Costa Rica avanza decididamente hacia la carbononeutralidad, pero este objetivo ambiental trae consigo una pesada factura económica que preocupa al Ministerio de Hacienda.
De acuerdo con el más reciente Marco Fiscal de Mediano Plazo, que comprende el periodo 2026‑2031, la transición hacia una matriz energética más limpia en el sector transporte lastimará los ingresos tributarios y presionará al alza el endeudamiento público en el mediano plazo.
La Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomove) reveló que, solo en abril de 2026, se registraron 1.064 nuevos vehículos eléctricos en el país. De ese total, 1.007 corresponden a automóviles, nueve a motocicletas, 17 a “vehículos especiales” y 31 a los de trabajo.
El dilema macroeconómico de este fenómeno carbononeutral es simple, pero con implicaciones de peso: para consolidar una economía baja en carbono, el país debe transformar sectores clave, adoptar tecnologías más limpias y reducir el consumo de hidrocarburos. Sin embargo, al incentivar la compra de vehículos eléctricos mediante la reducción o el perdón de tributos, el Estado sacrifica ingresos críticos para sostener sus operaciones.
Ahora bien, Hacienda cuantificó este impacto a través de un escenario alternativo en su planeación macroeconómica, incluido en el mismo informe.
La simulación arranca en 2027 y proyecta los efectos de la transición climática hasta 2031, periodo en el que se revela un panorama retador para la recaudación del Gobierno Central, donde “se deterioraría el balance primario y financiero”.
A continuación, se lo explicamos.
Efecto dominó
Según estas estimaciones, la pérdida recaudatoria promedio anual ascendería a 0,09% del Producto Interno Bruto (PIB), con un golpe particularmente fuerte sobre el impuesto único a los combustibles y sobre la recaudación asociada a las exoneraciones de los vehículos “cero emisiones”.
A esto se suma un impacto negativo en el Impuesto Único a los Combustibles, el Impuesto a la Propiedad de Vehículos (el marchamo), los derechos arancelarios de importación, el Impuesto Selectivo de Consumo y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo cual desencadenaría un choque transversal sobre varias fuentes de ingreso.
En la administración de las finanzas públicas, un faltante de ingresos sin un ajuste equivalente del gasto genera un efecto dominó inmediato, y así lo recoge el propio marco fiscal.
Por ejemplo, para el año 2028, la pérdida total estimada por el Impuesto Único a los Combustibles es del -0,07% del PIB.
El informe detalla que la pérdida recaudatoria deterioraría directamente los balances del país: el primario (la diferencia entre ingresos y gastos sin incluir intereses) se vería afectado en 0,09 puntos porcentuales del PIB al año, mientras que el financiero, que incorpora el pago de intereses y refleja el déficit total, se deterioraría en 0,25 puntos porcentuales del PIB cada año.
Para dimensionar el monto de estos porcentajes, calculemos el peso económico de esos deterioros en un escenario basado en el dato del primer trimestre de 2026, según el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
De acuerdo con la entidad, en ese periodo el PIB fue de ¢13,37 billones. Esto significa que, si aplicamos dichos porcentajes directamente a la producción de esos tres meses, el impacto trimestral en el balance primario sería de aproximadamente ¢12.033 millones.
Por su parte, el deterioro en el balance financiero, que ya incluye el peso de los intereses, ascendería a unos ¢33.425 millones solo para ese periodo.
En la práctica, esto implica que, al no percibir ese 0,09% del PIB en impuestos, el Gobierno se verá obligado a suplir el faltante recurriendo a más endeudamiento para mantener su nivel de gasto, especialmente en un contexto donde los intereses ya absorben una parte significativa de los recursos públicos.
El impacto final se refleja en la trayectoria de la deuda pública; Hacienda señala que estos resultados generarían una desviación al alza de la relación deuda-PIB, equivalente a casi 0,3 puntos porcentuales, en promedio, por año durante el quinquenio analizado.
En otras palabras, la factura fiscal de la descarbonización se expresaría en una mayor razón de deuda sobre PIB, que se acumula progresivamente conforme avanzan los años de implementación de la transición.
Lejos de ser un efecto marginal, este incremento se suma a otras presiones estructurales sobre las finanzas públicas, lo que obliga a replantear la forma en que se diseñan los incentivos tributarios y las exoneraciones asociadas a los objetivos ambientales.
El documento concluye que cuantificar estos costos de transición es fundamental para orientar el diseño de la política pública.
Si bien la migración hacia una matriz energética más limpia es una apuesta que, a mediano y largo plazo, puede reforzar la resiliencia económica, las autoridades deberán articular estrategias fiscales capaces de absorber el impacto sin comprometer la sostenibilidad de la deuda.
De lo contrario, la factura “verde” terminará por pagarse con un mayor nivel de endeudamiento estructural, un desplazamiento del problema ambiental hacia el terreno fiscal y la limitación del espacio de maniobra del Estado para enfrentar futuras crisis.
