Registrarse como una pyme, inscribir una hipoteca, conseguir un permiso de salida del país para un vehículo o trasladar un medidor de agua, todas estas son diligencias que deben hacer a diario las personas y empresas como parte de sus actividades económicas.

Un tramite es cualquier gestión que realice el administrado ante la administración, en razón de una norma que lo establezca, a fin de obtener un derecho, eliminar una restricción, consolidar una situación jurídica u obtener un permiso o subsidio. Así lo define el Gobierno en el Decreto Ejecutivo N° 39.726.

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Tras un 2019 marcado por la desaceleración de la economía, la incertidumbre provocada por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635) y la caída en la confianza de los consumidores y empresarios, aparecen en el horizonte dos herramientas que pueden ayudar a revertir la coyuntura: la colocación de crédito para emprendedores y la simplificación de trámites.

El Gobierno puso en marcha, el 24 de setiembre del 2018, una Directriz Presidencial que impulsa el Plan de Mejora Regulatoria (PMR) con el objetivo de simplificar las diligencias ante las instituciones públicas.

La orden emitida por el presidente de la República, Carlos Alvarado, define objetivos, metas, indicadores, actividades, tiempos de ejecución, responsables y acciones de evaluación y seguimiento para medir la mejoría en esta materia.

Sin embargo, el plan no alcanza. El Informe Estado de la Nación 2019 identificó limitados avances y concluyó que las acciones actuales son insuficientes para atender las necesidades de las empresas y las personas.

Tramitómanos

Los empresarios consideran que el exceso de trámites es el principal obstáculo para el crecimiento del sector privado en Costa Rica.

La afirmación se desprende de la encuesta Pulso Empresarial del IV trimestre del 2019, publicada por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) el pasado martes 17 de diciembre.

“Este es un problema en el que se deben aplicar cambios importantes para promover mejores condiciones y quitar trabas a la empresa privada”, aseveró Álvaro Sáenz, presidente de Uccaep.

En mayo del 2018, la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) divulgó una investigación que evidenció el problema con cifras: la tramitomanía le cuesta al país 5.300 viviendas y 4.600 empleos cada año.

Aunque la simplificación regulatoria y la extinción de la tramitología son dos demandas recurrentes del sector productivo, las acciones del Gobierno hasta ahora se quedan cortas.

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El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) es la entidad encargada de revisar y aprobar todos los trámites que se implementan en las instituciones públicas del país.

Para llevar este control, el MEIC cuenta –desde 2010– con el Catálogo Nacional de Trámites (CNT), una herramienta digital que permite a las entidades estatales registrar o cerrar sus diligencias y que también ofrece a los usuarios la posibilidad de consultar los diferentes requerimientos que deben cumplir para obtener un permiso, licencia o aval en el entramado público.

Los investigadores del Programa Estado de la Nación (PEN), Guillermo Pastrana, Pamela Jiménez y Rafael Segura, hicieron una primera exploración del catálogo con el objetivo de entender la naturaleza de los trámites con variables como la duración en días o el nivel de digitalización.

A marzo del 2019, solo 48 instituciones públicas registraron 941 trámites; esto incluye a entidades centralizadas, descentralizadas y no estatales. Aunque la muestra del análisis es pequeña y representa apenas el 17,4% de universo total de entes (276 registrados en la base de datos de instituciones de Centroamérica del Estado de la Nación, 2013), los hallazgos revelan algunas conclusiones importantes.

Los ministerios concentran 478 trámites, es decir, el 50,8% del total de registros. Es importante destacar que el catálogo no incluye información del Ministerio de Educación Pública (MEP), la institución con la planilla más grande del Estado.

“La limitación del catálogo es que no cubre a todo el sector público del país. La obligatoriedad por decreto solo la tiene el Gobierno Central y ni siquiera todas las entidades están inscritas. Hay algunos ministerios que no lo hicieron porque no tienen cartera”, apuntó Jiménez.

Otra conclusión importante tras el análisis de los datos del CNT versa sobre la duración promedio en días que implica cada gestión.

El promedio nacional es de 28 días, pero si se hace zoom in a algunos entes, como el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), se extiende hasta 83 días. En contraste, otras instituciones, como el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y la Promotora del Comercio Exterior (Procomer), no reportaron ningún día, lo que significa que la solicitud se resuelve de inmediato.

La cantidad de diligencias que tiene una entidad no significa que el tiempo de resolución sea mayor. El Ministerio de Justicia y Paz, por ejemplo, registró 113 trámites, pero la duración promedio es de cuatro días, una de las más bajas.

La base de datos del catálogo contiene descriptores para el 26,6% de los trámites; este porcentaje representa 250 de los 941 registrados. Con base en esa información disponible, los investigadores clasificaron las gestiones por sectores de actividad económica.

El sector con más registros fue el de la categoría “varios”, en el que se incluyen dos o más diligencias asociadas; le siguen agro y pensiones.

Sobre la cantidad de trámites digitales que ofrecen las instituciones a los usuarios, llama la atención que únicamente cuatro entes completaron la información para esta categoría.

“Yo creo que el nivel de digitalización es mayor, pero seguramente esa realidad se presenta en entidades públicas que no están registradas en el catálogo. Pero no lo podemos saber con los datos disponibles”, agregó Jiménez.

Mejoras y esfuerzos

En el Gobierno entienden que los primeros pasos conllevan tiempo y paciencia. Aunque el CNT existe legalmente desde el 2010, no fue sino hasta el 2017 que el MEIC invirtió en un sistema para relanzar esta herramienta.

La nueva versión de la plataforma ofrece más funcionalidades y espacios que permiten mejorar la calidad de la información por parte de las instituciones, lo que contribuirá con análisis más robustos para investigaciones en el futuro.

“Durante el proceso de adopción del nuevo sistema se hicieron capacitaciones en diferentes entidades públicas para que aprendieran a utilizarlo con todas las herramientas disponibles”, detalló Wendy Flores, directora de mejora regulatoria del MEIC.

Pese a los esfuerzos, todavía persisten retos, como la resistencia de algunos entes del Estado que no utilizan el catálogo e incluso la existencia de trámites sin fundamento legal.

“Hay un punto de frustración. Este año capacitamos 53 municipalidades y 215 funcionarios sobre temas generales del uso de la plataforma y eso todavía no lo vemos reflejado. La mayor complicación es que no existen medidas legales para sancionar a las instituciones que incumplen con el registro de trámites”, comentó Flores.

La Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos (8.220) establece que todas las entidades del Gobierno Central, descentralizadas, autónomas, semiautónomas, órganos con personalidad jurídica instrumental, ayuntamientos y empresas estatales, deben acogerse a la normativa de simplificación.

Sin embargo, el último corte de datos del MEIC muestra que de las 315 instituciones, solo 50 registraron algún trámite en la plataforma, lo que deja todavía una gran brecha de información que debe completarse para que el país pueda avanzar hacia la creación de gestiones que ayuden realmente a las personas y empresas.