¿Tiene resultados reales el financiamiento no reembolsable cuando se otorga a negocios en etapas tempranas? El acceso a estos fondos, que no requieren ser devueltos por el beneficiario, a menudo genera dudas sobre su verdadero retorno para la economía nacional.
Para dar respuesta a esta interrogante, el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie) publicó un estudio que evidencia el impacto de este tipo de desembolsos en micro y pequeños emprendimientos rurales en Costa Rica.
La investigación analizó el comportamiento de 34 proyectos apoyados por la agencia operadora Activa-Catie y el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) entre los años 2020 y 2022. Fue elaborada por Katherine Castellón Reyes, graduada de la Escuela de Posgrado del Catie, junto con los investigadores Vladimir Valera, Ricardo Padrón y Fernando Casanoves.
La evidencia recopilada confirma que el capital semilla funciona como un instrumento estratégico que reduce las barreras de entrada al mercado, impulsa la sostenibilidad y dinamiza la economía de los territorios fuera de la Gran Área Metropolitana.
“La investigación permitió estimar que, aproximadamente un año después de la fase de implementación del capital semilla, el Estado recupera el capital aportado”, señaló Castellón.
En Costa Rica diversas entidades brindan recursos a través de programas de apoyo a emprendimientos y micro y pequeñas empresas con fondos no reembolsables.
El SBD, por ejemplo, otorgó ¢12.596 millones para capital semilla desde el año 2018 al 2025. De ellos, ¢2.651 millones fueron durante el último año, según las estadísticas de la entidad.
El 29% fue para 513 proyectos del sector agropecuario que generaban 1.944 empleos y fueron canalizados por 16 agencias del Sistema.
Resultados según el estudio
El estudio detalló que la inyección de recursos no es un gasto a fondo perdido, sino una inversión pública con efectos cuantificables.
Entre los principales resultados destacan los siguientes:
Recuperación de la inversión: El Estado recupera el capital aportado en un plazo de dos años tras el desembolso. Este retorno se logra mediante la recaudación del impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto sobre la renta y el pago de cargas sociales asociadas a los nuevos puestos de trabajo.
Generación de empleo: Los 34 proyectos evaluados crearon 195 nuevos puestos de trabajo. Destaca un aumento del 240% en la contratación de mujeres y jóvenes, así como un incremento del 230% en la empleabilidad de personas adultas mayores. Además, las mujeres asumieron mayores roles de liderazgo y propiedad en los emprendimientos.
Formalización empresarial: Un total de 29 proyectos lograron su formalización legal ante el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Este paso les permite integrarse a nuevas cadenas de valor y facilita su futuro acceso a financiamiento bancario tradicional.
Prácticas ambientales: El 94% de la muestra (32 emprendimientos) incorporó la sostenibilidad en su modelo de negocio. Gracias a la asistencia técnica, implementaron acciones como la gestión eficiente del agua, el uso de energías renovables, la economía circular y la conservación de bosques.
“Los programas de incubación que integran financiamiento no reembolsable, acompañamiento estratégico para el fortalecimiento de capacidades y seguimiento técnico generan beneficios económicos, sociales y ambientales que trascienden la inversión inicial”, indicó Vladimir Valera, coordinador del Laboratorio de Innovación y Emprendimiento Activa-Catie.

Recomendaciones
Para que el modelo de financiamiento no reembolsable alcance todo su potencial y consolide ecosistemas empresariales más resilientes, los investigadores emitieron una serie de recomendaciones dirigidas a los tomadores de decisiones y creadores de políticas públicas:
Ampliación de los programas: Extender los fondos de capital semilla no reembolsable, con un enfoque prioritario en las etapas tempranas de los negocios rurales, periodo en el que enfrentan los mayores obstáculos.
Acompañamiento obligatorio: Vincular la entrega de recursos con mentorías y apoyo técnico empresarial para asegurar el éxito y la correcta ejecución de los fondos.
Fortalecimiento local: Apoyar a las agencias operadoras que cuentan con arraigo y experiencia comprobada en los territorios rurales.
Priorización de impacto: Dar preferencia a proyectos liderados por mujeres, jóvenes o grupos vulnerables, así como a aquellos emprendimientos basados en la naturaleza que generen beneficios ambientales y sociales.
Medición constante: Establecer indicadores sociales, económicos y ambientales sistemáticos que permitan visibilizar el retorno de la inversión que realiza el Estado.
Articulación de políticas: Alinear estos apoyos financieros con estrategias nacionales vigentes, como el Plan de Descarbonización y la Estrategia Nacional de Bioeconomía.
Búsqueda de escalabilidad: Preparar a las pequeñas empresas para que, una vez superada su etapa inicial, logren acceder a créditos formales, mercados amplios y procesos de compras públicas.
