EscucharEl panorama de las finanzas públicas costarricenses enfrenta un nuevo punto de inflexión. Según los datos oficiales publicados por el Ministerio de Hacienda este mes de febrero de 2026, la relación deuda/PIB del Gobierno Central cerró el año 2025 en un 60,4%, superando el crítico umbral del 60% que define el rigor de la política de gasto en el país.
Este incremento, que representa un salto desde el 58,9% registrado al cierre de 2024, marca el regreso de Costa Rica al tramo más restrictivo de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley N.° 9635). A pesar de que durante gran parte de 2025 el indicador se mantuvo por debajo del límite, el repunte en el último bimestre del año —alcanzando 60,2% en noviembre y 60,4% en diciembre— activa automáticamente un “freno” legal a la economía pública.
El retorno al escenario de mayor austeridad
El cruce de la barrera del 60% no es un dato meramente estadístico; conlleva implicaciones legales directas sobre el presupuesto nacional. De acuerdo con la regla fiscal, al superarse este porcentaje se activa el escenario de mayor restricción, cuyas consecuencias principales incluyen:
- Tope estricto al gasto público: Se impone un límite severo al crecimiento del gasto corriente. El gasto de capital (inversión en infraestructura y proyectos) también sufre restricciones, limitando la capacidad del Estado para dinamizar la obra pública.
- Congelamiento salarial: La ley prohíbe aplicar ajustes por costo de vida al salario base de los funcionarios públicos, así como a sus incentivos salariales.
- Impacto en pensiones: Los beneficios jubilatorios no podrán recibir ajustes adicionales más allá del estrictamente relacionado con el costo de vida, y se restringen los pagos retroactivos.
- Limitación de endeudamiento: El Gobierno Central queda inhabilitado para contratar nuevos créditos, salvo que estos se utilicen para refinanciar deuda existente (mejorar el perfil de intereses) o para financiar gasto de capital.
Radiografía de las cifras al cierre de 2025
El informe de Hacienda detalla que la deuda total del Gobierno Central ascendió a ₡31,3 billones. Este aumento de 1,5 puntos porcentuales en la relación deuda/PIB se da en un contexto de claroscuros fiscales.
Si bien el país logró reducir su déficit financiero al 3,4% del PIB (menor al 3,7% de 2024) y mantuvo un superávit primario del 0,9%, el volumen acumulado de la deuda fue suficiente para rebasar el límite legal.
Consecuencias para el presupuesto de 2027
La activación de estas medidas restrictivas tendrá su impacto más tangible en la formulación del presupuesto para el ejercicio económico de 2027. Las autoridades se verán obligadas a diseñar las cuentas públicas bajo un marco de austeridad obligatoria, con un margen de maniobra casi nulo para la expansión de programas sociales o aumentos en la inversión estatal.
Este escenario plantea un reto de gobernabilidad y gestión económica, ya que el cumplimiento de la regla fiscal busca, como objetivo último, contener el riesgo de sobreendeudamiento y garantizar la sostenibilidad financiera del Estado a largo plazo, aun a costa de un enfriamiento en el gasto público inmediato.
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Este artículo fue publicado por un editor de El Financiero asistido por un sistema de inteligencia artificial.
