El Gobierno de los Estados Unidos ha tomado decisiones inéditas en las últimas semanas relacionadas con altos funcionarios de Costa Rica. Desde mediados de febrero, le retiró sus visas para ingresar a territorio norteamericana a dos diputadas, un diputado y una alta funcionaria del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
A pesar de que la Embajada de Estados Unidos se ha negado a aclarar el motivo de la administración norteamericana para realizar dichas gestiones, las revocatorias de los visados llegaron solo dos semanas después de la visita a Costa Rica del secretario de Estado de la administración Trump, Marco Rubio. En ese contexto, el máximo representante de la diplomacia estadounidense afirmó que el gobierno estadounidense cooperaría con el costarricense para “distinguir” y “castigar” a aquellas personas en puestos de poder que, según su criterio, plantearan amenazas para Costa Rica en materia de ciberseguridad.
¿Qué se sabe, qué se especula y qué se desconoce sobre las visas revocadas por Estados Unidos a altos funcionarios costarricenses? EF le explica.
¿Cuáles visas fueron revocadas?
Desde mediados de febrero pasado, dos diputadas del Partido Liberal Progresista (PLP), un diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y una alta funcionaria del ICE han informado de que recibieron comunicaciones oficiales por parte del gobierno de los Estados Unidos sobre la revocatoria de sus visados para ingresar a la potencia norteamericana.
Estas personas fueron las diputada del PLP, Johana Obando y Cynthia Córdoba, el 19 de febrero; la auditora general del ICE, Ana Sofía Machuca, el 20 de febrero; y el diputado del PLN, José Francisco Nicolás, este 4 de marzo.
Ante una consulta de EF, el despacho de la diputada Obando confirmó que se le retiraron las visas que ostentaba como diputada y como ciudadana costarricense, a título personal; y detalló que no se le indicaron plazos específicos de suspensión, sino que únicamente recibió “un correo tipo machote”, sin mayores detalles.
Algunas de estas revocatorias —al menos en los casos de Obando y de Córdoba— se habían aprobado desde el 15 de enero pasado, durante el gobierno del demócrata Joe Biden. Sin embargo, se ejecutaron hasta luego del regreso a la presidencia estadounidense del republicano Donald Trump y de la visita de Marco Rubio al país.
¿Qué había advertido Marco Rubio?
Durante su visita a Costa Rica, el secretario de Estado norteamericano había destacado positivamente las gestiones del gobierno del presidente Rodrigo Chaves que limitan la participación de empresas de países como China en los concursos para proveer tecnologías y servicios de 5G en Costa Rica. Puntualmente, Rubio aplaudió que el gobierno costarricense hubiera restringido la participación de empresas de países que no han ratificado el Acuerdo de Budapest sobre cibercriminalidad.
Esta es una prohibición que ha afectado directamente los intereses del gigante de las telecomunicaciones Huawei, que antes ha sido importante proveedor del ICE en múltiples contrataciones.
Rubio, además, había dicho que Estados Unidos trabajaría junto al gobierno costarricense para imponer sanciones a altos funcionarios que cedieran a “chantajes” o “amenazas”; los cuales, dijo, son comunes al enfrentarse a “compañías como esas”.
“Hay individuos en poder y en instituciones que se prestan, por diferentes razones, a apoyar a esos que le hacen daño al Estado y a los intereses de un pueblo”, declaró en aquel momento el representante de los Estados Unidos y añadió: “Vamos a trabajar muy junto con ustedes a ver qué consecuencias se pueden traer en casos como estos, que no se deben permitir, y qué podemos hacer para ayudarles a ustedes a castigar ese tipo de actitudes por parte de oficiales y de personas que se encuentran en cargos importantes”.
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¿Cómo se relacionan ambas cuestiones?
A pesar de la coincidencia temporal, la diplomacia de Estados Unidos no ha confirmado que exista relación entre las palabras de Rubio y el retiro de los visados.
Consultada por medios nacionales, la Embajada de Estados Unidos en San José afirmó que los procesos de visados son “confidenciales” y que, por lo tanto, no podrían referirse sobre los casos específicos de las revocatorias, ni sobre sus motivos puntuales.
En contraposición a esa postura, la jefa del oficialismo en el Congreso, la diputada Pilar Cisneros, dijo a la prensa que “no le extrañaba” el retiro de los visados a los altos funcionarios costarricenses y agregó que “en guerra avisada no muere soldado”.
“Cuando vino Marco Rubio (…) dijo que Estados Unidos se reservaba el derecho contra gente o instituciones que hayan impulsado proyectos o acciones que Estados Unidos consideraban peligrosos y, por ejemplo, ellos están evidentemente en contra del avance de Huawei”, indicó a Diario Extra.
