La decisión tomada por el Gobierno para designar a los cuatro directivos que le corresponden a la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y así completar su Junta Directiva abre una interrogante: ¿podría afectar esto el gobierno corporativo de la entidad en el mediano plazo?
Durante años, la entidad financiera ha vivido un problema que no se ha relacionado con una corrida de depósitos, una pérdida patrimonial o una crisis de liquidez, sino con las sillas vacías de su Junta Directiva.
Polémicas, nombramientos provisionales y procesos inconclusos dejan en el tapete sí se afectará el gobierno corporativo en el mediano plazo, si no se sientan las personas idóneas en esas sillas.
Incluso, Lenín Hernández, expresidente de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, criticó la posición que tiene el Gobierno sobre el órgano director del banco en este momento.
Los cambios han sido constantes en la Junta Directiva, pero la situación llegó a un punto crítico el 31 de julio de 2026, cuando el máximo órgano de dirección del banco dejó de estar plenamente integrado.
El 29 de junio de 2026, dos integrantes de la Junta Directiva del Banco Popular renunciaron para asumir nuevos cargos en las juntas directivas del Banco Nacional y del Banco de Costa Rica.
Raúl Espinoza Guido y María Clemencia Palomo Leitón pasaron a formar parte de esos otros órganos de dirección y sus nombramientos en el Banco Popular se extendían hasta el 31 de julio.
El resultado fue que la Junta dejó de sesionar temporalmente.
Ahora, con el paso de las semanas, comenzaron a acumularse asuntos que la administración no podía resolver por sí sola.
Entre ellos, el más importante era el presupuesto institucional del 2027.
La Gerencia General Corporativa del Banco Popular advirtió, mediante el oficio GGC-1040-2026 del 9 de setiembre de 2026, que la ausencia de una Junta Directiva integrada podía afectar asuntos urgentes e impostergables, entre ellos, la aprobación del presupuesto, la normativa interna y la contratación de la firma de auditoría externa.
Antes, el 17 de agosto, la Auditoría Interna había advertido que ni la Gerencia General, ni una subgerencia ni el auditor general podían asumir decisiones que legalmente están reservadas para la Junta Directiva.

La misma posición evidenció la Contraloría General de la República el 25 de setiembre, al recordar que la Ley Orgánica del Banco Popular atribuye expresamente a la Junta Directiva la competencia indelegable de conocer y aprobar el presupuesto anual de la institución.
La gerente general, Gina Carvajal, expresó en ese momento su preocupación y reconoció que debía resolverse esta situación.
Mientras tanto, la Asamblea de Trabajadores sostuvo el 28 de setiembre de 2026 que su proceso de selección y postulación de candidaturas continuaba con normalidad y que no existía interrupción ni suspensión.
Pero fue hasta este 3 de noviembre cuando el Gobierno volvió a entrar en escena y aprobó el Decreto Ejecutivo 45984-MP-MTSS, publicado el 9 de noviembre de 2026, que instruye al Consejo de Gobierno para que nombre a los cuatro representantes propietarios y cuatro suplentes que, en condiciones ordinarias, corresponden a la Asamblea de Trabajadores.
Los nombramientos deberán realizarse a partir de una lista de personas que ya hubieran sido preseleccionadas mediante los mecanismos de evaluación de idoneidad de la Asamblea.
La Secretaría del Consejo de Gobierno, con apoyo técnico de la Unidad Asesora para la Dirección y Coordinación de la Propiedad Accionaria del Estado y de la Gestión de las Instituciones Autónomas, deberá revisar posibles incompatibilidades legales antes de trasladar la lista al Consejo de Gobierno.
Los nombramientos deberán considerar, entre otros criterios, la paridad y alternabilidad por género, la experiencia en entidades financieras supervisadas, en puestos de alta dirección de entidades financieras de importancia sistémica y la representación sectorial.
