Por: Manuel Avendaño Arce.   11 febrero

El Gobierno busca recursos equivalentes a un punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) para reducir el monto principal de la deuda pública de Costa Rica, para lograrlo apostará por el uso de superávits ociosos y utilidades de diferentes instituciones públicas.

La producción nacional del país estimada a precios de mercado (PIB nominal) para este año se proyecta en ¢38,28 billones, según cifras del Banco Central de Costa Rica (BCCR). Esto quiere decir que un punto porcentual de la riqueza nacional equivale a ¢362.700 millones durante 2020.

Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda, presentó un nuevo plan de consolidación de las finanzas públicas conformado por cuatro ejes estratégicos: reducir la evasión, recortar el gasto público, reemplazar deuda cara y hacer pagos extraordinarios a la deuda pública en 2020 y 2021.

Una de las propuestas del Ejecutivo para conseguir parte del dinero –de ese punto porcentual del PIB– es utilizar ¢226.145 millones de superávits ociosos que pertenecen a 11 instituciones públicas.

El ministro explicó en entrevista con EF, la tarde de este martes 11 de febrero, que la selección de estas 11 instituciones públicas para que aporten sus superávits se hizo con base en un análisis previo que implicó conversaciones con los jerarcas de estas entidades.

“Los parámetros son la existencia de un superávit, una valoración política-pública de cuál es el uso actual y potencial de ese dinero, y de cuál es la división correspondiente. Entonces, conseguimos 11 instituciones que nos aportaron esta suma, si hubiera habido más entidades con estas condiciones, le garantizo que habríamos incluido más”, detalló el jerarca.

Para conseguir este primer tracto de ¢226.145 millones, que equivale a 0,62% del PIB, el Gobierno presentó ante la Asamblea Legislativa, la mañana de este lunes, el proyecto de Reforma a la Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos (21.794, conocido por el Ejecutivo como “Pagar”).

Segundo paso

El siguiente pasó para conseguir los ¢136.555 millones restantes que se necesitan para completar ese punto porcentual del PIB vendrá con una propuesta para que algunas instituciones descentralizadas o autónomas del Estado destinen parte de sus utilidades al Ministerio de Hacienda.

Chaves adelantó que entre las entidades que tendrían que dar parte de sus ganancias se encuentran el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), el Banco de Costa Rica (BCR) y Correos de Costa Rica, entre otras.

Tanto el titular de Hacienda; como Pilar Garrido, ministra de Planificación; explicaron que todavía están en etapa de valoración para determinar cuál es la mejor figura legal que les permitiría tener acceso y disponer de las utilidades de estas instituciones.

“Se necesita un instrumento legal, el detalle es sí se asignan esos flujos por diez años después de las cargas parafiscales que tienen que hacer, por ejemplo, los bancos del Estado; o si se reforma todo el sistema parafiscal y entonces las instituciones contribuyen con dividendos correspondientes al 60% de sus utilidades directamente al Presupuesto de la República y en el proceso de presupuestación nacional se incluyen los destinos específicos que que hoy tienen esos recursos por medio de las leyes de esos requisitos parafiscales", aclaró jerarca.

La idea es que esos recursos no se utilicen en destinos específicos fijados por leyes del pasado, sino que entren a la caja del Gobierno Central y se puedan asignar a necesidades puntuales para cada año por medio de presupuestos flexibles.

La opción que más seduce al ministro es la de generar un cambio legal para que las instituciones hagan un solo aporte de sus utilidades por año y estos recursos se canalicen por medio del Presupuesto Nacional.

La primera necesidad del Gobierno es reducir el monto de la deuda pública, por esa razón, el Ejecutivo enviará a un proyecto de ley en marzo para pedirle a los diputados que aprueben una reforma legal que permita disponer del dinero de las utilidades con el fin de dirigirlo a la reducción de esa cuenta.

De acuerdo con Chaves, el Gobierno conversó previamente con todos los jerarcas y directivos de instituciones públicas a las que se les pedirán recursos y se tiene el consenso de todas estas representaciones.

Para 2020 Hacienda requiere de ¢1,63 billones para pagar los vencimientos de la deuda, esto quiere decir que el promedio mensual de pagos es de ¢136.524 millones. Si el Gobierno consigue el punto del PIB que busca (¢362.700 millones) tendría dinero para cubrir 2,6 meses en pago de vencimientos.

¿Eurobonos?
El Gobierno presentó la mañana del lunes 10 de febrero un proyecto de ley para que 11 instituciones públicas trasladen sus superávits a las arcas del Ministerio de Hacienda con el objetivo de amortizar la deuda pública. Fotografía: Jorge Castillo.
El Gobierno presentó la mañana del lunes 10 de febrero un proyecto de ley para que 11 instituciones públicas trasladen sus superávits a las arcas del Ministerio de Hacienda con el objetivo de amortizar la deuda pública. Fotografía: Jorge Castillo.

Sobre el nuevo plan de consolidación fiscal, el jerarca aseguró que se valoraron todas las opciones disponibles para conseguir resultados rápidos y por eso ahora le compete a los diputados avanzar con la discusión y aprobación de las iniciativas que se enviarán a Congreso.

“El presidente de la República, Carlos Alvarado, fue muy claro con nosotros, fue una promesa de campaña que él no iba a vender ningún banco, entonces ni siquiera se analizó esa opción. Al mismo tiempo, nos dijo que buscáramos un punto adicional del PIB de aquí al 30 de marzo para verderamente darle un golpe a la deuda y hay muchas opciones. Tal vez compras accionarias entre instituciones del Estado”, agregó.

El plan incluye un componente destinado a reemplazar deuda cara con la utilización de préstamos de apoyo presupuestario a una tasa ponderada del 3,14% y el acceso a nuevos recursos por medio de una emisión de bonos de deuda externa (eurobonos) por $4.500 millones más accesibles con una tasa de 5,25% a diez años.

El ministro aseguró que la rebaja en la calificación de riesgo de la deuda soberana de Costa Rica por parte de Moody’s obliga a replantear la solicitud de eurobonos que enviarán al Congreso ya que la degradación de la nota tiene un efecto cercano a los ¢150.000 millones más en el pago de intereses de la deuda por año.

Colaboró la periodista María Fernanda Cisneros.