Laura Fernández reiteró en sus primeros discursos la frase “edificaremos la Tercera República”. La presidenta electa señaló que se refiere a un “renacer maravilloso del pueblo y que atrás quedaron los recuerdos de la Guerra Civil y de un bipartidismo que ha quedado superado”. ¿Qué componentes debe tener una situación sociopolítica para que sea considerado como una nueva república? El Financiero les consultó a expertos su opinión al respecto.
Una revolución no aparece únicamente porque se da un cambio de gobierno o porque un líder lo dice. Según las disciplinas de Historia y Ciencias Políticas, para que se considere una coyuntura específica como “nueva república”, se deben cumplir ciertos criterios, que tienen como base una refundación materializada mediante el reemplazo constitucional.
Tal y como ocurrió en 1948: el cambio en las reglas del sistema político nacional fue abrupto y con múltiples reformas notables que antes no estaban incluidas dentro del ordenamiento jurídico costarricense.
Se le concibe como una revolución porque después de un conflicto armado, se reformuló la Constitución Política de 1871 por medio de una Asamblea Constituyente conformada por la Junta Fundadora de la Segunda República, y a raíz de esa coyuntura política, se dio el nacimiento de diversas instituciones como el Tribunal Supremo de Elecciones y el Instituto Costarricense de Electricidad.
A esas modificaciones del entramado político costarricense también se le suman la abolición del ejército, la nacionalización bancaria y la promulgación de derechos ciudadanos como el voto femenino y el otorgamiento de la ciudadanía plena a las personas afrodescendientes.
Tres formas
De acuerdo con José Andrés Díaz, politólogo e investigador del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo), existen tres formas para que se dé el nacimiento de una nueva era en la historia de una república. En todas existe una ruptura institucional relevante dentro del sistema político de la república anterior.
La primera es una nueva constitución o un rediseño constitucional profundo: “cuando se convoca a una constituyente y se genera una nueva constitución que se considera muy distinta a la anterior”, detalló el experto.
La segunda es cuando hay un cambio en la forma de gobierno: “pasar de un sistema presidencial a un sistema parlamentario, eso sería una ruptura institucional relevante”, aclaró el académico.
La tercera se produce con una ruptura del régimen anterior: “generalmente de una manera violenta como una revolución, una guerra o algún tipo de crisis o colapso. En esos casos es cuando suele usarse el término”.
Díaz enfatizó en que un cambio en la presidencia o una modificación del poder dentro del sistema político tras una elección no es suficiente para denominar ese hecho como una nueva república.
“No podríamos decir que el cambio de configuración de poder en la Asamblea Legislativa o del sistema político costarricense provoque en sí mismo un reinicio del Pacto Político Social para decir que hay una nueva república”, añadió el investigador.
También resaltó que puede interpretarse como una estrategia en el discurso de Fernández como presidenta electa para buscar aceptación y apoyo entre la sociedad antes del inicio de su administración.
“Por el momento parecería ser más una herramienta discursiva para legitimar el nuevo gobierno o la continuidad del gobierno bajo un nuevo partido político. Habría que esperar a ver si hay propuestas por parte de la administración de Laura Fernández que impliquen una ruptura institucional ya fuerte o relevante que puedan denominarlo como un cambio de república”, concluyó Díaz.
“No están diciendo qué cambio harán”
Constantino Urcuyo, politólogo e investigador, también coincide con estas visiones. Reseña que en la Segunda República hubo cambios estructurales abruptos, como la abolición del ejército, y por eso se considera como una nueva república.
En el caso actual, Laura Fernández “no habla de los posibles cambios estructurales que se pueden dar” e incluso resalta que todavía no se sabe si hay viabilidad para hacer esos cambios.
Narrativa instaurada por Chaves
Para Carolina Ovares, politóloga y socióloga, ese deseo de cambio institucional puede identificarse como una estrategia discursiva que se viene instaurando desde el gobierno actual y que continuó en la campaña electoral con mensajes como la necesidad de tener “40 diputados” para efectuar reformas.
“El oficialismo instauró el deseo de una refundación, la idea de un nuevo comienzo político. Una forma de traducir este deseo en acción es la idea de la necesidad de las 40 diputaciones para hacer las reformas institucionales que consideran claves, por ejemplo: en el Poder Judicial o incluso una asamblea constituyente y reemplazar la Constitución”, explicó la investigadora.
Para que esta frase llegue a tener un sentido real y práctico, se deben efectuar cambios profundos en la normativa costarricense, pero hasta el momento, Fernández no ha sido explícita en su discurso sobre qué cambios quiere plantear con la “Tercera República”. Solo se ha limitado a decir que el bipartidismo “ya está superado”.
“Lo que puede implicar es que el orden vigente, el conjunto de reglas formales y prácticas estables que organizan quién decide qué, cómo se elige el poder, cómo se controla y qué derechos están garantizados, se tenga que cambiar, al considerar que está agotado y hay que refundarlo. No conocemos el límite de esa refundación, ni tampoco una propuesta concreta, tenemos que esperar a que Fernández asuma la presidencia y ver cómo ejerce el gobierno y sus propuestas”, expuso Ovares.