El decreto deja en evidencia que el objetivo es garantizar la continuidad del servicio y el funcionamiento del Banco Popular mientras se completa el proceso ordinario de integración de la Asamblea para el período 2026-2030.
Es importante asegurar que el Banco Popular, al igual que otras entidades financieras, realiza proyectos en conjunto con el gobierno, como por ejemplo:
1. Programa Brete. El Banco Popular reportó una vinculación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el marco del programa Brete, iniciativa orientada a mejorar la empleabilidad y facilitar la inserción laboral.
3. Convenios con ICE, COSEVI y Coopelesca. Estas alianzas buscan ampliar la vinculación institucional y la prestación de servicios mediante mecanismos de cooperación con entidades públicas y actores del sector cooperativo.
Posición del Banco Popular
Tras consultas enviadas al Banco Popular, se confirmó que la medida tomada por el Gobierno de nombrar una Junta Directiva pro tempore “es considerada una medida relevante que se valora”.
“Esto permitirá avanzar en aquellas decisiones que corresponden al máximo órgano de dirección mientras concluye el proceso ordinario de integración y ratificación de los representantes de las personas trabajadoras”, aseguraron las respuestas mandadas por la Oficina de Comunicación.
Agregaron que el proceso de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras para el período 2026-2030 continúa desarrollándose.
El mecanismo establecido —explican en las respuestas— toma como punto de partida a las personas ya preseleccionadas mediante los procedimientos de esa instancia y contempla verificaciones de idoneidad e incompatibilidades antes de los nombramientos temporales.
“El Banco Popular mantiene su operación y la atención a sus clientes con normalidad y continúa avanzando en sus metas, proyectos y proceso de transformación. Somos una institución sólida, supervisada y confiable, que seguirá actuando con prudencia, transparencia y pleno respeto al ordenamiento jurídico”, concluyeron.
Asamblea de Trabajadores defiende su proceso de integración
Margarita Cognuck González, presidenta de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular, aseguró que el proceso para integrar este órgano durante el período 2026-2030 continúa desarrollándose con normalidad y conforme al marco jurídico aplicable.
“Durante las últimas semanas el proceso ha continuado avanzando conforme a las etapas previstas. Ya concluyó la fase de emisión de certificaciones por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y se mantiene el procesamiento de la información remitida por las organizaciones participantes para determinar la representación de los diferentes sectores que integrarán la Asamblea.
Sobre el mecanismo pro tempore establecido mediante decreto ejecutivo, Cognuck indicó que la Asamblea lo considera una medida temporal y excepcional mientras concluye el proceso ordinario de integración.
Agregó que el procedimiento dispuesto solicita la lista vigente de personas postulantes que ya habían sido preseleccionadas mediante los mecanismos establecidos por la propia Asamblea y contempla verificaciones del cumplimiento de requisitos y de la documentación necesaria para evaluar su idoneidad.
La presidenta aseguró que la Asamblea seguirá actuando con independencia, responsabilidad, transparencia y apego a la normativa, procurando que cada etapa brinde seguridad jurídica, objetividad y legitimidad a las decisiones.
Un aspecto importante a destacar las finanzas del banco
Al cierre de septiembre de 2026, el Conglomerado Financiero Banco Popular acumuló una utilidad de ¢26.434 millones, frente a ¢18.001 millones en el mismo período del año anterior. El crecimiento fue cercano al 47%.
Su patrimonio alcanzó ¢1,10 billones, un aumento de aproximadamente 6,8% en comparación con septiembre de 2025.
Los pasivos totales disminuyeron 4,7%, una reducción mayor a la caída de 2,1% registrada en los activos.
El banco, sin embargo, tampoco está exento de señales que requieren seguimiento.
La cartera de crédito neta presentó una leve reducción de 1%, al pasar de ¢3,27 billones, en el 2025 a ¢3,24 billones, en el 2026.
Los créditos vencidos disminuyeron 8,4%, lo que constituye una señal favorable para la calidad de la cartera.
