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La demanda de seguridad crece en el país de 18,3 millones de habitantes: políticos de todas las corrientes espantados por las amenazas y los atentados, empresarios que temen ser secuestrados con fines extorsivos, medios de comunicación, entre otros.



La nueva ola de violencia se produjo en momentos en los que la fuerza del movimiento de los chalecos amarillos –que empezó hace cuatro meses y exige una justicia económica– ha disminuido. Las imágenes de la destrucción, incluido un incendio en un banco que envolvió en llamas un edificio residencial y puso en peligro la vida de una madre y su hijo, podría erosionar el apoyo del público.