Esa es una de las conclusiones a las que llegó el último Informe Estado de la Nación (IEN) 2021, realizado por el Programa del mismo nombre, tras estudiar el caso de siete centros urbanos de tamaño mediano.

Aunque las características particulares entre cada una difieren, estas ciudades comparten una tendencia creciente hacia la dispersión, además de carencias en materia ambiental o de planificación, lo que podría llevarlas a sufrir algunos de los problemas que hoy aquejan a la GAM.

La creación de planes reguladores y políticas públicas dirigidas a un modelo de ciudad equilibrado, antes de que sea muy tarde, son algunas de las acciones para encauzar y redirigir la expansión hacia una crecimiento sostenible.

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Tras los pasos del GAM

El Programa Estado de la Nación (PEN) incluyó en su estudio a siete ciudades catalogadas como “intermedias”, definidas como aquellas que funcionan como canales para el desarrollo de las actividades económicas y sociales de sus regiones y que cuentan con una infraestructura institucional que las distingue en su entorno.

Estas son las cabeceras de las tres provincias costeras: Liberia, Puntarenas y Limón; las ciudades principales de las zonas Norte y Sur: Ciudad Quesada y San Isidro de El General, respectivamente; además de Turrialba y Guápiles. San Ramón, que es otra ciudad que cabe en esta categoría, no se incluyó en el estudio del PEN.

Estos centros urbanos registran un crecimiento constante en los últimos años: entre el 2015 y el 2020, la mancha urbana de las ciudades intermedias creció en promedio un 2,7%. Limón, San Isidro de El General y Guápiles presentaron el mayor incremento.

No obstante, el crecimiento de estos lugares se está dando de forma similar al del GAM, especialmente visible por una tendencia hacia la dispersión (en vez de la densidad) y la falta de variables de medio ambiente que promuevan una expansión sostenible para evitar futuras problemáticas ambientales y sociales.

Por ejemplo, el informe apunta que una característica común es que las ciudades se están extendiendo a lo largo de los caminos principales, lo que causa una dispersión urbana y aumenta la dependencia entre estas ciudades y los poblados aledaños.

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Además, la investigadora de medio ambiente del PEN, Karen Chacón, mencionó que se están inscribiendo planos para nuevas construcciones en zonas alejadas de la mancha urbana, y sobre todo en los bordes de estas.

“Están creciendo en un momento en el que la motorización del país es mucho más grande que en el pasado. Estas ciudades pasaron de ser ciudades de caminar a ciudades del automóvil”, puntualizó Rosendo Pujol, investigador del Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (Produs) de la Universidad de Costa Rica y exministro de Vivienda.

Sin embargo, los patrones cambian entre cada una de estas ciudades.

En el caso de San Isidro de El General, Limón y Guápiles, el crecimiento de la mancha urbana se da hacia todas las direcciones, con lo que se aprovechan los espacios disponibles dentro de la ciudad, pero también los nuevos espacios en los bordes de la ciudad o fuera de estas, aumentando la densidad y la dispersión a la vez.

Ciudad Quesada, Turrialba y Puntarenas presentan un patrón más compacto dentro de su zona urbana, construyendo en las áreas disponibles dentro de la ciudad o en sus bordes, lo cual disminuye la dispersión y aumenta la densidad.

En el caso de Liberia, la mayor parte de su crecimiento se presenta en zonas nuevas, lo que acrecienta ambos fenómenos.

La dispersión causa que los servicios de educación y salud deban atender un rango de territorio cada vez mayor, lo que se traduce también como más lejanía para los usuarios. Además, también ocasiona que el transporte público tenga el reto de conectar lugares más distantes.

Otros dos hallazgos que expuso el PEN es que en estas ciudades el área construida se destina a carreteras y locales comerciales en mayor medida que en el resto del país, además de que el desarrollo de apartamentos y condominios es relativamente bajo respecto al resto del territorio.

Estas ciudades también han dejado de lado la gestión ambiental durante su crecimiento actual. El investigador de Produs Félix Zumbado mencionó que existe una necesidad de áreas verdes en los centros urbanos, así como fomentar una movilidad sostenible.

