EscucharLas juntas directivas del Banco de Costa Rica (BCR) y de BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, presentaron esta tarde dos Recursos de Revocatoria ante la Superintendencia General de Valores (Sugeval), específicamente contra la Resolución SGV-R-179-2024 en la cual se solicitaba a ambos órganos ejecutar una serie de acciones relacionadas con el Parque Empresarial del Pacífico, inmueble incluido en el Fondo Inmobiliario No Diversificado (FIIND).
En julio pasado la Sugeval determinó que “existe la contingencia real de que BCR SAFI (la sociedad administradora de fondos de inversión del Banco de Costa Rica) tenga un impacto derivado del ajuste en el valor del bien inmueble –Parque Empresarial del Pacífico (PEP)–, que debe ser atendido con recursos de la sociedad”.
Las peticiones hechas por la Superintendencia incluían solicitar al BCR aportes de capital social en BCR SAFI hasta por ₡22.000 millones, a más tardar al 31 de diciembre del 2024. Además, debían mantener dichos aportes de capital en inversiones de alta calidad crediticia.
También debían utilizar todas las utilidades retenidas de BCR SAFI al cierre del periodo 2023 para reforzar la partida de capital social de esta entidad, trámite que deberá completar a más tardar al 31 de diciembre del 2024.
BCR SAFI estaba obligado a presentar un informe anual rendido por los auditores externos responsables de emitir una opinión de los estados financieros auditados, en donde se refiera en específico a si la entidad ha evaluado en forma apropiada si ya se presentan las condiciones para el reconocimiento y la medición de eventuales provisiones por pagar, derivadas de los procesos judiciales y administrativos en curso o por decisiones sobre la disposición del PEP.
La Sugeval consideró que de concretarse la contingencia, se pondría en peligro la gestión de todos los fondos de inversión bajo la responsabilidad de la SAFI.
Acciones del BCR y BCR SAFI
Según las entidades, el acatamiento de la resolución de Sugeval implicaría eventualmente el traslado definitivo de más de $70 millones de fondos públicos a un patrimonio privado. “Al respecto, cabe señalar que ambos Órganos de Dirección tienen un deber de cuidado de los fondos públicos y consideran que, al día de hoy, no existen los elementos que respalden la legalidad de tal medida”, indicaron en un comunicado de prensa.
Las entidades solicitan a la Sugeval suspender la ejecución de la resolución mencionada hasta que se resuelva el recurso de revocatoria con apelación en subsidio e incidente de nulidad absoluta interpuestos por dichas Juntas Directivas, al tiempo que confirmaron que mantienen su “compromiso con el deber fiduciario y el adecuado resguardo y gestión de los fondos y ahorros de nuestros inversionistas y clientes”.
