EscucharEl hecho de que la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) no baje del 60% hace que el Gobierno deba cumplir con la regla fiscal y, según las proyecciones del Ministerio de Hacienda, esto se mantendría así hasta el 2031 si no se toman medidas, lo que encadena a las finanzas públicas en una especie de trampa de la que cuesta salir.
Por un lado, existe un freno en los salarios y las inversiones del Estado y, por el otro, hay factores que están provocando que las finanzas públicas se deterioren.
Entre ellos sobresale el hecho de que la economía no está creciendo lo suficiente como para que aumenten los ingresos.
Además, los intereses por la deuda siguen siendo elevados debido a que las tasas de interés internas se mantienen relativamente altas.
Otro factor que incide es la inflación, ya que cuando los precios están bajos, los ingresos nominales de empresas y trabajadores crecen más lentamente y esto afecta la recaudación de tributos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el impuesto sobre la renta y otros gravámenes ligados al valor de las transacciones.
¿Cuál es la situación actual?
A agosto de 2026, la deuda del Gobierno Central ascendió a ¢32,44 billones, equivalente a $72.049 millones. La razón deuda a PIB se situó preliminarmente en 61,1% a agosto.
Esto representó un crecimiento nominal de 3,6% en comparación con lo registrado al cierre de 2025.
La deuda interna corresponde al 47,7% del PIB, mientras que la deuda externa representa el 13,4% del PIB.
A futuro, la situación cambiaría muy poco si no se toman medidas.
Así lo anunció en marzo el Ministerio de Hacienda, en su informe de Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026-2031, cuando proyectó que al 2031 la deuda llegaría al 67,2% del PIB y que, en los otros años, se mantendría por encima del 60%, encadenando al país a la regla fiscal.
Este mecanismo de contención del gasto se aprobó en diciembre de 2018 mediante la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (N.° 9635) y limita el crecimiento de partidas como salarios e inversión. Además, busca ordenar las finanzas públicas y contener el crecimiento de la deuda.
Pese a que la deuda ha venido creciendo, es necesario resaltar que el riesgo relativo es menor en comparación con sus pares regionales y el promedio global.
A agosto, el EMBI —Emerging Markets Bond Index (Índice de Bonos de Mercados Emergentes)— de Costa Rica se ubicó en 127 puntos básicos (p.b.), marcando una diferencia de 143 p.b. respecto al EMBI Latam (270 p.b.) y de 90 p.b. en comparación con el EMBI Global (217 p.b.).
¿Por qué la deuda no baja si se hizo una contención del gasto?
Lo primero que hay que explicar es que, si no se hubiera aplicado la regla fiscal, la situación actual estaría peor, aseguró Edna Camacho, exviceministra de Hacienda.
“La cirugía fue exitosa, pero el tratamiento aún no termina. Mantener el gasto público bajo control contribuye a contener el crecimiento de la deuda”, aseguró.
Sin embargo, el país enfrenta actualmente un problema de desaceleración de los ingresos.
“Esto, a su vez, obedece a los siguientes factores: primero, la apreciación cambiaria y después la deflación, lo cual afecta la recaudación del IVA y del impuesto sobre la renta”, aseguró.
Los ingresos totales a agosto reflejan una caída de 0,3%, al llegar a ¢4.873.590 millones. Esto representó una disminución acumulada neta de ¢15.576 millones en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se situaron en ¢4.889.166 millones.
En cuanto a los ingresos por impuestos, también se muestra una caída de 0,8% en comparación con el mismo período de 2025, al pasar de ¢4.289.987 millones (8,1% del PIB). Esta disminución representó una diferencia neta negativa de ¢33.764 millones.
El principal golpe a la recaudación en el 2026 provino del Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuyos ingresos disminuyeron ¢50.878 millones a agosto, equivalente a una caída interanual de 3,1%.
El segundo impuesto con mayor incidencia negativa fue el relacionado con la propiedad, cuyos ingresos disminuyeron ¢21.891 millones, para una caída de 20,7% respecto al mismo periodo de 2025.
