EscucharEl directorio legislativo que se instalará con el ingreso de los nuevos diputados, a partir del 1.° de mayo, apunta a quedar completamente en manos del partido oficialista, algo que no ocurría desde 2001.
Hace más de dos décadas, esa condición fue alcanzada por representantes del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Ahora, todo indica que se repetirá, pero por medio de una agrupación política sin experiencia previa en el ejercicio legislativo y con casi cuatro años de existencia.
El Partido Pueblo Soberano (PPSO) anunció a sus postulantes para ocupar los seis puestos del directorio, lo cual será tarea sencilla de lograr ya que se requieren 29 votos para elegir cada puesto y ellos contarán con 31 diputados en el Plenario.
Contar con ese dominio se convierte en un factor ventajoso para el gobierno de Laura Fernández, ya que el directorio decide qué se vota, cuándo se vota y cómo se tramita. Es decir, el oficialismo podría ordenar la agenda política desde Cuesta de Moras.
El 54% de dominio que tiene el oficialismo en las curules también se traslada en mayor presencia en las comisiones. Esto provoca que tengan el posicionamiento en comisiones estratégicas donde podrán agilizar, modificar o incluso neutralizar antes de que los proyectos de ley lleguen al Plenario.
Kattia Benavides, politóloga y analista de temas legislativos, comentó que “más que una concentración de poder, se trata de una acción estratégica donde al no tener mayoría calificada —38 votos— convierten la mayoría que tienen en una mayoría funcional”.
Directorio oficialista
El Congreso se encuentra a pocas semanas de experimentar cambios más allá del inicio de una nueva legislatura. La llegada de un nuevo grupo de diputados moverá las piezas del tablero legislativo en un ejercicio que perfila un mayor músculo político para el oficialismo.
El dominio del PPSO, agrupación que llevó a Laura Fernández al poder, funcionará como una llave para el funcionamiento del Poder Legislativo, pues podrá definir cuáles proyectos avanzan primero, cuáles se postergan e incluso cuáles no llegarán a discutirse.
Esto provocará que las iniciativas e intereses surgidos desde Zapote encuentren mayor apertura en Cuesta de Moras. Aun así, el escenario previsto para el próximo año legislativo no elimina la necesidad de negociar votaciones clave, ya que una mayoría simple no basta para decisiones como destituir o impedir la reelección de magistrados, ni para impulsar reformas constitucionales sin acuerdos con otras bancadas.
En medio de la fortaleza política que tendrá el oficialismo, pero también de sus límites numéricos, la bancada propuso oficialmente a Yara Jiménez como presidenta del directorio. Se trata de un cargo estratégico, pues quien lo ocupa preside, abre, suspende y cierra las sesiones legislativas.
El artículo 27 del Reglamento de la Asamblea Legislativa establece que la presidencia legislativa dirige la discusión en el Plenario e indica “el punto o los puntos sobre los cuales deba recaer la votación”.
Otro elemento estratégico de que el Gobierno cuente con una Asamblea presidida por el oficialismo radica en que quien ocupe ese puesto puede asumir de forma interina la Presidencia de la República ante la ausencia del mandatario y de sus vicepresidentes. De esa manera, el país se mantendría bajo una misma línea política de mando.
El directorio también se integra por las vicepresidencias, la I y II secretaría, así como la I y II prosecretaría. Para esos cargos, el PPSO propuso a Esmeralda Britton, Gerald Bogantes, Reynaldo Arias, Kattia Mora y Nayuribe Guadamuz.
De concretarse ese escenario, una sola bancada asumiría el control total del orden interno del Congreso. Benavides añadió que “vamos a encontrarnos en una dinámica completamente diferente a la que hemos estado acostumbrados en un sistema multipartidista. Será el poder político ejercido desde la institucionalidad”.
Un aspecto cobra todavía mayor relevancia: la presidencia legislativa también se encarga de distribuir a los diputados en las comisiones, espacios considerados el primer filtro para analizar, discutir y dictaminar proyectos antes de su eventual paso al Plenario.
Ventaja desde las comisiones
Si Yara Jiménez se convierte en la presidenta del Congreso, automáticamente tendrá la potestad de nombrar a los integrantes de las comisiones permanentes. El reglamento señala que en esa tarea se le debe dar participación a todas las fracciones políticas representadas en la Asamblea.
Las comisiones permanentes se dividen en Gobierno y Administración, Asuntos Económicos, Asuntos Hacendarios, Asuntos Sociales, Asuntos Jurídicos, y Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales. En cada uno de esos grupos se analiza, discute, estudia y dictamina cada proyecto de ley vinculado con su área de especialización, con el fin de determinar su avance hacia el Plenario.
Como consecuencia de la amplia presencia del oficialismo en Cuesta de Moras, las comisiones contarán con mayor músculo político frente a diputaciones unipersonales como Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y el Partido Unidad Social Cristiana, que tendrán poco peso al momento de oponerse o proponer.
“Eso (la mayoría oficialista) les permitirá dictaminar fácilmente los proyectos que les interesan, también votar negativamente o archivar los proyectos que no les gustan o no les interesan en su etapa de comisión, o al menos restarles viabilidad”, explicó Daniel Calvo, experto en política legislativa.
Tanto el CAC como el PUSC enfrentarán otra desventaja: su reducido peso legislativo provoca que, aunque soliciten integrar una comisión en específico, sean las fracciones con menor prioridad al momento de conformarlas, según Benavides.
Aun así, la lógica de la distribución en comisiones procura que estos espacios sean integrados por legisladores con experiencia o afinidad en el área que analizarán.
La composición de las comisiones permanece vigente durante todo el año legislativo y se actualiza al inicio de cada nuevo ciclo, de modo que la negociación de mayo será determinante para la dinámica parlamentaria del periodo.
El próximo año legislativo arrancará con una configuración inédita en las últimas décadas: una sola bancada concentrará la conducción administrativa del Congreso y la mayor cuota de influencia en sus principales órganos de trabajo. Ese punto de partida redefine la correlación de fuerzas dentro de Cuesta de Moras y coloca al resto de fracciones en una posición reactiva desde el inicio del periodo.
