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Los bríos que impulsan la iniciativa en el Congreso encontraron su motivación en un señalamiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tras un análisis del sistema financiero costarricense en 2018. El país corre contrarreloj para ingresar a esta organización internacional conocida como el “club de los países ricos”.

Cada entidad amoldará requisitos según su apetito de riesgo y lo activarán en el tiempo que consideren prudente, dentro de semanas o meses.

La propuesta debe ser vista con ciertos cuidados y recelos. La venta de activos o instituciones estatales en medio de una delicada situación fiscal y de una desaceleración económica podría desencadenar complejas negociaciones entre el Gobierno –interesado en obtener la mejor renta posible– y los clientes, dipuestos a exigir ciertas condiciones y benificiones jurídicos adicionales.