En la industria de los servicios para mascotas, especialmente en los negocios de grooming, la posibilidad de que un animal resulte herido o incluso fallezca bajo el cuidado de un profesional es una preocupación latente tanto para los dueños como para los empresarios.
El caso más reciente, ocurrido en julio pasado, involucra a un cachorro pomeranian de seis meses que sufrió graves lesiones de cadera durante una sesión de peluquería en un establecimiento en San Sebastián, San José. Las dueñas del cachorro denunciaron las presuntas agresiones a través de un video en redes sociales, donde se ve a una mujer manipulando bruscamente al perro y golpeándolo mientras lo cepilla.
Anteriormente, en enero de este mismo año, Daniela Chacón Salas denunció a una tienda de mascotas después de que su gato falleciera mientras recibía un servicio de peluquería en Multiplaza Escazú. Según Chacón, a la mascota le fue aplicada la eutanasia sin su consentimiento, a pesar de que el animal no presentaba complicaciones médicas previas.
¿Qué pasos inmediatos debe tomar un negocio en tal situación y cuáles son las implicaciones legales que podrían surgir?
Para abordar estas interrogantes, El Financiero conversó con Angie Portela, gerente legal de APriori Derecho Corporativo.
Según Portela, “todos los profesionales estamos sujetos a cometer errores, por lo que, desde el punto de vista legal, deberíamos asumir un protocolo o una política para mitigar los daños, como, por ejemplo, tener una excelente póliza de seguro”.
Además, la abogada enfatiza la importancia de contar con personal capacitado no solo para el servicio, sino también para brindar primeros auxilios a las mascotas.
Documentación crucial
Ante un incidente, Portela subraya que el propietario del negocio debe actuar de forma “inmediata, ética, transparente y documentada”. El primer paso ineludible es la atención de la mascota: “llevando al animal a un veterinario y cubriendo los gastos iniciales”. Inmediatamente después, se debe notificar a los dueños, ofreciendo un relato transparente y lo más documentado posible de los sucesos.
Portela recomienda levantar un “acta interna o parte de incidente” que debe incluir detalles como la fecha, una descripción de los sucesos, el contrato o requerimiento de servicio, fotografías o grabaciones de cámaras de seguridad (si existen), y conservar los registros de la cita del cliente y la documentación firmada.
Esto, según la especialista, es fundamental tanto para un reclamo de seguro como para “soportar un posible proceso o denuncia”.
Tipos de responsabilidad legal
En cuanto a los tipos de responsabilidad legal que pueden aplicarse, Portela explica que, aunque “los animales en el ordenamiento tienen un tratamiento como objetos”, existen varias categorías.
La responsabilidad contractual aplica si hay un documento firmado que establezca condiciones específicas.
La responsabilidad civil, regulada por el Código Civil, se configura “si se prueba que el daño fue producto de una omisión, imprudencia o falta de pericia del prestador del servicio”.
Finalmente, la vía penal podría abrirse “dependiendo de la gravedad de lo sucedido”, por maltrato animal.
Para determinar la responsabilidad en un tribunal, se considerarán varios elementos: la solicitud del servicio, la existencia de negligencia o dolo (es decir, que la persona o empresa no llevaron a cabo su labor), la prueba del deber de cuidado esperado o profesionalismo, la capacitación del personal, la existencia de protocolos de seguridad y manejo, y el historial de incidentes previos.
En términos de compensación, Portela indica que se puede reconocer al propietario el derecho a ser resarcido por “gastos veterinarios, daño emergente y eventualmente daño moral, dependiendo de la prueba y de las circunstancias”.
Implicaciones adicionales
Más allá de la compensación económica, la negligencia grave o un patrón de incidentes similares pueden acarrear consecuencias más severas para un negocio de grooming. Entre ellas se encuentran “investigaciones administrativas por parte del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), especialmente si hay denuncias por maltrato animal”, la “clausura temporal o definitiva del establecimiento” si no cumple con condiciones sanitarias o legales, y un “daño reputacional grave y pérdida de la confianza de los clientes”.
Para mitigar estos riesgos legales, Angie Portela recomienda una serie de medidas preventivas:
- Tener seguros específicos de responsabilidad civil profesional.
- Capacitar al personal en manejo animal seguro y en primeros auxilios veterinarios.
- Implementar protocolos claros y firmados de atención, autorización informada y consentimiento del cliente.
- Usar formularios de exoneración de responsabilidad, que si bien no eximen de toda obligación, sirven como prueba de información y acuerdo previo.
- Mantener bitácoras diarias, cámaras, historial de atención y trazabilidad en cada cita.