Por último, en el impuesto selectivo de consumo, la recaudación se redujo en ¢13.162 millones, equivalente a una contracción de 6,8%.
El punto central es que el problema de las finanzas públicas no está únicamente en cuánto gasta el Gobierno, sino también en cuánto logra recaudar. Y es precisamente en este frente donde empiezan a aparecer señales que aumentan la presión.
Rodrigo Cubero, expresidente del Banco Central, aclaró que lo que está afectando la razón deuda-PIB no es el aumento en el gasto, sino la caída en la recaudación, que está haciendo que el déficit fiscal se ensanche y se disminuya el superávit primario.
“Esto hace que los costarricenses terminemos enfrentando un ambiente de mayores tasas de interés, porque se encarece el crédito, y además se incrementa la incertidumbre sobre el rumbo fiscal y eso en sí mismo, junto con el aumento en las tasas de interés, contribuye a reducir la inversión y consecuentemente a afectar negativamente el crecimiento económico”, dijo.
Entre los dos factores que están afectando la recaudación, el economista citó la apreciación del tipo de cambio y la inflación. Pidió al Banco Central alinear su política monetaria con una dirección expansiva que ayudaría no solo a estimular el crecimiento económico, sino también a recaudar más y desahogar el mercado cambiario para que el tipo de cambio suba un poco.
Intereses altos
El pago de intereses de la deuda a agosto de 2026 ascendió a ¢1.635.917 millones, equivalente a 3,1% del PIB.
Este rubro presentó un aumento interanual de 4,8% en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se ubicó en ¢1.561.027 millones (3,0% del PIB).
La variación representó un incremento de ¢74.890 millones, que según aseguró el Ministerio de Hacienda en un comunicado de prensa, fue principalmente por mayores pagos en deuda interna, la cual creció 8,2%. Este efecto se contrarrestó parcialmente por una reducción en los pagos de deuda externa de 11,2%.
Aquí aparece otra de las piezas que explican por qué la contención del gasto, por sí sola, no consigue reducir con mayor rapidez el peso de la deuda: una parte importante de los recursos públicos continúa destinándose al pago de intereses.
Para el economista de la UNA, Fernando Rodríguez, los intereses que pagamos por la deuda siguen siendo altos y, además, estamos en un entorno de deflación que hace que los ingresos de empresas y trabajadores crezcan más lentamente y, con ello, también se limite el crecimiento de la recaudación tributaria.
“Lo cual hace que aunque el Gobierno contenga el gasto, la deuda sigue siendo pesada porque los ingresos no crecen con suficiente fuerza y el costo de financiarla continúa siendo elevado”, destacó.
El economista Daniel Ortiz considera que la deuda de Costa Rica es cara y se debe revisar si el hecho de financiar en el extranjero es una buena idea, sobre todo en momentos en los que los intereses a nivel internacional se mantienen altos, con incrementos en las tasas de referencia en Estados Unidos, Japón y la Unión Europea.
Contención en el gasto público
A agosto de 2026, el gasto del Gobierno Central evidenció una clara dinámica de contención estructural.
En este período, alcanzó ¢6.074.256 millones, lo que reflejó un aumento interanual de 2,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se situó en ¢5.905.176 millones.
Sin embargo, en términos del PIB, el gasto representó 11,4%, el mismo monto de 2025.
Esto refleja que las erogaciones estatales crecen a un ritmo que no supera la expansión de la producción nacional.
La anatomía de esta austeridad revela un contraste importante en la asignación de los recursos.
El principal factor de contención ha sido la caída neta acumulada en las transferencias corrientes, que se redujeron en ¢57.396 millones (0,1% del PIB) respecto a 2025. Esta contracción se explica, en un 89,9%, por un fuerte recorte de ¢51.622 millones en las transferencias dirigidas al mismo sector público.
No obstante, las presiones y rigideces presupuestarias persisten.
Mientras las transferencias caen, la partida de remuneraciones registró un incremento neto de ¢61.320 millones (0,1% del PIB). De los ¢1.900.291 millones destinados a este rubro, la gran mayoría (82,3%) financia sueldos y salarios, dejando el 17,7% restante para el pago de cargas sociales.
