Por: María Fernanda Cisneros.   7 junio

Una mancuerna que busca dinamizar la economía. Esta es la descripción más clara del modelo de coordinación que utilizan la Presidencia, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Estos órganos rozan la línea de la autonomía para desarrollar una estrategia país, cuyo objetivo principal es levantar la economía costarricense en una época llena de adversidades.

Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, y Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, han coincidido con mensajes en los últimos meses. Una de esas ocasiones fue en setiembre del 2018, cuando anunciaron el plan para emitir las letras del Tesoro. Foto Melissa Fernández
Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, y Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, han coincidido con mensajes en los últimos meses. Una de esas ocasiones fue en setiembre del 2018, cuando anunciaron el plan para emitir las letras del Tesoro. Foto Melissa Fernández

La autoridad monetaria se alinea a esa meta de forma inusual, ya que un enlace tan cercano y concordante con el Gobierno no ha sido común en la historia reciente, pero lo hace en una coyuntura compleja.

El alto nivel de desempleo, la incertidumbre, la desaceleración económica y las presiones externas claman por acciones para la reactivación del sector productivo y del consumo interno.

El actuar del Central será apoyado por el mercado, siempre que este demuestre –como lo ha dicho en su discurso– que su objetivo principal es mantener la inflación baja, y –sin atentar contra su meta– apoye al dinamismo económico mediante la utilización de las herramientas que tiene a su disposición.

“Tenemos muy clara la coordinación que debe existir en una coyuntura difícil como la que atraviesa la economía costarricense actualmente”, afirmó Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central.

La lectura coincidente de la realidad económica dio pie para que esta mancuerna tomara fuerza y fuera calificada como “estrecha” por el mismo Cubero.

Más allá de una mayor cercanía y de lo que considere el mercado financiero, la ley que constituye al Central respalda la labor que realiza la autoridad monetaria en la actualidad.

Dentro de los objetivos subsidiarios que dispone la Ley Orgánica del BCCR, está el “promover el ordenado desarrollo de la economía costarricense, a fin de lograr la ocupación plena de los recursos productivos de la Nación, procurando evitar o moderar las tendencias inflacionistas o deflacionistas que puedan surgir en el mercado monetario y crediticio” (artículo dos).

En la misma dirección

Los discursos de Hacienda, el BCCR y la Casa Presidencial se alinearon desde que Rodrigo Cubero se sentó en la silla presidencial del Banco Central.

En agosto del 2018, el mensaje de esta terna empezó a encaminarse hacia una misma dirección, principalmente al exaltar la necesidad de aprobar la reforma fiscal para fortalecer las finanzas públicas.

En ese entonces, el déficit fiscal llegaba al 3,7%, el más alto en una década, y se encaminaba a alcanzar el 7% al término del año, según las proyecciones del momento, si bien concluyó el período en una cifra menor.

En medio de esta coyuntura, el Gobierno presentó el plan de endeudamiento para el segundo semestre del 2018. El 23 de agosto, el Central anunció que las necesidades de captación en ese período eran mínimas y, por lo tanto, competiría menos con Hacienda por recursos y le daría espacio para que captara una mayor cantidad de los provenientes del mercado doméstico. Eso fue descrito como una “feliz coincidencia”.

Además de levantar la voz para dar a conocer su posición a favor de la reforma y de competir menos por recursos, en setiembre el Central apoyó a Hacienda en un momento de aguda iliquidez.

La junta directiva del BCCR dio el visto bueno para utilizar las letras del Tesoro como medida de emergencia por un monto de ¢498.000 millones.

Llegar al punto de revivir este instrumento le costó la reducción de las calificadoras de riesgo, pero no haberlo hecho habría implicado llegar a un default en el pago de las obligaciones, según ha admitido Rocío Aguilar, ministra de Hacienda.

Después de esta movida, el Banco Central publicó estimaciones de cuál sería el panorama en caso de ser o no aprobada esta reforma; su presidente se encargó de expresar su apoyo en cada conferencia de prensa o foro en que participara.

El 18 de octubre, Cubero atendió a la prensa con el único objetivo de afirmar que la reforma sí restablecería la estabilidad de las finanzas públicas en el corto plazo, con un aporte del 3,7% del Producto Interno Bruto (PIB) para el 2022.

Mientras todo esto ocurría, Hacienda barajaba sus ingresos y el perfil de vencimientos para lograr pagar las letras del Tesoro en el plazo convenido, lo que logró cumplir.

En diciembre finalmente se aprobó la reforma fiscal y tan solo esto envío un mensaje de menor incertidumbre a los inversionistas. La Tesorería Nacional comenzó a sentir un poco más de oxígeno y, aunque sigue con altas necesidades de recursos, al menos logra cubrir los pendientes.

En enero llegó el turno del Banco Central de mostrarle al país cuál sería su pronóstico respecto al desempeño que tendría la economía nacional en el bienio 2019-2020.

Para sorpresa de muchos analistas que le llevan el pulso, en esta ocasión el Central incluiría, dentro de sus proyecciones, la aprobación de una nueva emisión de deuda externa.

La autoridad monetaria asumía por primera vez que al menos $1.500 millones de recursos provenientes de los eurobonos llegarían a las arcas del Gobierno en 2019 y 2020. También incorporó dentro del escenario probable el acceso a $450 millones de financiamiento con organismos multilaterales.

Una vez más, demostraba la estrecha relación con el Ejecutivo y Hacienda, y reafirmaba la importancia de aprobar el paquete de deuda externa que hacía fila en el Congreso.

Menos de un mes después, llegó la hora de que el Gobierno Central presentara el plan de colocación de deuda interna para el primer semestre del 2019.

En esta ocasión, la necesidad de aprobar el proyecto de los eurobonos fue lo que lideró el discurso de los jerarcas. Es decir, repitió uno de los mensajes claves de la presentación del Programa Macroeconómico.

Las acciones más recientes están en línea con las intenciones de reactivación económica que tiene el Gobierno.

En lo que va del 2019, el Central redujo la tasa de política monetaria (TPM) de 5,25% a 4,75%; y el encaje mínimo legal que pagan las entidades supervisadas en colones, de 15% a 12%. Ambas medidas fueron aplicadas con el fin de mejorar las condiciones para que los bancos pudieran dinamizar el crédito.

“Nosotros, desde el BCCR, contribuimos con nuestro granito de arena, reduciendo la tasa de política monetaria. Eso lo hemos hecho ya en dos ocasiones y, en efecto, es una medida más para ir favoreciendo las condiciones crediticias a las que se suma ahora esta última decisión (reducir el encaje)”, explicó Cubero.

La reducción del encaje en colones fue propuesta por el sector empresarial como una medida para la reactivación. Aunque su expectativa era que la rebaja fuera mucho menor, la medida fue acogida por el Gobierno.

El mismo presidente Carlos Alvarado mostró apertura cuando la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) expuso el tema de reducir el porcentaje a los bancos.

En esta decisión y en otras de política monetaria, la ministra ha tenido voz y voto; esta última facultad la tiene habilitada de forma transitoria y hasta dentro de un año.

Entre tanto, la época adversa y las medidas de reactivación tienen todavía mucho camino por recorrer, por lo que esta mancuerna puede mantenerse por mucho tiempo más.