EscucharRodrigo Chaves llegó a la Presidencia de la República hace tres años y siete meses y, desde entonces, instauró una dinámica de ataques directos y constantes hacia sus principales contrapesos y a las personas que los representan.
A menudo, acusa a esas instituciones y funcionarios de defender supuestos intereses ocultos y los convierte en su blanco favorito para culparlos de las principales crisis que vive el país, problemas cuya resolución hasta hace poco todavía se exigía casi exclusivamente a los gobernantes.
El mandatario prometió en su primer discurso en funciones que “jamás usaría la excusa de que este país no se puede gobernar”, pero terminó no solo adoptando, sino perfeccionando ese guion.
Hoy, según las últimas encuestas del CIEP-UCR, seis de cada 10 costarricenses valoran positivamente la gestión del presidente y la misma proporción dice que su gobierno debería continuar, a pesar de que siete de cada 10 desconfían de que puedan resolver el principal problema del país.
El fenómeno es extraño, pero comprensible, según analizó el Programa Estado de la Nación (PEN). Con sus constantes ofensivas, el presidente Chaves y su gobierno han logrado cambiar la lógica de fiscalización y ahora, “en vez de dar cuentas por los resultados de sus políticas”, es el propio Poder Ejecutivo el que cuestiona a las instituciones creadas para vigilar la acción pública. Así lo resumió el centro académico en su último informe, publicado el pasado 13 de noviembre.
En ese escenario, Chaves ha ganado y las instituciones se ven amenazadas, pues el desplazamiento de las responsabilidades y de las culpas podría restar legitimidad a las instituciones que fiscalizan, vigilan y equilibran políticamente el poder del gobierno en Costa Rica en el largo o mediano plazo, aunque en el corto sigan teniendo una buena imagen y credibilidad.
Las entidades siguen operando normalmente, la ley se sigue respetando, y las calificaciones ciudadanas hacia ellas no han caído, pero se abrió una puerta para su asedio que hasta ahora había permanecido cerrada.
Las erosiones no siempre generan derrumbes, pero pueden hacerlo cuando se ignoran.
Populista y poco liberal
Los ataques de Chaves hacia las instituciones que funcionan como contrapesos del gobierno han sido distintos a las críticas expresadas por otros mandatarios en el pasado. Por un lado, han sido más frecuentes y, por otro, han sido mucho más pesados en su tono, explicó la coordinadora del PEN, Natalia Morales, en reciente entrevista con el programa Hablando Claro, emitido por Radio Columbia.
Aunque históricamente ha habido desencuentros entre gobernantes, fiscalizadores y otros poderes, en el caso de Chaves las alusiones hacia los demás han sido principalmente “desacreditaciones” y, muchas veces, de carácter estrictamente “personal”.
En cuanto a la frecuencia de los ataques, el PEN también determinó que el presidente, sus ministros y otros jerarcas organizaron 168 conferencias de prensa hasta abril de 2025: “una cifra inédita” de este tipo de actos públicos que, según el think tank, dejaron de ser un espacio típico de comunicación y se han convertido en “un recurso para atacar a otros poderes de la República y sus integrantes”.
Según redactaron los investigadores en su informe, Chaves convirtió ese uso del “megáfono” en “su arma política por excelencia”, incluso acusando a sus contrapesos de “perseguirle” cuando únicamente han cumplido sus funciones, cuestionándolo.
Asimismo, observaron que el Poder Ejecutivo intensificó sus ataques en momentos claves; por ejemplo, cuando ha querido impulsar alguna iniciativa compleja o cuando ha intentado contrarrestar eventos que podían debilitar su imagen pública.
El informe no explica a fondo las causas de ese comportamiento, pero plantea dos hipótesis. Por un lado, están los factores ideológicos y estratégicos del gobierno, que abiertamente dice que quiere seguir en el poder. Por otro, la mera personalidad del presidente Chaves, que estudios académicos definen como altamente populista y poco liberal en lo político.
