La Sala Constitucional acogió una solicitud de medida cautelar urgentísima presentada por la Corte Suprema de Justicia.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas González, solicitó a la Sala Constitucional la emisión de una medida cautelar urgentísima relacionada con el proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario 2027.
El expediente ya había sido aprobado en primer debate y su votación definitiva estaba prevista para el martes 10 de noviembre, un paso que podía derivar en su aprobación. De concretarse, esa decisión podía tornar ineficaz el efecto de la consulta de constitucionalidad presentada por el Poder Judicial.
Vargas argumentó que la eventual aprobación del presupuesto en el Plenario Legislativo consolidaría el trámite sin que mediara un control previo de constitucionalidad, lo que frustraría la finalidad de la consulta facultativa planteada por la Corte Suprema de Justicia.
“Implicará la paralización parcial del Poder Judicial a partir del 1 de enero de 2027, si se aprueba el proyecto de ley de presupuesto en segundo debate, sin tener aún emitido el dictamen de la Sala Constitucional sobre la consulta de constitucionalidad”, argumentó Vargas.
La jerarca también advirtió sobre las consecuencias que tendría la aprobación del presupuesto en esas condiciones, entre ellas, la eventual posibilidad de despedir a más de 2.400 personas servidoras judiciales, así como las afectaciones a sus condiciones de vida y a los servicios que prestan.
A esto se sumarían las limitaciones en los recursos operativos necesarios para el funcionamiento del Poder Judicial y el cumplimiento de sus competencias constitucionales. Vargas mencionó desde las licencias informáticas requeridas para las labores ordinarias hasta los chalecos para los oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), además de equipamiento, reparaciones y repuestos.
