EscucharEl sistema financiero ha cambiado de forma significativa, pero buena parte de la discusión sigue anclada en diagnósticos de hace diez años, más enfocados en lo que el sistema fue que en lo que realmente es hoy.
En este artículo queremos presentar un breve resumen de un estudio que desarrollamos y presentamos recientemente en conjunto con la Academia de Centroamérica.
Durante años, cuando se hablaba del sistema financiero costarricense, la pregunta recurrente era si el sistema era estable. Esa discusión está prácticamente saldada. Costa Rica cuenta con un sistema financiero sólido, bien capitalizado y con una alta capacidad para absorber choques relevantes. La pandemia, los cambios regulatorios y los episodios de volatilidad internacional no derivaron en crisis sistémicas, confirmando entonces esa fortaleza.
La pregunta relevante hoy es otra: ¿Está el sistema financiero cumpliendo el rol que la economía costarricense necesita para crecer y desarrollarse en la próxima década? Ese es el punto de partida de nuestro estudio: El sistema de intermediación financiera costarricense: evolución, desafíos y perspectivas 2014–2024.
No solo el sistema financiero cambió, sino también la estructura de la economía. Dado lo anterior, este sistema actualmente no se parece al del pasado. De hecho, los cambios observados en la última década han sido más acelerados que los registrados en los veinte años previos. Hay menos intermediarios, menos sucursales físicas, una digitalización mucho más profunda y una regulación significativamente más amplia y exigente. Al mismo tiempo, el crecimiento de los activos y del crédito se ha desacelerado, marcando un quiebre con la dinámica del pasado.
Si bien el sistema financiero se fortaleció para resistir riesgos, perdió dinamismo. Costa Rica ha sido el único país de Centroamérica cuya relación crédito/PIB se ha reducido en cerca de ocho puntos porcentuales desde la pandemia. Esto no es un dato menor, es una señal clara de que el crédito no está acompañando el crecimiento de la producción, limitando la expansión de la economía doméstica. Preocupa además su valor actual de 52%, ya que en varios países de alto ingreso de la OCDE esta razón supera el 100%.
Parte de la explicación no se encuentra en los intermediarios financieros, sino en los cambios de fondo en la estructura productiva. El mayor peso de las zonas francas (que demandan poco financiamiento local) junto con el bajo dinamismo de la economía doméstica, ha reducido la profundidad financiera del sistema. A esto se suma una menor creación de empleo, ingresos rezagados y una capacidad limitada de los hogares para asumir mayores niveles de endeudamiento, factores que en conjunto han contenido la demanda de crédito.
En este contexto, también se ha acumulado una factura importante con las empresas. Durante años, los intermediarios financieros voltearon su mirada al crecimiento en el crédito a los hogares, es decir consumo y vivienda. Si bien estos sostuvieron buena parte de la expansión del sistema, hoy ese modelo muestra señales evidentes de agotamiento.
Al mismo tiempo, el crédito dirigido a los sectores comercial, manufacturero, agrícola y de la construcción ha mostrado una reducción significativa en términos relativos. A ello se suma un marco regulatorio que se ha vuelto considerablemente más complejo para el crédito empresarial que para el crédito a personas, lo que ha introducido un importante sesgo a favor del financiamiento a los hogares. El resultado es una menor atención al crédito productivo, precisamente aquel que resulta clave para la generación de empleo, el aumento del bienestar económico así como el crecimiento de los ingresos fiscales.
Es importante tener claro que la alta concentración del crédito en consumo y vivienda deja cada vez menos espacio a los intermediarios financieros para crecer sin asumir mayores riesgos. Con la situación de los ingresos familiares, los cambios demográficos (baja natalidad y rápido envejecimiento poblacional), la salida de personas de la fuerza laboral y la débil creación de empleo formal, estos segmentos son cada vez más frágiles. No es una señal de crisis, pero sí una advertencia clara.
La factura de la regulación
La regulación ha sido clave para la estabilidad del sistema. Pero también ha elevado costos y presionado los modelos de negocio.
Costa Rica ha sido más agresiva que muchos otros países en materia regulatoria. El debate, sin embargo, ya no es entre “más o menos regulación”, sino entre regulación mejor diseñada y regulación mal calibrada, una que resguarde la estabilidad financiera sin limitar innecesariamente la capacidad de financiar a la economía doméstica.
Conviene recordar, además, que la intermediación financiera conlleva riesgos inherentes por su propia naturaleza. Pretender que esos riesgos se acerquen a cero implicaría, en la práctica, paralizar la actividad. El objetivo no es eliminar el riesgo, sino administrarlo de forma adecuada al momento de canalizar los recursos.
Al comparar algunos indicadores de Costa Rica con otros países de la región y la OCDE, se observa que el país destaca por requerimientos de capital más elevados y estimaciones para créditos en atraso (mora) considerablemente más altas. Para ilustrarlo, por cada ¢100 de operaciones que podrían deteriorarse, el sistema mantiene cerca de ¢190 en provisiones, mientras que el promedio en países de la OCDE ronda los ¢70.
