La Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa aprobó por mayoría un informe en el que recomienda a la Presidencia de la República la destitución de Róger Madrigal como presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Según indican las recomendaciones del informe, la permanencia de Madrigal en su puesto “comprometería irremediablemente la integridad y la credibilidad del Banco Central”.
El informe se originó tras la investigación legislativa alrededor de la solicitud de datos crediticios con número de identificación (cédula) de todos los deudores del sistema financiero que le hizo el Banco Central a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), así como a los cuatro bancos más grandes del país: Banco Nacional, Banco de Costa Rica (BCR), BAC y Banco Popular.
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El informe fue votado a favor por los congresistas Dinorah Barquero, Francisco Nicolás, Carolina Delgado (los tres del Partido Liberación Nacional), Vanessa Castro (Unidad Social Cristiana), Kattia Cambronero (Liberal Progresista) y Fabricio Alvarado (Nueva República). En contra votaron los oficialistas Ada Acuña y Daniel Vargas, así como la diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén.
El informe también señala que Hazel Valverde, gerenta del Banco Central, actuó de forma “temeraria” al denunciar penalmente a Rocío Aguilar, jerarca de la Sugef, y a Bernardo Alfaro, exgerente general del Banco Nacional, por negarse a compartir la información sin anonimizar de los deudores.
“Esta acción no solo denota una falta de prudencia y preocupación, sino que también revela un enfoque autoritario y desmesurado por parte de la administración del BCCR”, dice el informe.
Los diputados le reclaman a Valverde no haber esperado el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República (PGR) antes de presentar la denuncia ante el Ministerio Púbico por desobediencia contra la superintendenta.
Dicha consulta fue enviada por Aguilar ante el PGR para conocer si ella estaba autorizada a compartir la información crediticia sin anonimizar o si al hacerlo estaría infringiendo el derecho a la confidencialidad de los deudores.
En el informe también concluyeron que la solicitud de datos crediticios con número de identificación hecha por el Central representaba una violación a que se conoce como ley de protección de datos (Ley Nº 8968) ya que, en opinión de los congresistas, la información solicitada está protegida por ser considerada como “sensible” al supuestamente revelar la condición socioeconómica de los deudores.
Según dicha ley, los datos sensibles no pueden ser compartidos sin el consentimiento de los titulares, en este caso los clientes del sistema financiero.
El BCCR ha dicho en reiteradas ocasiones que solicitó la información crediticia con el fin de crear un indicador sobre el riesgo hidrológico (exceso o falta de lluvia) al que estaba expuesto el sistema financiero. También justificó que necesitaba los datos con número de identificación para cruzar la información con otras bases de datos que poseen de la Caja Costarricense del Seguro Social y del Ministerio de Hacienda.
Actualmente la Sala IV se encuentra en proceso de resolver una acción de inconstitucionalidad presentada por la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) en contra de la solicitud de datos del BCCR.
Además de Sugef, el Banco Central le solicitó directamente información con alto detalle sobre cada uno de los deudores de los cuatro bancos más grandes del país. El BAC, el Popular y el BCR le transfirieron esa información en su totalidad al BCCR, solo el Banco Nacional se negó.
Desde el 2016 y 2018, todos los intermediarios financieros, incluidos los 14 bancos del país, le comparten datos sin anonimizar sobre tasas de interés de todos los depositantes y deudores, respectivamente, del sistema financiero. En setiembre de 2023, algunos bancos dejaron de compartir esa información con el número de cédula después de que explotara la polémica alrededor de las solicitudes del BCCR a la Sugef.
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Por medio de un comunicado de prensa emitido la noche de este 18 de abril, el BCCR mencionó que las solicitudes de información se hicieron apegadas al ordenamiento jurídico existente, contrario a lo expresado en el informe legislativo.
El Central interpreta que su ley orgánica, la ley de protección de datos y la Ley del Sistema Estadístico Nacional le permiten solicitar la información crediticia sin anonimizar y sin el permiso expreso de los titulares de dichos datos. También mencionaron que un banco central necesita de información especializada y detallada para poder cumplir con sus mandatos.
En el comunicado el BCCR agregó que los datos que utiliza para construir sus estadísticas están protegidos por el principio de confidencialidad.