Pujol agregó que estas urbes emergentes deberían contar con una “Sabana” propia, un espacio verde amplio que garantice esparcimiento a sus habitantes. Eso implica una pronta inversión en tierras para asegurar el espacio antes de que el propio crecimiento empuje los precios y, posteriormente, en infraestructura.

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Las razones del crecimiento también varían entre cada ciudad, con sus respectivos potenciales y desafíos.

Por ejemplo, Liberia se desarrolla a la sombra de un auge en servicios y turismo, potenciados por el aeropuerto internacional, pero tiene el desafío de cerrar y detener brechas sociales, además de afrontar posibles problemas de abastecimiento del agua.

Puntarenas, Guápiles y Limón tienen una vocación industrial significativa, cuyo potencial y beneficios puede aumentar si contaran con la capacidad institucional y planes reguladores para poder desarrollarla.

Por su parte, el aumento de población en San Isidro de El General y Guápiles se ha dado por una mayor accesibilidad de vivienda, aunque la primera de ellas enfrenta poca disponibilidad de agua, dijo el investigador Eduardo Pérez, también de Produs.

Planes reguladores

Para julio del año anterior, el PEN registró que solo 40 de las 82 municipalidades del país contaban con un plan regulador cantonal (PRC). Sin embargo, algunos de ellos son parciales, es decir, cubren solo una parte del territorio, mientras que la mitad llevan más de 20 años sin actualizarse.

Seis de las siete ciudades intermedias estudiadas se localizaban en un cantón con PRC, pero únicamente Limón y Guápiles contaban con la viabilidad ambiental aprobada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).

Actualmente, Produs está trabajando en la elaboración de los planes cantonales de San Ramón y San Carlos, con lo que esperaban ordenar el crecimiento futuro de estos municipios.

En la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) achacan la inexistencia de plan regulador o la desactualización del mismo a la falta de presupuesto de los gobiernos locales.

“Tenemos cantones muy grandes donde un plan puede llegar a costar hasta ¢575 millones (...). Muchas municipalidades no tienen la capacidad para pagar o concluir un plan regulador. También existe una excesiva tramitología”, aseguró Glenda Fernández, gestora ambiental de la UNGL.

Para que un PRC sea aprobado se requiere pasar por cuatro etapas: la preparación preliminar, el diagnóstico territorial, la formulación de la propuesta y la asesoría, edición y adopción del mismo.

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Un cantón con PRC está más preparado para afrontar el cambio climático y desastres naturales. También se asegura de proteger recursos naturales a largo plazo, según mencionó Fernández.

La UNGL ofrece asesoría y acompañamiento a las municipalidades en el proceso de elaborar un PRC, pero no pueden ejercer un control directo a los gobiernos locales.

Si bien los investigadores de Produs coincidieron en que los planes reguladores no son la única solución, estos pueden aminorar hasta cierto punto las problemáticas actuales, por ejemplo, a través de establecer usos de suelo y promover mejor ordenamiento territorial.

Soluciones a tiempo

Los gobiernos de las ciudades intermedias tienen la oportunidad de echar a andar múltiples acciones para mejorar la calidad de vida en sus territorios, más allá de elaborar un PRC.

Tareas pendientes existen en todos los ámbitos según apuntaron los investigadores de Produs.

Mejorar el transporte público a través de aumentar las frecuencias y los flujos es una de ellas. También podría considerarse desarrollar los proyectos de vivienda social más cerca del centro y no necesariamente en los terrenos más baratos que, normalmente, se ubican en las afueras.

En temas de movilidad urbana, además de fomentar otros medios de transporte, se deberían mejorar aceras y arborizar espacios públicos.

En materia ambiental, las ciudades deberían delimitar las zonas de recarga acuífera para asegurar la disponibilidad del recurso hídrico a sus poblaciones y aprovechar las orillas de los ríos para desarrollar parques lineales, por ejemplo. Además, un reto pendiente es trabajar en el tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos.

Los académicos sugieren a los municipios tener una reserva de terrenos públicos dentro de los centros urbanos para, a futuro, desarrollar diversa infraestructura o espacios verdes.

El modelo de ciudad que proponen es el de una ciudad compacta y densa, con alturas de edificios media (4-5 pisos) que ofrezcan usos mixtos.

“Tenemos que promover ciudades compactas, con aceras anchas y que le quiten los privilegios al automóvil”, enfatizó Pujol.