EscucharLa baja reportada en el superávit primario durante los últimos cuatro años enciende una luz de alerta sobre la salud fiscal de Costa Rica.
La administración Chaves Robles inició en el 2022 con una diferencia positiva entre los ingresos y los gastos excluyendo intereses, lo cual se conoce como superávit primario.
Esa diferencia positiva incluso mejoró durante el primer año de gestión, un hito del cual alardeó el presidente Rodrigo Chaves en su momento. “Cerramos el 2022 con un superávit primario de un 2,3% del producto interno bruto. ¡5 billones de colones que no tendrán que pagar las futuras generaciones!“, dijo en su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Legislativa en 2023.
Mientras la aprobación de la reforma fiscal del 2018 aportó ingresos frescos al Gobierno mediante la inclusión de nuevos impuestos y límites al gasto, su efecto se ha ido diluyendo: en los últimos cuatro años se ha reportado una caída sostenida en los ingresos del Gobierno Central que ha provocado un deterioro en el superávit.
Esta situación no solo pone en vilo a los economistas locales, sino también a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y a las agencias calificadoras de riesgo.
Para dimensionar el problema: en el cierre del 2022 el superávit primario representaba un 2% del Producto Interno Bruto (PIB); no obstante, a diciembre del 2025 apenas alcanzó el 0,94%.
Cuando sí se toma en cuenta el pago de intereses, el país pasa de registrar un superávit a tener un déficit fiscal. Este indicador cerró el 2025 en -3,4%, una ligera mejora con respecto al -3,7% del año anterior. Sin embargo, es un peor resultado que en 2022, cuando se calculó en -2,4%.
Esta caída en el indicador evidencia dos realidades preocupantes: primero, que el Gobierno no está generando la misma cantidad de recursos que antes para cubrir sus gastos; y segundo, la rápida pérdida de aquel buen “colchón” financiero con el que se arrancó la gestión.
“Si analizamos las cifras del 2024 al 2025, únicamente, se ve una caída nominal de ¢32.800 millones (un retroceso del 6,3%). Esto se debe principalmente a una baja en la recaudación, lo cual es preocupante, sobre todo porque la deuda superó el umbral crítico del 60% del PIB, encendiendo las alarmas para la próxima administración”, aseguró Gerardo Corrales, economista de Economía Hoy y exgerente del BAC.
Aunado a esto, el especialista agregó que, en cuestión de 48 meses, el margen de maniobra se disipó, revelando que el problema de fondo ya no es una explosión descontrolada del gasto público, sino una preocupante sequía en los ingresos.
“Es una señal de alerta roja que advierte que el país dispone de menos espacio para enfrentar choques económicos, invertir en infraestructura o responder a las crecientes demandas sociales. El Gobierno no puede seguir incrementando su gasto, sin intereses, 1,5 veces más que el incremento de los ingresos, pues eso obliga a seguir pidiendo deuda”, advirtió Corrales.
La erosión del fisco
Al analizar las cifras a fondo, se evidencia una contracción en los ingresos, los cuales pasaron de representar un 15,98% del PIB en el 2022 a 14,42% en el presente año.
Este retroceso refleja una baja sustancial en el impuesto sobre la renta, los tributos ligados a importaciones y exportaciones, y las transferencias.
Por otra parte, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) —uno de los pilares del sistema tributario— se ha visto impactado por la desaceleración en sectores clave como la construcción y el turismo, reduciendo así su aporte al fisco.
Estos dos sectores están creciendo menos ante el impacto por la caída del dólar que está afectando sus ganancias.
“Las empresas en el régimen definitivo son las que más pagan impuestos y apenas están creciendo 2,9%, mientras que las de zonas francas que no pagan impuestos crecieron 9,9% y esta Costa Rica partida en dos es la que está generando menos ingresos”, destacó Corrales.
Fernando Rodríguez, economista de la Universidad Nacional (UNA), explicó que esta situación responde tanto al debilitamiento estructural de la recaudación en ciertos tributos (como el de la renta), así como a la falta de un mayor dinamismo económico que golpea la captación del IVA.
“De extenderse esta situación, la próxima administración enfrentaría, desde el inicio de su gestión, un panorama fiscal desfavorable en cuanto a los ingresos tributarios”, aseveró Rodríguez.
El comportamiento de otros tributos específicos confirma esta volatilidad.
Por ejemplo, la recaudación del impuesto a los combustibles registró tasas negativas durante el 2025, cerrando el año con una caída interanual del -0,51%.
Esto ocurrió luego de un repunte significativo a principios de 2024 (año que cerró con un crecimiento del 7,6%), tras el cual perdió dinamismo de forma sostenida.
En contraste, el impuesto a la propiedad de vehículos cerró el 2025 con un repunte importante, marcando una tasa de crecimiento interanual del 38,27%.
Este salto se da como efecto rebote luego de la contracción del -15,88% reportada al cierre de 2024, producto de la reducción impositiva aprobada por la Asamblea Legislativa.
En este contexto, el desafío, según Rodríguez, es que Costa Rica fortalezca su capacidad de recaudación sin debilitar aún más su sistema tributario. “Esto implica avanzar en la lucha contra la evasión, revisar las exoneraciones, ampliar la base impositiva y, eventualmente, discutir ajustes en ciertas cargas fiscales”, dice.
La dinámica del gasto público
Paralelamente, el gasto del Gobierno Central también muestra una caída, pasando de un 18,41% del PIB en 2022 a un 17,83% a diciembre de 2025.
