EscucharMarco Hernández Ávila y Lillieth Brenes Zúñiga, funcionarios de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), fueron los interventores de Coopeservidores (conocida como CS Ahorro y Crédito) y, por lo tanto, los representantes legales de la cooperativa durante el proceso de intervención que duró poco más de un mes.
En conjunto, los dos funcionarios devengaron un salario que ascendía a los ¢10.592.800 hasta el pasado 16 de junio.
La información remitida por la administración del proceso de resolución de Coopeservidores a El Financiero muestra que el salario devengado por el interventor titular (Hernández Ávila) durante el proceso fue de ¢6.562.030 y el de la interventora adjunta (Brenes Zúñiga) fue de ¢4.030.770.
Según el acuerdo del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) que ordenó la intervención de la entidad el 13 de mayo pasado, Hernández Ávila iba a devengar un salario correspondiente al puesto de un director de división más un 10% y Brenes Zúñiga al puesto de un director de departamento, durante el período que ocuparan el cargo.
Con el nombramiento de los interventores realizado por el Conassif, los dos funcionarios cesaron temporalmente de sus funciones en la Sugef.
“(Los interventores) quedan bajo el mandato absoluto del Conassif, con el encargo de ejercer sus funciones de acuerdo con lo establecido en el acuerdo de intervención, en el cual se establecen las competencias, potestades y obligaciones de dichas personas, la orden de rendir cuentas al Consejo, de informarle sobre los gastos en que se incurra, para su aprobación y, hasta la fijación de la remuneración de dichas personas es fijada por el Conassif, todo con cargo al presupuesto de la entidad intervenida, de conformidad con lo que establecen los artículos 139 bis y 140 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica”, explicó la Oficina de Prensa de la Sugef.
El salario de los dos interventores más el de otros ocho funcionarios dedicados al proceso de intervención de la cooperativa, y las respectivas cargas patronales son los rubros que componen los costos totales directos del proceso intervención de Coopeservidores.
Estos costos, calculados y revisados al 16 de junio de 2024, ascendían a ¢58,2 millones: ¢42 millones en salarios y ¢16,2 millones en cargas patronales. Sin embargo, podrían aumentar.
“Al detallarse los costos hasta el 16 de junio pasado, y siendo que al momento de este acuerdo (21 de junio de 2024) han transcurrido varios días, deben estos ser calculados y remitidos a la instancia correspondiente en la Sugef, a efecto de que se apruebe lo correspondiente”, se indica en el acuerdo de resolución del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero con respecto a Coopeservidores, publicado el pasado 28 de junio en La Gaceta.
Los costos de la intervención aún no han sido pagados porque están sujetos a que sean aprobados por la Sugef.
El artículo 140 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (BCCR) establece que todos los gastos que demande la intervención de una entidad financiera correrán con cargo a los activos de esta.
“Los interventores designados deberán presentar al superintendente un informe mensual pormenorizado de todos los gastos en que se haya incurrido. El superintendente estudiará la razonabilidad de estos y tendrá la potestad de improbar los que no considere pertinentes; asimismo, determinará el monto de la remuneración de los interventores, si fuera el caso. Los gastos de la intervención serán cancelados mensualmente, conforme lo permita el flujo de caja de la entidad”, agrega el artículo.
Ahora bien, la legislación establece que en caso de fase concursal liquidatoria (quiebra), los gastos de la intervención que fueran aprobados y no hubieran sido cancelados serán considerados a cargo de la masa.
Resolución de Coopeservidores
Durante el proceso de resolución de la cooperativa, que empezó desde el pasado 21 de junio, Hernández Ávila, como administrador titular, devengará un salario correspondiente al puesto de un director de división más un 10%, y Sirleny Chacón Vargas, administradora adjunta, devengará el salario correspondiente al puesto de un director de departamento.
“Estas remuneraciones se establecen por el plazo de tres meses; siendo que previo al cumplimiento de ese plazo, se revisará la continuidad del mismo”, dice el acuerdo de Conassif.
La administración de la resolución de Coopeservidores indicó que los salarios de ambos funcionarios son similares a los del proceso de intervención.
Todos los gastos que demande la resolución de la entidad también correrán con cargo a los activos de la cooperativa.