Esta reconfiguración del presupuesto, donde el ahorro se logra recortando transferencias, tiene un alto costo de oportunidad.
Karol Fernández Murillo, economista de Mercado de Valores, advierte que esta política de contracción se ha sostenido sobre recortes profundos en áreas como educación, seguridad y programas sociales, precisamente en un contexto donde la ciudadanía demanda y espera una mayor respuesta estatal.
“Sin embargo, el reto es grande para la actual administración, ya que la deuda pública se mantiene en niveles elevados, se reduce el espacio disponible para financiar infraestructura, educación, seguridad u otras inversiones que contribuyen al crecimiento económico”, destacó.
De igual manera piensa Adriana Rodríguez, economista, quien aseguró que la pérdida de margen de maniobra en las finanzas públicas no obedece a un crecimiento desmedido o irresponsable del gasto público.
“De hecho, aunque se registra un aumento en la partida de remuneraciones, este incremento se encuentra amortiguado por una disminución en las transferencias, manteniendo las erogaciones corrientes bajo control.
“La mayor presión para las finanzas públicas radica en la contracción de los ingresos, los cuales evidencian un claro desacople: aunque la economía crece, la recaudación tributaria no aumenta y, de hecho, reporta caídas en el acumulado del año. Esta disminución se explica por múltiples factores, como el impacto del tipo de cambio, elementos de la base tributaria y temas aduaneros, los cuales están comprometiendo los grados de libertad del Estado”, destacó.
Regla fiscal debe revisarse
Fernando Rodríguez, economista de la Universidad Nacional, aseguró que la regla fiscal debe revisarse.
“De no cambiarse este instrumento, nunca vamos a poder subir el gasto en educación; es muy difícil aumentar la inversión y gastar más en seguridad. Esta herramienta dejó de ser un instrumento de control de gasto para convertirse en uno de asfixia de la política pública”, advirtió.
El especialista agregó que esta normativa está limitando la capacidad de crecimiento de los salarios, lo cual, eventualmente, podría impactar el consumo.
Esto terminaría afectando las propias finanzas públicas, ya que por esa vía se recaudaría menos impuesto sobre la renta.
Además, señaló que la situación golpea los ingresos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), dado que la mitad de los empleados públicos cotiza para este régimen.
En una línea similar se pronunció la economista Edna Camacho, quien coincidió en que la regla podría revisarse en el mediano plazo.
Asimismo, planteó otras acciones complementarias que ayudarían a disminuir la deuda pública; entre ellas: fortalecer la fiscalización tributaria —incluyendo mecanismos asociados a pagos electrónicos como el Sinpe—, revisar algunas exoneraciones del impuesto sobre la renta, priorizar el gasto público y avanzar en reformas institucionales que permitan mejorar la eficiencia del Estado.
Una deuda que no se resuelve solo recortando gasto
La fotografía fiscal que dejan los datos muestra una paradoja: Costa Rica ha contenido el crecimiento del gasto, pero eso no ha sido suficiente para sacar la deuda de la zona que mantiene activa la regla fiscal.
El problema se vuelve más complejo porque, al mismo tiempo que se limita el crecimiento de determinadas partidas, los ingresos tributarios pierden dinamismo, los intereses de la deuda continúan creciendo y el entorno de bajas tasas de inflación limita el crecimiento nominal de las bases sobre las cuales se recaudan impuestos.
A esto se suma que las tasas de interés elevadas encarecen el financiamiento y que, como señalaron los economistas consultados, pueden afectar la inversión y el crecimiento económico.
Es importante asegurar que la situación actual de la deuda es un problema que ya no se puede resolver únicamente por el Ministerio de Hacienda, sino que, como dijeron algunos economistas, requiere alinear la política monetaria del Banco Central para aliviar el tipo de cambio y las tasas de interés.
Sin un esfuerzo conjunto para reactivar la economía, el país seguirá pagando el altísimo costo por una austeridad que asfixia, pero no cura.
