Los estudiantes de las universidades públicas no dependen únicamente de su desempeño académico para mantenerse en las aulas. Detrás de cada curso matriculado también hay factores económicos que terminan definiendo la continuidad del estudiantado y quién enfrenta mayores obstáculos para hacerlo.
Actualmente, el 52,9% de los universitarios de instituciones estatales depende de una beca otorgada por su casa de estudios para cubrir los gastos académicos. En 2019, esa realidad alcanzaba al 48,8% de la población estudiantil, lo que evidencia un aumento en la dependencia de este tipo de apoyo económico.
Los datos forman parte del estudio Caracterización de la población estudiantil de las universidades públicas 2025, elaborado por el Observatorio Laboral de Profesiones (OLAP) del Consejo Nacional de Rectores (Conare).
El informe está basado en entrevistas realizadas a 12.214 estudiantes con al menos un curso matriculado durante el primer ciclo lectivo de 2025 en universidades públicas. El estudio excluyó a estudiantes de posgrado.
En contraste con el crecimiento de las becas como fuente de apoyo, disminuyó la cantidad de estudiantes que financian sus estudios con ingresos propios. Mientras en 2019 el 29,1% de los encuestados reportó generar recursos mediante trabajo, en 2025 la cifra cayó al 22,1%.
La información fue recopilada mediante consultas de opción múltiple, por lo que cada estudiante podía seleccionar varias formas de financiamiento.

Medios de financiamiento
Después de las becas, las ayudas familiares se consolidan como el segundo soporte económico para la población universitaria. Un 40,4% de los encuestados afirmó depender de recursos provenientes de sus familias, aunque el porcentaje también muestra una disminución frente a 2019, cuando más de la mitad indicó apoyarse en esa vía.
Además, el 17% de los estudiantes señaló que combina entre dos y tres mecanismos distintos para cubrir sus gastos universitarios.
Cuando se analiza cuál es la única fuente de financiamiento disponible, el peso de las becas se vuelve todavía más evidente: el 38,5% aseguró depender exclusivamente de ese recurso para continuar estudiando.
Inversión de tiempo
El estudio también revela que el 27,6% de los estudiantes combina sus estudios con trabajo. Aunque esto representa poco más de una cuarta parte de la población universitaria, la cifra es menor a la registrada en 2019, cuando alcanzó el 30%.
Más allá de la cantidad de estudiantes que trabajan, el principal reto aparece en la cantidad de horas que destinan al empleo. En promedio, quienes estudian y trabajan laboran 36,5 horas semanales, una jornada cercana al tiempo completo.
“Para llevar adelante un proyecto universitario no es solo tener el dinero para poder financiarlo, sino también hay otro recurso que es muy importante: el tiempo”, explicó Gustavo Navarro, investigador de la OLAP.
A esto se suma que muchos estudiantes aún no cuentan con el perfil requerido para acceder a ocupaciones calificadas, por lo que sus ingresos suelen ubicarse por debajo del salario mínimo establecido para ese tipo de puestos, según detalla el informe.
Vulnerabilidad financiera
Las condiciones económicas de los hogares también reflejan un escenario de mayor presión financiera para la población estudiantil.
La proporción de estudiantes que asegura que en su hogar “no les alcanza el dinero” y enfrentan “grandes dificultades” económicas pasó de 9,2% en 2022 a 10,9% en 2025.
El panorama también muestra un deterioro en la capacidad de ahorro. Mientras en 2022 un 19,8% de los encuestados indicó que los ingresos del hogar les alcanzaban bien y permitían ahorrar, en 2025 ese porcentaje cayó al 15,6%.
En paralelo, el 42,9% afirmó que los recursos económicos apenas les alcanzan para cubrir sus necesidades, mientras que un 30,5% señaló que el dinero no les alcanza.
Los resultados del informe evidencian que las becas y el apoyo económico externo continúan funcionando como uno de los principales soportes para sostener la permanencia en la educación superior pública.
