El Ministerio de Hacienda identificó cientos de miles de casos con posibles incumplimientos en el impuesto sobre los ingresos y las utilidades, pero las actuaciones de control extensivo sobre los riesgos examinados por la Contraloría General de la República (CGR) cayeron de 1.767 en 2023 a únicamente dos en 2025.
La auditoría relaciona la reducción de la cobertura con la reasignación de funcionarios a labores de cobro. Según el órgano contralor, esa decisión llevó a ajustar las metas y, desde junio de 2023, no se iniciaron nuevos procesos de liquidación previa y se suspendieron los que estaban en trámite. El personal continuó participando en tareas de cobro hasta octubre de 2025.
La contracción ocurrió dentro de una planificación que ya tenía un alcance reducido: de 781.576 casos con posibles incumplimientos identificados entre enero de 2023 y junio de 2026, Tributación seleccionó 23.578 para aplicar controles extensivos, apenas el 3%, según la CGR. Dentro de ese grupo priorizado, el informe registró 2.567 acciones de control.
La Contraloría concluyó que las actuaciones evaluadas no fueron eficaces para promover el cumplimiento tributario. Encontró una cobertura limitada y decreciente, atrasos para concluir los procesos y bajos resultados para corregir inconsistencias y recuperar recursos.
Los hallazgos constan en el informe DFOE-FIP-IAD-00002-2026, fechado el 15 de octubre. El examen se concentró en el control tributario extensivo: revisiones rápidas y masivas que utilizan información del contribuyente, facturas electrónicas y datos de otras fuentes. No comprende toda la fiscalización del Ministerio de Hacienda.
Pocos casos seleccionados y menor ejecución
La reducción de las actuaciones también se reflejó en la atención de los casos priorizados para cada período. Según la Contraloría, esa tasa pasó del 100% en 2023 al 0,1% en 2025. A marzo de 2026 llegó al 1,7%, con un repunte parcial de 193 actuaciones de mensajería.
Estos porcentajes corresponden a los casos seleccionados para control en cada período, no al universo de posibles incumplimientos identificado por Tributación. Aunque el alcance general de la auditoría llega a junio de 2026, varios indicadores de ejecución tienen corte a marzo.
La CGR encontró riesgos para los cuales la respuesta fue nula. En subdeclaración de renta, determinada al contrastar lo reportado con el comportamiento del sector económico, no se ejecutaron actuaciones de control extensivo sobre los 17.468 casos considerados para ese tratamiento.
En otros riesgos, la atención fue parcial:
- Las actuaciones sobre retenciones salariales no declaradas o reportadas por montos inferiores alcanzaron al 27% de 786 casos.
- Los controles sobre contribuyentes que incumplían requisitos para permanecer en el Régimen de Tributación Simplificado cubrieron al 27% de 2.907 casos.
- Los mensajes persuasivos para contribuyentes omisos en la presentación de la declaración llegaron al 50% de 1.649 casos identificados como de mayor riesgo.
La excepción fueron los gastos improcedentes utilizados para reducir el impuesto: Tributación atendió los 251 casos valorados de mayor riesgo, para una cobertura del 100%. Sin embargo, esa atención no se tradujo en una recuperación elevada de los montos estimados.
La cobertura no garantizó recuperar recursos
En gastos improcedentes, la recuperación equivalió al 3,1% de los montos estimados correspondientes a contribuyentes de mayor riesgo. Con la base más amplia de montos sujetos a riesgo identificados y remitidos para control, el resultado fue del 2,3%, según la Contraloría.
En las demás actuaciones orientadas a corregir diferencias monetarias, los resultados también fueron bajos. La siguiente comparación distingue las dos bases de cálculo que presenta el informe:
| Riesgo y actuación | Recuperación sobre los montos identificados y remitidos para control | Recuperación considerando solo los montos de contribuyentes de mayor riesgo |
|---|---|---|
| Gastos improcedentes y comprobantes falsos | 2,3% | 3,1% |
| Renta bruta en cero pese a emitir facturas electrónicas: mensajería persuasiva | 1,9% | 2,4% |
| Renta bruta en cero pese a emitir facturas electrónicas: liquidaciones previas | 2,9% | 3,7% |
| Retenciones salariales no declaradas o reportadas por montos inferiores: liquidaciones previas | 4,7% | 5,3% |
La CGR señala que limitar el cálculo a los montos de contribuyentes de mayor riesgo no modifica sustancialmente los resultados. En los deberes formales, aproximadamente uno de cada cuatro contribuyentes que no había presentado su declaración lo hizo después de recibir mensajes persuasivos de Tributación.
