EscucharEl conflicto público en el que están sumergidos el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) ya salpicó a los cuatro bancos más grandes del país, provocó un allanamiento, llegó hasta la Sala Constitucional y puso a expertos a debatir si debe o no el BCCR tener acceso a información de deudores con número de cédula. Todo esto en menos de un mes.
Más allá de la validez legal de los datos sin anonimizar que quiere el Banco Central y que Sugef se negó a compartir —ya eso tendrán que decidirlo los tribunales— la ventilación pública de este conflicto sin precedentes podría tener consecuencias desfavorables para el Central, la Sugef, los bancos y la capacidad del país para generar estadísticas económicas confiables.
Pérdida de la credibilidad
El principal daño que se están haciendo estas instituciones tiene que ver con la eventual pérdida de credibilidad. En esto coinciden hasta seis fuentes consultadas por este medio que, en algún punto de sus carreras, han tenido una relación muy cercana con ambas entidades.
Para el Central, la credibilidad es un activo particularmente valioso, además de ser uno que a lo largo de los años ha tratado de cultivar de forma positiva. Ejemplo de esto es que se le confiara al BCCR el resguardo del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, donde se almacena información sobre la participación que tienen costarricenses y extranjeros en la totalidad de las personas jurídicas del país.
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Esta es una información sumamente confidencial que se le confió al Central, incluso por encima de otras instituciones como el Ministerio de Hacienda, en parte por esa combinación entre capacidad de resguardo, confianza del sistema e independencia del Gobierno Central.
Sin embargo, los métodos a los que ha acudido el BCCR para obtener la información crediticia durante el último año —dos denuncias penales conocidas hasta la fecha, además de advertencias a bancos—, podrían mermar esa confianza del público en el ente emisor.
“Están dañando la institucionalidad y pueden provocar una reacción de otras partes. Me preocupa que nos vayamos a quedar sin estadísticas”, dice José Luis Arce, expresidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
La preocupación de Arce se fundamenta en que para el desarrollo del país es vital poder contar con estadísticas precisas, las cuales deben tener su debido resguardo para que no caigan en manos malintencionadas, pero que no por ese riesgo deberían eliminarse, considera. Sin embargo, un pánico colectivo provocado por las particularidades que ha tenido este conflicto entre el Central, la Sugef y los bancos, podría limitar la capacidad de las entidades costarricenses de crear estadísticas valiosas.
Esta será una especie de prueba de fuego para conocer hasta dónde llega la Ley del Sistema de Estadística Nacional (SEN), N°. 9694, una legislación que acumula apenas cuatro años en vigencia y que permite a los miembros del SEN —entre ellos la Sugef y el Central— compartirse información con fines estadísticos.
Ruptura de relaciones
Ese posible daño a la credibilidad podría venir acompañado de relaciones difíciles entre los miembros del sistema financiero. Por un lado, no es descabellado pensar que la denuncia interpuesta por la gerente del Banco Central, Hazel Valverde, contra la jerarca de Sugef, Rocío Aguilar, hará mella en la capacidad de ambas instituciones para trabajar en equipo. En especial cuando se trata de algo inédito en la historia de estas dos entidades.
Por el otro, la relación con los bancos también podría tensarse. De hecho ya se entrevén algunos de esos roces. El más notorio es el provocado por la denuncia penal que interpuso el BCCR contra Bernardo Alfaro, gerente general del Banco Nacional de Costa Rica, por no compartirle al Central información de sus deudores y ahorrantes con número de identificación.
Pero también se observan otros casos en los que hay una ida y vuelta entre las declaraciones de bancos y el BCCR. Por ejemplo, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) —a la cual están afiliados doce de los 14 bancos comerciales del país— interpuso el pasado 29 de agosto una acción de inconstitucionalidad y un recurso de amparo ante la Sala Constitucional al considerar que las solicitudes de datos sin anonimizar hechas por el Central a la Sugef constituyen una violación al derecho a la intimidad y autodeterminación informativa, entre otros.
Sin embargo, el BCCR reveló al público en un comunicado de prensa el viernes 8 de setiembre que todos los bancos le comparten información de la totalidad de los depósitos y cuentas de ahorro de sus clientes con número de cédula desde el 2016, siete años antes de que la ABC levantara la voz.
El Central también expuso que el Banco de Costa Rica (BCR), el BAC y el Banco Popular —los tres miembros de la ABC— le entregaron los datos de sus deudores con número de identificación tras una solicitud hecha por el BCCR el 19 de diciembre del 2022, según le confirmó la oficina de prensa del ente emisor a este medio.
Se reparten la culpa
Sobre el daño en la credibilidad que puede provocar este conflicto entre instituciones, particularmente debido a la denuncia penal, la Sugef mencionó que “esa es una valoración que debe haber realizado el Banco Central en su oportunidad”, según respondió ante una consulta de este medio.
El BCCR, por su parte, también aprovechó para repartir la culpa con la Sugef. Esta fue la respuesta completa que le dio la oficina de comunicación del ente emisor a este medio ante la misma consulta:
“El Banco Central coincide con quienes ven los potenciales perjuicios que el desarrollo mediático efectuado sobre la denuncia realizada puede acarrear a la imagen del sector financiero e institucional costarricense. No obstante, el Banco Central desea aclarar que, en apego a la ética y a los más altos principios de respeto al principio de inocencia garantizado por la Constitución Política, a la honorabilidad de las personas, los profesionales de las áreas del BCCR y de sus órganos desconcentrados, así como de las instituciones públicas del SEN que cumplen cada día con su labor en apego a las buenas prácticas para la producción estadística en beneficio del país, guardó la confidencialidad de la denuncia y ha procurado en todo momento que sean las autoridades judiciales las que tomen las decisiones competentes y que sean ellas las que decidan si lo comunican o no a la opinión pública. Cabe aclarar que fue la misma superintendente la que expuso el caso ante la opinión pública por los medios de comunicación colectiva”.
