EscucharCuando Rodrigo Chaves llegó al poder en 2022, acusó al gobierno de Carlos Alvarado de haber usado las embajadas como un “botín político”. Al mismo tiempo, removió a varios funcionarios que habían sido nombrados por esa administración en puestos diplomáticos.
Cuatro años después, sin embargo, la presidenta Laura Fernández designó como embajadores a cuatro figuras recientemente vinculadas con el chavismo: el vicepresidente Douglas Soto; el exministro de Seguridad, Mario Zamora; el exministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André; y el empresario turístico Boris Marchegiani.
Todos tuvieron algún papel dentro del movimiento político del oficialismo en los últimos meses o años. En los casos de André y Marchegiani, incluso, fueron financistas.
El mismo chavismo que habló sobre un botín político con las embajadas, ahora envía a exministros y otras figuras cercanas al exterior.
Los nuevos nombramientos
Fernández anunció los cuatro nombramientos durante el primer mes de su mandato.
A los cuatro los ubicó en algunos de los puestos más relevantes de la diplomacia costarricense:
- Soto fue designado como embajador en Estados Unidos.
- Zamora representará al país ante Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza.
- Marchegiani se ocupará de la misión ante la ONU en Nueva York.
- André asumirá la representación permanente ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
El primero de esos nombramientos lo realizó por sorpresa la presidenta Fernández el día que presentó a su gabinete; mientras que los últimos tres llegaron al cierre de mayo, por medio de un comunicado de prensa.
La presidenta Fernández defendió los nombramientos en conferencia de prensa, este 3 de junio, argumentando que “la mayor parte del servicio exterior de Costa Rica son funcionarios de carrera diplomática”.
“Yo no me veo haciendo lo que hacía el PAC (Partido Acción Ciudadana) que nombraba hasta 30 embajadores a dedo, de personas que no tenían ni atestados ni experiencia, pero en casos específicos y puntuales donde se requiera de algún abordaje mucho más delicado yo pienso nombrar a personas que no sean de carrera, pero como una excepción a la regla”, indicó en conferencia de prensa al ser cuestionada sobre el tema.
El rasgo común
Soto, Zamora, André y Marchegiani comparten un rasgo en común: todos mantienen vínculos políticos o personales con el chavismo.
Soto acompañó a Fernández en la fórmula presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO) en las últimas elecciones; mientras que Zamora y André fueron parte del gabinete de Rodrigo Chaves hasta mayo pasado.
Zamora fue ministro de Seguridad entre 2023 y 2026; mientras que André fue canciller durante los cuatro años completos de la administración.
Marchegiani, por otra parte, fue una de las personas que fundó el Partido Pueblo Soberano (PPSO), con el que Laura Fernández y su propuesta de continuidad chavista ganaron las elecciones en febrero. Además, ganó mayor notoriedad a inicios de 2025, cuando financió la colocación de unas polémicas vallas publicitarias en las que pedía la renuncia de autoridades institucionales con las que Rodrigo Chaves había rivalizado.
André y Marchegiani, además, fueron financistas del oficialismo desde diferentes frentes.
André incluso presidió la sociedad administradora del polémico fideicomiso bajo investigación judicial, que habría servido como una supuesta “estructura paralela” de financiamiento para la campaña de 2022. Incluso fue acusado formalmente por la Fiscalía, junto al presidente Chaves y otras figuras oficialistas.
En tanto, Marchegiani entregó más de ¢14 millones al Partido Pueblo Soberano (PPSO) en el 2025: el monto más alto en ese período.
En el comunicado en el que se anunciaron los nombramientos de Zamora, André y Marchegiani, la Cancillería no se pronunció directamente sobre las afinidades políticas de las personas nombradas. Únicamente señaló que cumplen las condiciones que el gobierno considera necesarias para llevar adelante sus tareas asignadas, “combinando experiencia profesional y trayectoria para impulsar estrategia y defensa”.
André tiene sobre sus espaldas los cuatro años que pasó al frente de la Cancillería en el gobierno anterior, aunque antes de ese cuatrienio se desempeñó la mayor parte de su tiempo en su condición de abogado.