Pero los créditos enviados a cobro judicial pasaron de ¢34.134 millones a ¢67.323 millones en un año, un incremento cercano al 97%.
Según la información oficial disponible más reciente, el Banco mantiene una suficiencia patrimonial cercana al 22%.
Esto, significa que la entidad financiera cuenta con una solidez y solvencia muy alta para responder ante pérdidas inesperadas o crisis económicas.
Este porcentaje duplica con creces el 10% mínimo que exige la regulación en Costa Rica para considerar que una institución opera en condiciones de normalidad.
El Banco Popular es considerado sistémico ya que es clave para la estabilidad y el funcionamiento general del sistema financiero costarricense debido a su tamaño, complejidad e impacto en el mercado, así se identificó en el acuerdo del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) 17-23.
Gobierno vuelve a la escena: ¿por qué?
Para entender por qué el Gobierno volvió a intervenir en la conformación de la Junta Directiva del Banco Popular hay que retroceder hasta julio de 2022.
La Ley Orgánica del Banco Popular establece un modelo particular.
De los siete integrantes de la Junta Directiva, cuatro corresponden a representantes designados por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras (ATT) y ratificados posteriormente por el Poder Ejecutivo. Los otros tres son nombrados directamente por el Consejo de Gobierno.
La Asamblea, integrada por 290 delegados de distintos sectores de trabajadores, representa uno de los elementos centrales de la naturaleza particular del Banco Popular.
Sin embargo, en julio de 2022 el Gobierno obtuvo temporalmente la posibilidad de nombrar a los representantes que correspondían a la Asamblea mientras se resolvía el proceso de integración de ese órgano.
La medida nació como una solución provisional.
En mayo de 2023, el período temporal fue extendido. Un mes después, una Junta Directiva integrada bajo ese esquema fue la encargada de seleccionar a la nueva Gerencia General del Banco Popular.
Ese fue uno de los primeros momentos en que una medida concebida como temporal comenzó a tener consecuencias sobre decisiones estratégicas de largo plazo.
El 30 de junio de 2023 se anunció que Gina Carvajal sería la nueva gerente general del Banco Popular para un período de cinco años.
Poco después, la situación de la Junta volvió a quedar bajo los reflectores.
En septiembre de 2023, la entonces presidenta del órgano fue suspendida cautelarmente mientras era investigada por presunto enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica. Ese mismo día presentó su renuncia por motivos de salud.
En noviembre de ese año, la Asamblea de Trabajadores finalmente realizó una elección para escoger a sus representantes. Sin embargo, el proceso también quedó envuelto en cuestionamientos.
La elección se realizó con una única papeleta, después de que representantes de sectores cooperativistas y solidaristas cuestionaran cambios en las reglas de postulación.
La polémica terminó convirtiendo la selección de directores en otro capítulo de una disputa que todavía no encontraba una salida definitiva.
En enero de 2024, el Gobierno extendió por tiempo indefinido los nombramientos temporales mientras revisaba la idoneidad de las personas propuestas.

¿Pero realmente esta solución temporal del Gobierno resolverá el asunto?
Lo cierto es que el nuevo mecanismo de selección de los postulantes no establece una fecha calendario específica para el vencimiento de los nombramientos temporales.
Su duración queda vinculada a la finalización del proceso ordinario de integración de la Asamblea de Trabajadores para el período 2026-2030 y a la posterior designación y ratificación de sus representantes.
Ese detalle resulta especialmente relevante por los antecedentes.
El mecanismo excepcional que comenzó en 2022 también nació con carácter temporal y, cuatro años después, el Banco Popular vuelve a depender de una solución extraordinaria para completar su máximo órgano de dirección.
El nuevo decreto pretende resolver una urgencia institucional, pero no elimina la pregunta de fondo: ¿cuándo volverá el Banco Popular a contar con una Junta Directiva integrada completamente mediante el procedimiento ordinario previsto en su Ley Orgánica?
