"poder político"

Así, el futuro de esta disputa es de trascendental importancia para garantizar los efectos esperados de la reforma tributaria. Cualquier cambio que redefina que las acciones de ahorro en pluses se aplicarán únicamente –y como quiere la Corte– a los nuevos empleados, abriría la puerta para que otras instituciones tomen el mismo camino legal.

En su casa de habitación, con una vista panorámica de toda la Gran Área Metropolitana (GAM) y al calor de un café expreso; Aguilar conversó con EF sobre la pugna legal entre la Corte y la Contraloría General de la República (CGR) por el cumplimiento de las medidas de ahorro en salarios que impone la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635).

Esta entidad recibió ¢39.614 millones para operar este año, que representan el 8,5% del total del presupuesto del Poder Judicial. Su tarea es defender a quienes no pueden pagar un abogado para enfrentar procesos penales o sociales.

Los ánimos previos a la presentación del presupuesto nacional están bastante revueltos en el país. Hacienda libra un pulso con el Poder Judicial para que se acoja a la reforma tributaria, las municipalidades acudieron a la Sala Constitucional para eximirse de la regla fiscal y otros polvorines políticos en el Congreso atizan el malestar ciudadano.