Endeudamiento de Gobierno superará el 67% del PIB en 2031; le explicamos por qué

El más reciente Marco Fiscal de Mediano Plazo de la institución, correspondiente al periodo 2026-2030, prevé que el endeudamiento del Gobierno Central retomará una trayectoria ascendente durante el próximo quinquenio, lo que marca un giro respecto a las estimaciones divulgadas en periodos anteriores.

De acuerdo con esta estimación, la deuda alcanzaría un 62,24% del PIB en 2026 y continuaría en aumento hasta situarse en un 67,20% en 2031.

Este comportamiento implicaría no solo un cambio de dirección en este indicador, sino también una presión adicional sobre las finanzas públicas en el mediano plazo.

Los recientes números contrastan con las estimaciones del anterior Marco Fiscal de Mediano Plazo, para el periodo 2025-2030, donde se esperaba una reducción sostenida de la deuda: según el documento, pasaría de un 59,5% del PIB en 2025 a un 54,2% en 2030.

Bajo ese escenario anterior, el país habría mantenido una senda de desendeudamiento, con niveles por debajo del umbral del 60% hacia el cierre de la década.

Capacidad de contención limitada

Para el Ministerio de Hacienda, esta evolución responde a una combinación de factores fiscales que limitan la capacidad de contención del endeudamiento.

Si bien el Gobierno mantendría superávits primarios —es decir, ingresos superiores a los gastos operativos, sin contar el pago de intereses—, estos serían de magnitud reducida. Para el cierre de 2026 se proyecta un saldo positivo de 0,34% del PIB, con una mejora gradual que lo llevaría a 0,59% en 2031.

Estos niveles de superávit resultan insuficientes para compensar el peso de los intereses de la deuda, ya que entre 2027 y 2031, el pago de intereses representaría en promedio un 4,7% del PIB anual, lo que absorbe una parte significativa de los recursos del Estado y limita el margen de maniobra fiscal.

En este contexto, las necesidades de financiamiento del Gobierno también mostrarían un incremento relevante.

Hacienda estima que estas pasarán de un 9,03% del PIB en 2026 a un 11,04% en 2031. Este aumento se explica, en buena parte, por el crecimiento en las amortizaciones de la deuda, que subirían de un 3,82% del PIB a un 6,98% en ese mismo periodo.

El incremento en estas obligaciones financieras implica que el Estado deberá destinar mayores recursos para atender compromisos adquiridos, lo que podría traducirse en mayores requerimientos de endeudamiento o en ajustes fiscales adicionales, dependiendo de la evolución de los ingresos y del gasto público.

Para la construcción de este escenario, el Ministerio de Hacienda utilizó como base las estimaciones macroeconómicas del Banco Central de Costa Rica (BCCR), incluidas en su Informe de Política Monetaria (IPM).

Entre los supuestos considerados se encuentran variables como el crecimiento económico, la inflación, las tasas de interés y el tipo de cambio.

A partir de estos insumos, la institución emplea distintas herramientas técnicas para modelar la trayectoria del endeudamiento, como el Modelo de Proyección de Consistencia Macroeconómica, que permite estimar las necesidades de financiamiento y proyectar el comportamiento de las amortizaciones y el pago de intereses en el mediano plazo.

Asimismo, se utiliza un modelo de sostenibilidad que traza la evolución de la relación deuda/PIB con base en el saldo inicial y los resultados fiscales esperados. A esto se suma el modelo de Dinámica de Deuda Pública, desarrollado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual descompone el impacto de variables como el crecimiento económico, la inflación y el tipo de cambio sobre el comportamiento del endeudamiento.

Las proyecciones reflejan un escenario en el que, pese a la disciplina fiscal en el gasto operativo, el peso de los intereses y las obligaciones financieras ejercen presión sobre las finanzas públicas, lo que se traduce en una trayectoria ascendente de la deuda en el mediano plazo.