A esto se suma una preferencia por mantener una morosidad mayor a 90 días cercana al 2%, cuando en otros países se observa entre el 3% y 4%. Si bien la baja morosidad refuerza la percepción de solidez, también incrementa los costos y presiona la rentabilidad del sistema.
Este enfoque fortalece los colchones para absorber choques, pero genera un exceso de cautela que termina trasladando costos adicionales al sistema financiero, presionando la rentabilidad, encareciendo el crédito y limitando su capacidad para acompañar el crecimiento de la economía real.
Los cambios en el entorno macroeconómico, la regulación más exigente y las diversas distorsiones legales (como las cargas parafiscales que pesan más en bancos públicos, el peaje bancario para la banca privada o un encaje mínimo legal elevado), han tenido un impacto directo presionando hacia la baja la rentabilidad del sistema financiero. También han introducido desafíos en materia de eficiencia operativa.
Si se excluyen los dos intermediarios financieros con utilidades más altas, la rentabilidad del sistema es aún más baja, cercana al 3%. En un negocio que depende del volumen y de retornos sostenibles, este elemento se vuelve clave para entender por qué el sistema ha avanzado hacia una mayor consolidación y por qué hay cada vez menos intermediarios operando.
Otro de los hallazgos centrales del estudio es que Costa Rica no enfrenta un problema de falta de competencia como ha argumentado el BCCR. Si bien existe concentración de activos, los consumidores cuentan con múltiples alternativas. De hecho, indicadores del Fondo Monetario Internacional muestran que los costarricenses disponen de más opciones para comparar precios y servicios financieros que los ciudadanos de muchos otros países, lo que sugiere que el desafío del sistema no radica en la falta de competencia, sino en las condiciones estructurales bajo las cuales opera.
El sistema de pagos ha experimentado una transición profunda en pocos años. Costa Rica pasó de un esquema dominado por pagos mediante cheques y largas filas en las cajas, a una etapa de consolidación del crédito directo, y finalmente a un entorno donde los pagos inmediatos se han convertido en el estándar. Hoy, la inmediatez y la accesibilidad 24/7 no son opcionales, sino una exigencia básica del usuario.
Los servicios financieros deben estar disponibles en todo momento, ser simples de usar y operar sin fricciones. Al mismo tiempo, se consolidó la confianza digital: mover recursos desde el celular es hoy lo habitual, con la certeza de que el dinero estará disponible en línea de forma inmediata. Monederos digitales, fintech y nuevos canales de pago están redefiniendo la relación de las personas con el sistema financiero y elevando el estándar al que deben responder los intermediarios tradicionales.
La próxima década será más exigente
El entorno que enfrenta el sistema combina envejecimiento poblacional, menor crecimiento del mercado interno, cambios profundos en los patrones de ahorro y crédito y una presión creciente sobre la rentabilidad. Adaptarse no es una opción, sino una condición para seguir siendo relevante sin convertirse en un obstáculo para el desarrollo económico. El proceso ya está en marcha: en los últimos 30 años, la cantidad de intermediarios financieros se redujo en un 55%.
En este contexto, la discusión sobre el futuro del sistema financiero debe desplazarse hacia factores estructurales que están definiendo su viabilidad. La consolidación deja de ser una decisión discrecional y pasa a ser una consecuencia natural en un entorno donde la escala es cada vez más determinante, en medio de presiones persistentes sobre la rentabilidad del activo y del patrimonio.
Paralelamente, la inteligencia artificial comienza a permear el negocio financiero tanto desde el servicio al cliente como a la auditoría, la gestión de riesgos y el cumplimiento. También en los procesos de supervisión, redefiniendo los estándares de eficiencia, control y competencia. A ello se suma el avance del fraude digital, cuya tendencia al alza implicará mayores costos para los intermediarios y exigirá inversiones crecientes en prevención y ciberseguridad.
Los desafíos, además, ya no se limitan al balance tradicional. Los criptoactivos y las fintech introducen nuevos participantes con ventajas en regulación, costos, velocidad e innovación, pero también riesgos que deben ser gestionados con cuidado. Asimismo, resulta imprescindible repensar la gestión de la liquidez en un entorno de pagos inmediatos y confianza digital, donde las corridas bancarias pueden materializarse con mayor rapidez y dejar un margen de reacción mucho más reducido, como evidenció el caso de Silicon Valley Bank.
La ausencia de un protocolo coordinado para enfrentar una crisis de liquidez o corrida bancaria que afecte a parte o a todo el sistema financiero es un elemento de preocupación. Aunque cada entidad cuenta con su propio plan interno, no existe un esquema integral que articule de manera clara la actuación conjunta del BCCR, Sugef y las entidades financieras. Esta falta de coordinación formal limita la capacidad de respuesta ante episodios de estrés y reduce la efectividad de los mecanismos de liquidez disponibles.
Una visión a 10.000 pies de altura obliga a incorporar tendencias de largo plazo como la demografía, preferencias del consumidor y un crecimiento económico con menor capacidad de generación de empleo para anticipar cómo se configurará el sistema financiero en la próxima década y qué decisiones deben tomarse hoy para sostener su relevancia.