Diputados como Obando y Nicolás han sido cuestionados públicamente por el presidente Rodrigo Chaves por reunirse con representantes de la empresa Huawei. También lo ha sido el legislador Juan Pablo Sibaja, del Partido Nueva República (PNR), quien indicó recientemente indicó que su visado para ingresar a Estados Unidos está vencido desde hace varios meses y que no ha recibido ninguna comunicación sobre la prohibición de su ingreso a ese territorio.
La auditoria Machuca, por otra parte, había alertado sobre “el riesgo de continuidad de negocio” que representaba para el ICE la paralización de las licitaciones relacionadas con tecnologías 5G, ocasionada por las exclusión de participantes y su traslado a los tribunales por parte de actores afectados.
¿Cómo han reaccionado los involucrados?
Las diputadas Johana Obando y Cynthia Córdoba renunciaron este 6 de marzo a la fracción del Partido Liberal Progresista. Esto ocurrió apenas semanas después de que el PLP lanzara un tibio comunicado para “solidarizarse” con ellas por el retiro de sus visados, pero en el que agregó “respetar” la decisión del gobierno de los Estados Unidos.
Luego de su renuncia al PLP, Obando dijo por medio de otro comunicado de prensa que para ella “era insostenible pertenecer a una fracción que no ha tomado una posición clara frente al Poder Ejecutivo; mientras que Córdoba añadió que el partido únicamente ha priorizado sus ”intereses electorales”.
Por otra parte, el diputado del PLN, José Francisco Nicolás, abordó el tema por medio de un texto que remitió a la prensa. En él, aseguró ser “respetuoso” de la decisión de Estados Unidos, pero agregó que le llama “poderosamente la atención” porque hasta ahora había mantenido una relación cordial con los representantes del país norteamericano en Costa Rica.
Por ello, dijo, le era “difícil no pensar que esta decisión pudo haberse visto influenciada por alguna solicitud de la administración Chaves”, pues, desde su punto de vista, el presidente costarricense “ha buscado silenciar a quienes pensamos diferente a toda costa”.
Sobre sus reuniones con representantes de Huawei dijo que no han tenido relación alguna con contrataciones de la empresa china; sino con presuntas irregularidades en Racsa por las cuales ha presentado relaciones de hechos al Ministerio Público.
La auditora del ICE, Machuca, también dijo considerar que hay "una intención de callar voces" y, en su caso, detener o limitar las funciones que realiza como fiscalizadora del Instituto.
En un tono similar, la expresidenta de la República, Laura Chinchilla, incluso calificó lo ocurrido hasta el momento como un caso de “venganza elevada” a nivel de “política internacional”.
No hay duda de que a solicitud de nuestro gobierno.
— Laura Chinchilla M. (@Laura_Ch) February 20, 2025
La venganza elevada a nuestra política internacional.
Atrás quedaron los años cuando se le pedía al vecino del norte apoyar la paz en Centroamérica, cambiarnos deuda por bosques, o auparnos para el ingreso a la @OECD
Ahora… https://t.co/jWHY2GyPfo
El presidente Rodrigo Chaves ha negado esta versión y dice que el gobierno estadounidense tomó “una decisión soberana”.
¿Realidad o especulación?
Carlos Murillo, especialista en relaciones internacionales y director del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, dijo al periódico La Nación que el retiro de los visados por parte de Estados Unidos permite realizar “especulaciones”, por el momento y el contexto en el que todo ha ocurrido.
En ese sentido, indicó que no se puede descartar, ni tampoco confirmar, que el gobierno del presidente Rodrigo Chaves haya estado involucrado con la gestión.
Más allá de las posibles implicaciones directas, Murillo destacó que el gobierno costarricense no ha reaccionado para cuestionar la decisión de Estados Unidos, a pesar de que esta involucra a altos mandos del país; y “más bien algunos funcionarios o representantes de la actual administración han dicho que ya se les había advertido“.
Esto, dijo, ”hace pensar que el tema tiene un trasfondo político y no solo un trasfondo estrictamente técnico”, y “conduce a pensar que sí hay algún tipo de vinculación o de interés”. “Si la evidencia es equivocada, entonces debería de aclararse”, puntualizó.
El presidente, sin embargo, dijo de forma posterior a la cancelación de las visas de las diputadas Obando y Córdoba que no tenía por qué defender a otros funcionarios.
“Es una decisión inapelable, no es recurrible, no soy quién para defender a un par de personas que deberían de ser conscientes de las consecuencias de sus actos, ya las he criticado pero no soy quién para juzgarlas”, señaló en una gira por el cantón de Corredores, en la Zona Sur del país.