El PEN incluso citó una investigación de la Universidad de North Carolina Chapel Hill, en Estados Unidos, la cual evaluó a los discursos de los mandatarios de toda América Latina según sus niveles de respeto a las instituciones (liberalismo político) y su inclinación por buscar apoyo popular, aún a costa de medidas contrarias al sistema democrático (populismo).
Como resultado, Chaves se clasificó como poco liberal (6 de 100) y altamente populista (88 de 100): con niveles cercanos a los de otros líderes controvertidos y conocidos por sus prácticas antidemocráticas como Nayib Bukele (1 y 88) o Nicolás Maduro (0 y 81).
Resistencia momentánea
Según el PEN, las instituciones que han recibido una mayor cantidad de ataques por parte de Chaves y su equipo han sido la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, el Poder Judicial y la Sala Constitucional; aunque recientemente también se ha sumado el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), conforme se acerca la campaña electoral.
No obstante, a pesar de la constancia de esos ataques, la credibilidad de la ciudadanía en esas entidades no ha disminuido en los estudios de opinión.
El Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la UCR consulta regularmente en sus encuestas por la evaluación ciudadana de organismos como el TSE, la Asamblea Legislativa, los partidos políticos, la Contraloría, el Poder Judicial, la Sala Constitucional y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ); y ninguno ha registrado una caída estadísticamente significativa hasta ahora.
Ronald Alfaro, coordinador de los estudios de opinión del CIEP, señaló que esta es una buena medida para determinar si hay un nuevo desgaste institucional y dio dos motivos para ello.
El primero, dijo, es que la consulta se realiza desde hace muchos años, independientemente de quién gobierne; y el segundo, añadió, es que la calificación final que se registra es un promedio, por lo que sería fácil notar si hay algún segmento de la población que experimenta un nuevo rechazo particular.
El discurso de Chaves contra diversas instituciones y sus representantes ha sido explícito. Entre otros episodios, impulsó y participó en una marcha contra el fiscal general Carlo Díaz, quien dirige múltiples investigaciones en su contra; planteó un referéndum para restarle potestades a la Contraloría tras objeciones de esa entidad sobre varias contrataciones que pretendía realizar el gobierno sin sustento legal; y calificó a la Sala Constitucional como “uno de los errores más graves que hemos cometido en nuestra historia, por el diseño”, luego de varios fallos que ha anulado decisiones suyas.
Más recientemente también ha cuestionado la credibilidad del TSE —la misma institución que lo declaró ganador en 2022— y ha dirigido frecuentes desplantes y alusiones negativas a diputados opositores de la Asamblea Legislativa, donde ha dicho que debería haber más “patriotas” como los legisladores oficialistas.
La dinámica de ataques también se ha extendido a la prensa: un sector al que Chaves llegó a calificar como una “fauna” en la que también había “ratas”.
Sin embargo, la ciudadanía también parece mantenerse relativamente ajena a esa deslegitimación hasta este momento.
Según la última Encuesta sobre libertad de expresión y confianza en medios de comunicación, siete de cada 10 costarricenses mayores de 18 años dicen confiar en el trabajo de quienes ejercen el periodismo: incluso uno más que en 2023, cuando se publicó la primera edición del estudio.
El estudio fue elaborado en septiembre pasado por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la UCR.
A esas mediciones de opinión se suman las del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la UNA, cuya encuesta más reciente se elaboró a finales de octubre y determinó que el mismo Tribunal Supremo de Elecciones tenía un mejor índice de confianza (6,45) que el del Poder Ejecutivo (6) por parte de la ciudadanía.
El dato sorprendió en momentos en que el presidente Chaves acusa al TSE de perseguirlo, por la aplicación que hace el Tribunal de las normas sobre beligerancia política que impiden al Poder Ejecutivo intervenir en procesos electorales. Estas medidas se aplican desde hace un siglo para evitar que los gobiernos usen su influencia y su ventaja de exposición para incidir en las campañas, pero Chaves las califica como una “mordaza”.
Entre otras advertencias, el Tribunal le ha recordado al gobierno que no puede utilizar medios públicos para promocionar sus obras y ha abierto investigaciones por denuncias de parcialidad política en contra del presidente Chaves, incluidas 15 que ya han avanzado y llevaron al TSE a pedir que la Asamblea Legislativa levante la inmunidad del mandatario para avanzar en las pesquisas y el posible juzgamiento.
