EscucharCon una metáfora, la economista y ex viceministra de Hacienda, Edna Camacho, describió el estado de las finanzas públicas de Costa Rica.
Si fueran un paciente, explicó, en 2018 necesitaron una cirugía mayor para superar la crisis fiscal. Hoy, aunque su condición ha mejorado y es más estable, requieren nuevas dosis de medicamentos para consolidar su recuperación.
La economista sostuvo que la reforma fiscal de 2018 permitió reducir el déficit fiscal y contener el crecimiento de la deuda. Sin embargo, advirtió que el diagnóstico cambió y que ahora el país enfrenta nuevos desafíos.
“La cirugía fue exitosa, pero el tratamiento aún no termina. No obstante, la desaceleración de los ingresos tributarios, el elevado costo de los intereses y las crecientes necesidades de inversión muestran que la consolidación fiscal aún requiere una segunda etapa de ajustes”, afirmó Camacho durante una presentación organizada por BAC.
Entre las propuestas planteó revisar la aplicación de la regla fiscal, fortalecer la fiscalización tributaria —incluyendo mecanismos asociados a pagos electrónicos como Sinpe—, revisar algunas exoneraciones del impuesto sobre la renta, priorizar el gasto público y avanzar en reformas institucionales que permitan mejorar la eficiencia del Estado.
En materia del impuesto al valor agregado (IVA), Camacho aseguró que “sí existe mucho margen de maniobra para aplicar cambios en esta materia, ya que Costa Rica todavía tiene este tributo en cifras mucho más bajas que el resto del mundo”.
Estas recomendaciones coinciden con varias de las observaciones que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha realizado al país en los últimos años y que el Ministerio de Hacienda analiza, aunque todavía no se traducen en proyectos concretos.
Precisamente la semana pasada, Víctor Carvajal, viceministro de Hacienda, explicó en una entrevista concedida a La Nación que la cartera plantea reorientar parte de sus esfuerzos hacia una fiscalización más amplia para detectar posibles casos de evasión, además de revisar las exoneraciones y otros beneficios tributarios vigentes, así como sus respectivos marcos sancionatorios.
“Creemos que hay un espacio para reducción de exoneraciones, (pero) no estamos pensando en una reducción de exoneraciones que nos dé dos, tres puntos del PIB; no vamos por ahí. Ahorita sí estamos viendo principalmente beneficios fiscales asociados a las compras de bienes y servicios”, aseguró.
Un diagnóstico diferente
De acuerdo con el análisis presentado por Camacho, la crisis fiscal comenzó a profundizarse a partir de 2009, cuando el crecimiento del gasto corriente —especialmente en remuneraciones y transferencias— provocó déficits persistentes, un acelerado incremento de la deuda y un aumento en el pago de intereses.
Como consecuencia, el país entró en un círculo vicioso: más gasto, más deuda y, por ende, el Gobierno debió sacrificar la inversión pública para atender sus obligaciones corrientes.
La reforma fiscal aprobada en 2018 marcó un punto de inflexión. La incorporación del impuesto al valor agregado (IVA), la implementación de la regla fiscal y otros cambios tributarios y de control del gasto permitieron iniciar un proceso de consolidación que posteriormente fue complementado por la Ley de Empleo Público y la Ley de Manejo Eficiente de la Liquidez del Sector Público.
Entre 2018 y 2022 el ajuste provino principalmente de la contención del gasto, que se redujo en dos puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB), mientras que los ingresos tributarios aumentaron 1,1 puntos porcentuales.
Ese proceso permitió que el país registrara en 2022 su primer superávit primario después de muchos años de déficit y mejorara significativamente el balance financiero, así como la percepción de las calificadoras de riesgo.
La mejora también se reflejó en la evolución de la deuda pública.
Después de doce años de crecimiento continuo, la relación deuda-PIB comenzó a disminuir desde 2021, favorecida por mejores condiciones de financiamiento, colocaciones de eurobonos, préstamos de organismos multilaterales y una reducción del riesgo país.
No obstante, Camacho advirtió que el contexto volvió a cambiar.
“Ahora el panorama es otro: estamos con el agua hasta el cuello, pero todavía no nos ahogamos”, explicó.
Agregó que la desaceleración de la recaudación tributaria observada durante los últimos dos años, el peso del pago de intereses —que absorbe más de un tercio de los ingresos tributarios del Gobierno—, las crecientes necesidades de inversión en infraestructura, educación, salud y seguridad, así como el debilitamiento de la regla fiscal debido a las excepciones incorporadas y a su forma de aplicación, están limitando el margen de maniobra de las finanzas públicas.
En ese sentido, reconoció que, aunque la reforma fiscal de 2018 fue determinante para estabilizar las cuentas públicas, “la dosis de medicina no fue suficiente”.
También señaló como un riesgo la creciente deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Sobre este punto, indicó que primero debe existir claridad sobre cuál es el monto real de la obligación y, posteriormente, abrir un espacio de diálogo para definir cómo atenderla.
Las cifras más recientes reflejan parte de ese nuevo escenario. Al cierre del primer trimestre de 2026, los ingresos totales del Gobierno disminuyeron tanto en términos nominales como en porcentaje del PIB frente al mismo periodo del año anterior.
Los ingresos sumaron ¢1,95 billones, es decir, ¢70.855 millones menos que en el primer trimestre de 2025, según el Ministerio de Hacienda.
Como proporción del PIB pasaron de 3,9% a 3,7%, mientras que los ingresos tributarios disminuyeron un 4,4%, al pasar de ¢1,8 billones a ¢1,7 billones.
Respecto a una eventual eliminación de las exoneraciones del régimen de zonas francas, Camacho consideró que esta no sería una medida razonable en el contexto internacional actual.
“Plantear algo en este sentido, sin duda, generaría una incertidumbre jurídica que ahuyentaría en gran medida la inversión extranjera directa”, afirmó.
Es importante aclarar que esta no es una opción tampoco para el gobierno y así lo aclaró Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda, en una reciente conferencia de prensa del Consejo de Gobierno.
Para la economista, el mayor riesgo no es volver a la crisis de hace una década, sino perder el impulso de la consolidación fiscal. A su juicio, postergar las decisiones pendientes podría erosionar gradualmente los avances alcanzados desde 2018 y reducir el margen de maniobra del Estado para atender nuevas necesidades de gasto.
