EscucharLo que comenzó en el año como una batalla administrativa de abogados y apelaciones en el caso de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI) del Banco de Costa Rica (BCR), terminó este diciembre con múltiples allanamientos.
La adquisición del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), realizada en 2020 por $70,8 millones, dejó en evidencia una supuesta diferencia millonaria entre el valor real del complejo y lo pagado por BCR SAFI, lo que derivó en pérdidas estimadas para el fondo inmobiliario.
Esto marcó el punto de quiebre de una cadena de hallazgos que hoy mantiene bajo investigación a 14 imputados.
A continuación, El Financiero le presenta un resumen de lo ocurrido con BCR SAFI durante 2025.
La derrota en los tribunales
Durante el primer semestre de 2025, la estrategia del BCR fue clara: negar el daño y pelear en la mesa legal.
No obstante, el banco agotó las instancias para frenar una orden de la Sugeval emitida en octubre de 2024 que le obligaba a trasladar $70 millones para retirar al Parque Empresarial del Pacífico del fondo inmobiliario.
Primero, porque el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) rechazó la apelación al ratificar que el daño al fondo y los inversionistas fue real.
En respuesta, la institución financiera jugó su última carta ante el Tribunal Contencioso Administrativo al solicitar una medida cautelar para evitar girar esos millones.
Para noviembre, el Tribunal dictó su sentencia: rechazo total. Por ende, el juez priorizó el interés público y la protección de los ahorrantes sobre el patrimonio del banco al obligar a trasladar los $70 millones al capital social de la SAFI.
La Fiscalía entra en escena
El 4 de diciembre la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) ejecutó 16 allanamientos simultáneos.
Eso sí, en esta ocasión el objetivo ya no eran solo documentos administrativos, sino que buscaban a los arquitectos del descalabro. Las autoridades ingresaron a las oficinas centrales de BCR SAFI y a la residencia del exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Humberto Vargas Corrales, a quien se señala como líder del grupo vendedor.
Se revelan $92 millones de sobreprecio
El 15 de diciembre se filtraron las conclusiones del informe fiscal. El documento transformó la narrativa del caso: ya no se trataba solo del Parque Empresarial del Pacífico, sino de un plan previamente establecido que abarcó nueve inmuebles distintos.
A partir de entonces, se tuvo certeza sobre la implicación del CE Santa Ana, Edificio Madrid, BC La Uruca, BC San Pablo, BC Ciudad Colón, BC Pavas y el PEP.
Según dio a conocer la Fiscalía, la estructura criminal, compuesta por el Grupo HVC y la alta gerencia de la SAFI, generó un beneficio ilícito superior a los $92 millones.
¿Quiénes se encuentran detrás del Grupo HVC? El exdiputado Vargas junto a su hijo, Humberto Vargas Sotres, así como sus socios Manrique Gutiérrez y Héctor Barrantes.
El objetivo detrás de sus movimientos fue actuar de forma específica sobre las propiedades del Fondo Inmobiliario No Diversificado y del Fondo de Inversión del Comercio y la Industria No Diversificado (FIIND).
El informe detalló operaciones con márgenes de ganancia irreales en tiempos récord, validadas por la SAFI sin fiscalización:
- BC Uruca 02: Comprado por el grupo de Vargas en $6,6 millones en agosto de 2018 y revendido a la SAFI apenas 40 días después en $26,2 millones. Una ganancia de casi $20 millones en poco más de un mes.
- CE Guadalupe: Adquirido en $1,3 millones y vendido al fondo público en $12 millones.
- El PEP: Comprado en $16 millones y colocado en el BCR por $70 millones.
La Fiscalía fue contundente al concluir que todo el proceso estuvo plagado de inconsistencias. Incluso, los peritos externos mintieron en los informes al describir obras en gris como “edificios terminados” y reportar áreas de construcción inexistentes.
Por otro lado, según trascendió en el medio CRHoy el 29 de diciembre de 2025, cinco sociedades anónimas vinculadas al exdiputado modificaron su figura jurídica tras finiquitar negocios inmobiliarios que se habrían realizado con un sobreprecio irregular.
La investigación también dejó un detalle revelador: pocos meses después de la compra del PEP y tras su salida del banco, varios exfuncionarios de BCR SAFI conformaron sociedades de esta índole en Panamá junto a los mismos empresarios a los que habían beneficiado.
Entre ellos se hallan Rosnnie Díaz, exgerente de BCR SAFI; Juan Carlos Bolaños Azofeifa, exgerente de Banca Corporativa; Álvaro Camacho de la O, exsubgerente del mismo departamento; Marlon Sequeira, exgerente de Negocios y Proyectos a.i.; Natalia Garro, exjefa de Proyectos y después gerente de BCR SAFI; así como Álvaro Jiménez, quien fue abogado de la administradora.
También se incluyó a Luis Fernando Saborío y Javier Chinchilla, arquitectos; Luis Carlos Gutiérrez, ingeniero, y el supervisor Marco Antonio Carbajal.
El 2025 cierra con una factura impagable para la reputación del fondo, pues el 11 de diciembre, la Sugeval ordenó una segunda capitalización por ¢19.260 millones, que se suman a los miles de millones ya exigidos con anterioridad.
Aproximadamente 1.700 inversionistas resultaron afectados por esta operación: sus rendimientos se desplomaron de forma abrupta y las expectativas pasaron de un retorno positivo a pérdidas reales en sus carteras de inversión.