La presidenta del Tribunal, Eugenia Zamora, ha rechazado cualquier animadversión en contra del presidente y, en un mensaje publicado a finales de octubre, advirtió que las dudas que ha sembrado el mandatario más bien podrían amenazar ”la paz y la estabilidad política del país”.
Durabilidad
A pesar de la intensidad del conflicto, el panorama retrata a una institucionalidad que resiste y sigue ejerciendo sus funciones hasta el momento.
Esa resistencia, sin embargo, debe de matizarse, según los politólogos Ronald Alfaro, Carolina Ovares Sánchez y Constantino Urcuyo.
Alfaro señala que el ambiente “se ha cargado de tensiones y hostilidad” y que, aunque por ahora no se observa un efecto marcado en la credibilidad institucional, ese clima sí puede influir más adelante.
“No es que no esté afectando o influyendo. Lo hace, pero en un nivel que todavía es marginal”, declaró. “Por ahora, las instituciones han soportado los embates —desde el punto de vista de su reputación y su legitimidad—, pero eso no es un seguro o una garantía”, advirtió.
Según Ovares, cuánto pueda profundizarse o no la erosión también dependerá de cuánto se preocupen los actores políticos actuales y futuros por resolver el malestar de la población, que es el caldo de cultivo en el que nacen las narrativas destructivas del sistema.
“Hay una acumulación de malestares ciudadanos sobre bienes básicos que se esperaría que cualquier gobierno en democracia satisfaga, y esos malestares generan desconfianza. Esa desconfianza viene desde hace más de una década y el Ejecutivo logró capitalizarla muy bien, detectando esos supuestos ‘enemigos’ que ‘no dejan trabajar y ese contexto de malestar sigue ahí; no se ha ido, ni se irá mientras no mejore la situación”.
La politóloga también señaló que, aunque las calificaciones institucionales en los estudios de opinión no han caído drásticamente, tampoco han mejorado y ya venían de niveles relativamente bajos (en su mayoría), lo cual evidencia que el resto va más allá de mantener la situación en su estado actual.
Urcuyo, por otra parte, considera que Chaves y su discurso contrainstitucional no plantean “una explicación acabada de qué es lo que está pasando o hacia dónde hay que ir” como sociedad, pero sí “le dan una narrativa al descontento y un chivo expiatorio”.
Esa es una dinámica similar a la de otros países dentro y fuera de la región, recordó, que ha demostrado ser efectiva para ganar y mantener el poder.
Cuánto pueda agravarse la erosión, sin embargo, es una pregunta para la que todavía no hay respuesta. Dependerá de muchos factores; por ejemplo, cuáles sean los nuevos líderes políticos que elija la sociedad costarricense y cómo lidien con presiones culturales y sociales actuales.
“Por ahora”, señaló Urcuyo, “ni siquiera sabemos si habrá continuismo, ni cuál va a ser la discusión de la segunda vuelta de elecciones, si la hay”.
Entre tanto, lo que queda son las advertencias, las mismas que ya lanzaron las jerarcas del TSE y de la CGR, en septiembre pasado, cuando las dos instituciones celebraron sus 75 años de existencia.
La contralora Marta Acosta aprovechó aquella ocasión para recordar que su institución siempre había tenido que “enfrentar momentos de tensión y diferencias” con los gobernantes, pero que hasta ahora siempre habían sido “en el marco del respeto a la institucionalidad, a la Constitución Política y a las leyes”; mientras que Eugenia Zamora habló sobre el estado de la democracia costarricense en términos generales, frente a la amenaza autoritaria.
“Ni la democracia ni los derechos humanos son fruto de una evolución necesaria de la historia y, por ende, tampoco están escritos en piedra”, dijo. "Son una recientísima excepcionalidad en la historia de la humanidad y nada impide, en principio, que acaben siendo solo un breve y lejano capítulo tras una deriva totalitaria”, concluyó.
