EscucharDesde basar la pensión en el consumo de los trabajadores hasta crear una contribución especial de renta en zonas francas: este 27 de junio se presentaron 36 propuestas diferentes para fortalecer el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), como resultado del proceso nacional de diálogo impulsado por la Superintendencia de Pensiones (Supén).
Este proceso se inició en mayo de 2024 y contó con la participación de organizaciones gremiales y empresariales, gestores de fondos de pensiones y entidades como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la Universidad de Costa Rica (UCR), el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional (CINPE-UNA) y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), entre otras.
Las conclusiones fueron presentadas por Mauricio Soto, director de supervisión de riesgos de la Supen, quien destacó tres de las propuestas que generarían nuevos recursos para el sistema: crear una Pensión Básica Universal (PBU), establecer una pensión de consumo, o favorecer una tasa de reemplazo global del SNP.
En el primer caso, la propuesta de la PBU pretende crear un piso de protección que otorgaría un monto mensual de ₵82.000 colones, el cual se ajustaría con la inflación y en caso que la persona reciba otra pensión. Esto representaría una carga de 1% del Producto Interno Bruto (PIB) al Presupuesto Nacional, parcialmente compensado por la cuota estatal y por la pensión consumo que también se propuso.
“Esta propuesta es motivada por el envejecimiento de la población, la transformación del mercado laboral, la multiplicación de la pobreza extrema en la vejez y los problemas de solvencia del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). El objetivo es erradicar la pobreza extrema a los 70 años”, explicó Soto.
La segunda propuesta consiste en crear un sistema donde las pensiones se basen en el consumo de los trabajadores, asegurando que la jubilación sea proporcional al nivel de vida y al consumo durante la vida activa.
El mecanismo sugiere una retención del 3% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) recaudado, que se destinaría específicamente al financiamiento del sistema de pensiones, lo que ayudaría a aumentar los recursos disponibles.
“Dado que todas las personas consumen, cada persona tendrá una cuenta de ahorro individual y una parte tendrá un destino solidario, que podría ser la Pensión Básica Universal”, detalló.
En cuanto a la tercera propuesta, Soto explicó que actualmente los afiliados del SNP no tienen certeza de la tasa de reemplazo global que recibirán en su vejez.
Por ello, se planea separar los procesos de acumulación en las operadoras de pensiones para que capitalice mejores rendimientos y la desacumulación se daría dentro del IVM, para que se permita cubrir el riesgo de longevidad de forma colectiva (las personas que fallecen antes, financian a las que fallecen después).
Esto permitiría una mayor eficiencia en los procesos de acumulación y un único perfil de requisitos y beneficios a nivel básico. Dicha reforma sería complementaria a otros ajustes que deba hacer el IVM para ser actuarialmente justo.
Acciones urgentes
Los participantes destacaron la urgencia de una transformación para atender los desafíos que enfrenta el SNP como lo son la baja tasa de fecundidad, el aumento de la esperanza de vida al nacer y el rápido envejecimiento de la población, los cuales están invirtiendo la pirámide generacional del país.
En 1983 las personas mayores de 65 años representaban un 4,4% de la población; porcentaje que subió a un 10,6% para 2023. Mientras tanto, la proporción de personas entre los 0 y 12 años pasó de un 32,8% a un 17% en el mismo periodo.
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“El bono demográfico está llegando a su fin y nos queda muy poco tiempo para actuar, prácticamente 20 años. La población adulta mayor se triplicará al 2050, de modo que una de cada cinco personas tendrá más de 65 años”, dijo Soto.
Estos factores comprometen la sostenibilidad del sistema y particularmente del régimen de IVM, el cual, al tratarse de un sistema de capitalización colectiva, requiere de que las personas más jóvenes, aún laboralmente activas, financien las pensiones vigentes.
“La alta informalidad que existe en el país también genera grandes retos para el financiamiento de las pensiones”, añadió.
Otras propuestas
Frente a las debilidades actuales, varias de las propuestas se orientan a fortalecer la suficiencia del SNP.
Entre ellas, se plantea introducir una contribución especial de renta para que las empresas ubicadas en el régimen de zonas francas participen en el financiamiento del sistema de pensiones.
También se propuso modificar las cargas sociales patronales para destinar una mayor proporción al SNP. Otra de las ideas es establecer una cuota patronal uniforme para todos los regímenes de pensiones, evitando distorsiones entre los diferentes sistemas y promoviendo una distribución más equitativa de las cargas fiscales.
Además, se señaló la necesidad de cambiar la forma en que el sistema de pensiones invierte sus recursos, buscando una mayor rentabilidad y diversificación de las inversiones, tanto a nivel nacional como internacional.
Ofrecer rentas vitalicias, que garantizan pagos regulares de pensión durante toda la vida, es una de las sugerencias para evitar que los pensionados lleguen a quedarse sin recursos por vivir más tiempo de lo esperado.
Otra iniciativa pretende ofrecer incentivos fiscales a los empleadores que contraten mujeres, para promover la igualdad de género en el mercado laboral.
Asimismo, se sugirió utilizar recursos del Estado para financiar una pensión mínima para aquellos que no pueden cotizar al sistema, garantizando un ingreso básico para los más vulnerables.
Al respecto, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, hizo un llamado a tomar en cuenta la realidad fiscal del país y evitar propuestas que se recarguen en el presupuesto del Estado para “no prometer lo que no vamos a poder cumplir”.
“Tenemos que pensar bien cuál es el papel del Estado en todo este proceso, si queremos soluciones viables. El contrato social de Costa Rica está basado en un Estado de bienestar, pero a lo largo de los años no se han creado las rentas necesarias para hacerle frente a una gran cantidad de obligaciones que comprometen las finanzas públicas”, dijo el ministro.
Tras la presentación se hizo entrega formal de las propuestas a la diputada Andrea Alvarez, en representación de la Asamblea Legislativa, con la aspiración de colocar el tema como una prioridad en la agenda política y analizar las reformas legales necesarias para la implementación de las iniciativas.
“Este proceso de diálogo es solo un inicio, las propuestas son material de trabajo para integrarlas y crear una propuesta concreta. Lamentablemente este no será un tema de discusión en la actual campaña política, pero es una tarea impostergable”, concluyó Miguel Angel Rodríguez, expresidente de la República.