El gasto en intereses experimentó una reducción; sin embargo, esto es resultado principalmente del efecto positivo de la apreciación del colón (caída en el tipo de cambio) y, en menor medida, de la disminución de las tasas de interés promedio que se pagan por la deuda pública, precisó la economista Roxana Morales, de la UNA.
Al desglosar las partidas, se observan los siguientes comportamientos al cierre de 2025:
- Remuneraciones: disminuyeron con respecto al PIB, alcanzando un 5,54%, cifra inferior al 5,67% del 2024 y al 5,72% del 2022.
- Transferencias al sector público: mostraron una reducción. Estas comprenden la movilización de recursos desde el Gobierno Central hacia entidades autónomas y semiautónomas, incluyendo los fondos para el financiamiento del gasto social.
- Transferencias al sector privado: mantienen una tendencia descendente sostenida. En 2025 alcanzaron un 1,97% del PIB (inferior al 2,05% de 2024 y lejos del 2,43% de 2021). Reflejan principalmente el gasto en pensiones con cargo al presupuesto nacional, cuyo monto se ha reducido gradualmente tras las reformas legales aprobadas en administraciones anteriores.
- Gasto de capital: mostró un repunte, llegando a su mayor nivel en los últimos cinco años. Finalizó el 2025 representando un 1,50% del PIB (frente al 1,42% en 2024). Esta mejora responde a un aumento en las transferencias de capital con recursos externos, obtenidas mediante créditos internacionales para ejecutar obra pública.
Baja en el déficit no es sinónimo de estabilidad
Daniel Ortiz Álvarez, economista de Consejeros Económicos y Financieros S.A. (Cefsa), manifestó que las finanzas públicas están mostrando un deterioro estructural.
“El superávit se ha ido reduciendo, el déficit fiscal se ha estacionado alrededor del 3,5% del PIB, y la deuda el año pasado ya dejó de descender; más bien aumentó, y esto se convirtió en una de las principales preocupaciones del Fondo Monetario Internacional”, advirtió Ortiz.
El déficit del Gobierno Central se redujo a un 3,41% del PIB en el 2025, frente al 3,72% registrado en el 2024.
Según los especialistas de la UNA, esta reducción se explica en buena medida por la notable disminución del gasto en intereses (reflejo de menores tasas domésticas y el impacto favorable del tipo de cambio sobre la deuda externa), lo cual compensó parte de la caída en la recaudación de impuestos.
¿Cómo se percibe la situación desde afuera?
“Me parece que las calificadoras de riesgo todavía nos ven con buenos ojos. Fitch mejoró su perspectiva a positiva, Moody’s subió la nota a Ba2 —que está a solo dos escalones del grado de inversión— y el índice de mercados cerró en 141 puntos, muy por debajo del promedio. Es decir, se reconoce que Costa Rica sigue siendo un buen mercado para invertir”, analizó Víctor Umaña, economista del INCAE.
No obstante, lanzó una advertencia clara: “si se pierde la disciplina fiscal o hay parálisis política para hacer las mejoras necesarias, podríamos ir perdiendo esas calificaciones”. Además, recomendó mantener la regla fiscal sin excepciones y aprobar pronto nuevas emisiones de eurobonos de manera que se puedan evitar presiones cambiarias.
“Me parece que el Gobierno entrante va a recibir unas finanzas públicas mejores que hace tres años, pero con un margen de maniobra mucho menor que el que se tenía en 2022”, concluyó Umaña.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sido tajante al recomendar una reforma tributaria profunda. El organismo señaló que los cambios recientes en las políticas han erosionado la base impositiva, dejando al Gobierno con un margen reducido justo cuando la deuda pública ha traspasado el umbral crítico del 60% del PIB (lo que activa las mayores restricciones presupuestarias estipuladas en la regla fiscal).
Las cuatro propuestas principales del FMI son:
- Impuestos más progresivos a personas: elevar la progresividad del impuesto sobre la renta física, ajustando las cargas a la verdadera capacidad económica de los contribuyentes.
- Eliminación de exoneraciones: reducir el “gasto tributario”, eliminando las múltiples exenciones e incentivos que impiden al Estado percibir ingresos correspondientes.
- Impuestos ambientales o feebates: implementar un mecanismo basado en las emisiones de los vehículos para generar ingresos vinculados a metas de sostenibilidad.
- Reorientación del gasto: los nuevos ingresos no deben destinarse solo a pagar deuda, sino a rubros que impacten el bienestar social y la competitividad (inversión de capital, educación, seguridad y salud).
Finalmente, el economista Rodrigo Cubero, expresidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), subrayó que el próximo Gobierno tendrá que seguir cumpliendo con la regla fiscal y entrará en un tramo sumamente restrictivo, dado que la razón deuda-PIB excedió el 60%. Sobrepasar este umbral significa que el crecimiento del gasto público será limitado para la próxima administración (a partir del 2027), reduciendo el margen para generar políticas públicas.
“Eso va a provocar que se mantenga una disciplina más fuerte en el gasto, pero para reactivar la recaudación vamos a necesitar impulsar, primero, medidas coyunturales para reactivar el régimen definitivo, que es el que aporta a la recaudación. Para eso, necesitamos que el Banco Central mueva la tasa de política monetaria en consonancia y coherencia con el cumplimiento de su meta de inflación”, dijo Cubero.
En definitiva, la evaporación del superávit primario confirma que el país enfrenta un problema estructural de ingresos que va más allá del control del gasto.
Para el próximo Gobierno, el margen de maniobra será navegar entre la estricta disciplina que impone la regla fiscal y valorar reformas tributarias profundas, como las que sugiere el FMI, con el costo político que probablemente traerán.