El informe sí registra un resultado favorable: la reclasificación de 793 contribuyentes que incumplían los requisitos para permanecer en el Régimen de Tributación Simplificado, equivalentes al 100% de las gestiones programadas. Ese cumplimiento de la programación es distinto de la cobertura sobre los 2.907 casos identificados con el riesgo, que fue del 27%.
Se contaban gestiones sin evaluar suficientemente su efecto
La Contraloría vinculó los bajos resultados con debilidades en la evaluación y retroalimentación de los tratamientos. Según la auditoría, los mecanismos utilizados se concentraron en medir volúmenes de casos o gestiones, sin evaluar sistemáticamente cuánto reducían los riesgos o mejoraban el cumplimiento tributario.
Tributación tampoco valoró la evolución de todos los riesgos en cada año del período examinado. Para la CGR, esa falta de información limitó la posibilidad de determinar si las actuaciones producían los resultados esperados y de ajustarlas a partir de la evaluación.
Las deficiencias de seguimiento también afectaron los tiempos de respuesta. Solo el 26% de las liquidaciones previas relacionadas con retenciones salariales y el 27% de las correspondientes a renta bruta en cero concluyeron dentro del plazo establecido de 67 días hábiles. En gastos improcedentes, el cumplimiento del plazo llegó al 78%.
La auditoría identificó casos extremos de hasta 600 días hábiles en actuaciones sobre retenciones salariales. La CGR relacionó los atrasos con la falta de seguimiento activo y permanente y con la ausencia de una estructura formal para medir y evaluar los tiempos de ejecución.
Según el órgano contralor, las demoras reducen el margen disponible para determinar y cobrar obligaciones, pueden afectar la atención de nuevos casos y aumentan el riesgo de prescripción.
Riesgos millonarios, pero no pérdidas comprobadas
Los seis riesgos analizados acumularon cerca de ¢1,8 billones en posibles incumplimientos entre 2023 y junio de 2026, según estimaciones de Tributación recogidas por la Contraloría. El informe no establece que ese total corresponda a pérdidas causadas por las deficiencias de los controles examinados.
Para 2026, la estimación fue de ¢794.496 millones, asociados a 203.665 casos. Sobre esas cifras, la CGR advierte expresamente que dimensionan la exposición a los riesgos, pero no representan un monto cuya falta de recaudación pueda atribuirse directamente a la efectividad de las actuaciones evaluadas.
Lo que sí documenta la auditoría es una respuesta insuficiente ante riesgos identificados en un impuesto que aportó, en promedio, el 38% de los ingresos tributarios del Presupuesto Nacional entre 2023 y 2025. Además, 208.488 de 424.417 contribuyentes analizados —un 49%— presentaron nuevamente un mismo riesgo de incumplimiento durante el período.
Correcciones obligatorias con plazos hasta 2028
La Contraloría dirigió cinco disposiciones al director general de Tributación. La primera exige elaborar, oficializar e implementar un plan para corregir las limitaciones de cobertura, oportunidad y efectividad. La certificación de elaboración y oficialización deberá presentarse a más tardar el 1 de febrero de 2027.
También ordenó establecer indicadores de resultados y tiempos de respuesta, evaluar las necesidades y capacidades del personal, implementar un mecanismo continuo de seguimiento y desarrollar un plan para fortalecer las competencias de los funcionarios vinculados con estos controles.
Los entregables se extienden hasta el 7 de agosto de 2028, cuando deberá presentarse un informe de avance de la implementación del plan de desarrollo de capacidades. Las disposiciones son de acatamiento obligatorio y su incumplimiento injustificado puede generar responsabilidad, según la CGR.