La experiencia de Zamora se centra en asuntos de seguridad, donde ha ejercido como ministro en los gobiernos de Laura Chinchilla y Rodrigo Chaves, mas no en puestos diplomáticos. Soto y Marchegiani tampoco cuentan en sus carreras con experiencia internacionalista: el primero ha ejercido como abogado corporativo y el segundo como empresario turístico.
El perfil de Soto sí incluye asesoramiento a “destacadas instituciones financieras locales e internacionales, incluyendo multilaterales y organismos internacionales”, según se lee en el perfil compartido por el Tribunal Supremo de Elecciones. En el caso de Marchegiani, la presidenta Fernández defendió en conferencia de prensa su nombramiento, indicando que “es un especialista en temas de energía; es un empresario reconocido del sector turístico nacional”.
De ‘botín’ a nombramientos propios
El expresidente Rodrigo Chaves aseguró en junio de 2022 que las representaciones diplomáticas habían sido utilizadas como un “botín político” en el gobierno de Carlos Alvarado. De ese modo, justificó la destitución de varios representantes designados en el cuatrienio anterior.
Entre los destituidos hubo exministros y figuras vinculadas con el Partido Acción Ciudadana (PAC), y Chaves atribuyó sus salidas a “razones obvias”.
El entonces presidente también había dicho que su administración buscaría aprovechar al máximo a los funcionarios de carrera del servicio exterior y, así, reducir los nombramientos de carácter político.
“En la medida de lo posible, queremos agotar a los 24 embajadores de carrera que tenemos, mandar a traer a la gente que no tiene nada que ver y poner gente correcta, que tenga la línea del gobierno y las capacidades”, señaló.
Cuatro años después, sin embargo, el chavismo vuelve a colocar a exministros y figuras vinculadas con la política oficialista en el exterior.
Esta polémica no es la primera del chavismo en materia de embajadas.
En noviembre de 2022, la entonces diputada del Frente Amplio (FA), Sofía Guillén, había denunciado supuestos ofrecimientos de “cargos y embajadas” por parte del exdiputado oficialista Alexánder Barrantes, cuando se negociaba la aprobación de un proyecto de financiamiento internacional para el gobierno.
El caso llegó posteriormente a la Fiscalía y Barrantes reconoció que sostuvo conversaciones para promover la iniciativa, pero negó cualquier delito.
Los efectos prácticos
Para el internacionalista Carlos Murillo, director del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica (CIOD-UCR), el debate va más allá de la cercanía política de las personas nombradas.
El académico sostiene que destinos como Nueva York o Ginebra son claves dentro de la política exterior costarricense, pues permiten al país mantener contacto con decenas de Estados y participar en algunas de las discusiones multilaterales más importantes del planeta. Por eso, añadió, se suelen reservar para personas con experiencia diplomática, conocimiento de la tradición exterior costarricense y capacidades complejas de negociación internacional.
Según Murillo, el país siempre había realizado nombramientos políticos en el servicio exterior; pero las representaciones más estratégicas solían reservarse para personas con mayor experiencia en el campo diplomático y político.
“No necesariamente se nombraban funcionarios de carrera, pero sí con mayor experiencia diplomática”, subrayó.
Ante la ONU estaban hasta ahora nombrados Maritza Chan en Nueva York y Christian Guillermet en Ginebra, ambos diplomáticos de carrera que tendrán que ser reubicados por la Cancillería.
A su juicio, la principal contradicción es que el chavismo llegó al poder prometiendo limitar precisamente las prácticas que ahora parece estar empezando a aplicar en materia diplomática.
“La administración anterior cuestionó y juró que no iba a haber nombramientos por amiguismo o de ‘botín político’ en puestos diplomáticos”, señaló. Pero “están haciendo todo lo contrario”.
El gobierno de Laura Fernández también cesó en días recientes a los embajadores en Italia y Guatemala; mientras que el gobierno de Chaves hizo lo propio con los representantes en Catar, España y Austria, entre otros. Aún no se nombran sus reemplazos.
