore o recalifique la categoría de riesgo del deudor.

En Coopeservidores, las opciones van desde el refinanciamiento de operaciones para ofrecer una mayor liquidez al asociado, un crédito de vivienda mix que permite consolidar deudas o un crédito multiuso hipotecario, una opción en la que si el cliente cuenta con disposición de otorgar una garantía real, puede obtener recursos para destinarlos a cualquier necesidad que tenga, tal como explicó Leonardo Gamboa, gerente de Servicios Empresariales.

Asimismo, la gerente general de Mucap, Eugenia Meza, explicó que en el caso de aquellos clientes que aún tengan dificultades para atender sus obligaciones financieras, la entidad está dispuesta a analizar individualmente cada caso y con el cliente, con el fin de buscar una alternativa de apoyo que le permita continuar honrando su obligación contraída.

Conocer el estado de deuda

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Ante la conclusión de las medidas excepcionales permitidas por Conassif, la Oficina del Consumidor Financiero (OCF) recomienda a los deudores acercarse a las entidades para conocer cómo quedarán las condiciones de sus créditos.

“Conocer y ser informado del estado actual de los créditos es parte de los derechos del consumidor financiero. Tomando en cuenta que nuevamente las disposiciones vigentes en las operaciones crediticias son las de prepandemia, es importante que el deudor tenga claro cómo operarán sus préstamos de ahora en adelante”, explicó Danilo Montero, director general de la OCF.

La recomendación es revisar, con la entidad, al menos cuatro puntos: los saldos de las deudas a la fecha actual, la fórmula de cálculo de la cuota, el monto de interés acumulado no pagado durante el alivio que la entidad aprobó y el nuevo plazo del crédito para cancelarlo.

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Asimismo, los deudores deben tomar en cuenta que solo se podrá realizar una modificación de la operación crediticia en un plazo de 24 meses; de lo contrario, si se aprobara más de una, esta tendrá que ser calificada como una operación crediticia especial.

Robert Rodríguez, director de riesgo de Grupo Prival Costa Rica, explicó que es posible que nuevas ayudas tengan repercusiones sobre las categorías de riesgo de los deudores y consecuentemente sobre las estimaciones de crédito.

“Cada entidad en vez de tener que ejecutar los bienes que están en respaldo de los préstamos deberá valorar la viabilidad real de extender nuevas ayudas para aquellos obligados que tengan una perspectiva positiva de recuperarse pero con un cambio en los términos y condiciones originales de sus operaciones crediticias”, explicó Rodríguez.

Además de la suspensión de las medidas de apoyo, las entidades financieras deberán reactivar el análisis de estrés del crédito.

Miles de readecuaciones

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Información suministrada por la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) señala que los bancos públicos y privados afiliados brindaron, en un periodo de 21 meses, un total de 1.621.022 readecuaciones a operaciones crediticias en diferentes actividades económicas, por un monto total de ¢12 billones.

“Si bien han concluido las medidas excepcionales, en las cuales los bancos podían hacer readecuaciones ilimitadas sin afectar la calificación del deudor, eso no significa que los bancos dejarán de apoyar a sus clientes, por el contrario, seguirán brindando el acompañamiento que sea necesario en cada caso y según las condiciones avaladas por los entes reguladores”, manifestó Ronulfo Jiménez, asesor económico de la ABC durante una conferencia de prensa realizada el pasado martes 11 de enero.

Los datos, que corresponden a 11 de los 14 bancos activos, incluyen operaciones de crédito que han sido readecuadas o reestructuradas en alguna de sus características. También incluye aquellos casos donde la operación se ha cancelado y se ha documentado en otras condiciones. En caso de que una misma operación haya sido readecuada más de una vez, se toma en cuenta cada readecuación como una nueva.

El 51,1% de los montos readecuados beneficiaron a personas en créditos de vivienda (26,2%) y consumo (24,9%) y un 48,9% al sector empresarial.