Yara Jiménez Fallas (52 años), diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), fue electa como presidenta del Congreso para la primera legislatura del período 2026-2030. Su designación coloca al oficialismo al frente de la Asamblea Legislativa en el inicio del nuevo cuatrienio.
La representante oficialista obtuvo 31 votos —correspondientes a su bancada—, superando el mínimo de 29 respaldos requerido para asumir la presidencia del Directorio Legislativo.Con este resultado, la diputada se convierte en la quinta mujer en presidir la Asamblea Legislativa.
Antes de llegar al Congreso, Jiménez se desempeñó como secretaria general del Consejo de Gobierno y asesora en Casa Presidencial durante la administración Chaves Robles, posiciones desde las cuales consolidó su cercanía con el Ejecutivo.
Experiencia
Jiménez es abogada y notaria de profesión. Su biografía publicada en el sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) indica que la diputada cuenta con una Maestría en Derecho Público de la Universidad de Costa Rica (UCR), así como una Especialidad en Derecho Constitucional en la Universidad de Pisa, Italia.
Pese a su formación académica, asume la presidencia legislativa sin experiencia en el Plenario ni en la conducción de ministerios, a diferencia de su predecesor, el exdiputado Rodrigo Arias, quien ocupó el Ministerio de la Presidencia en dos administraciones (1986-1990 y 2006-2010).
La abogada inició su trayectoria laboral en el sector público en 1995 al ingresar al Banco Central de Costa Rica (BCCR) como asesora jurídica.
Posteriormente, laboró durante nueve años en la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda y, más adelante, se integró a la Tesorería Nacional, donde colaboró directamente con los despachos ministeriales de la cartera.
“Ha asesorado en las materias propias de cada despacho para el cual ha servido como abogada, ha redactado criterios legales, procedimientos, recursos de amparo, acciones de inconstitucionalidad, decretos, proyectos de ley, representación en distintas reuniones internas y externas de las instituciones para las cuales ha laborado”, indica su biografía.
Cercanía con Rodrigo Chaves
El vínculo entre Jiménez y el presidente Rodrigo Chaves se remonta a su paso por el Ministerio de Hacienda, cuando él dirigía esa cartera. Con su llegada a la Presidencia, Chaves la designó como secretaria general del Consejo de Gobierno.
Durante esa administración, también asumió la jefatura de la Unidad Asesora de la Propiedad Accionaria del Estado y la Gestión de las Instituciones Autónomas, reforzando su rol en la coordinación de temas estratégicos vinculados al sector público.
Chaves manifestó meses atrás que le aconsejaba a Jiménez eliminar los controles políticos dentro de la Asamblea Legislativa.
“Yo la conozco como la secretaria del Consejo de Gobierno. Es una abogada muy sólida, una mujer muy preparada, tiene un carácter muy ameno, siempre es una mujer de trato sencillo. Busca la solución y no poner el palo a la carreta”, expresó la presidenta electa Laura Fernández en conferencia de prensa en febrero pasado.
Por otra parte, Jiménez también representó a Costa Rica como delegada oficial ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en el capítulo de Trabajo sobre Propiedad Estatal y Prácticas de Privatización.
Audiencias en la Asamblea
Si bien Yara Jiménez laborará por primera vez en Cuesta de Moras, su paso por el Ejecutivo la llevó en varias ocasiones a rendir cuentas ante el Congreso. Como secretaria del Consejo de Gobierno y asesora presidencial, compareció ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público en episodios de alta sensibilidad política.
En julio de 2025, fue cuestionada por el nombramiento de una Junta Directiva temporal del Banco Nacional tras la destitución del órgano. En esa audiencia, defendió que la designación de los directivos interinos respondió a criterios de urgencia y transitoriedad, y que se sustentó en registros de elegibles ya existentes.
Meses después, en enero de este año, volvió a comparecer ante el Congreso por un tema más complejo: la intención del Gobierno de conceder el proyecto Barranca-Limonal a la firma mexicana Tradeco. La audiencia se centró en alertas dadas por distintas entidades, entre ellas la Oficialía de Cumplimiento Corporativo del Instituto Nacional de Seguros (INS), que indicó inconsistencias en la constructora, en medio del impulso del Ejecutivo para otorgarle un seguro de caución por $180 millones. El caso evidenció tensiones entre criterios técnicos y decisiones políticas, y situó a Jiménez en el debate sobre transparencia en la contratación pública.
Jiménez también fue señalada de haber liderado el despido irregular de miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), institución constitucionalmente autónoma. La exdirectiva Maritza Jiménez declaró ante los diputados que fue destituida por oponerse a decisiones que ignoraban criterios técnicos, y que todo el proceso fue conducido desde el Consejo de Gobierno bajo la dirección de Yara Jiménez. Otra exdirectiva, separada en las mismas circunstancias, tuvo que ser reincorporada por orden de la Sala Constitucional.
El arribo de Jiménez a la presidencia legislativa marca el inicio de un periodo en el que el oficialismo conducirá la agenda.
