Costa Rica cerró 2024 y el primer semestre de 2025 con un repunte en varios indicadores socioeconómicos tradicionalmente utilizados para medir el desempeño del país.
La aceleración económica se ubicó por encima del promedio regional, la estabilidad fiscal se mantuvo y se registró una reducción tanto de la pobreza como de la desigualdad de ingresos. En términos comparados, el país mostró un desempeño favorable frente a otras economías de América Latina.
No obstante, el informe del Programa Estado de la Nación (PEN) 2025 advierte que esta mejora de corto plazo no implica que el país haya retomado una senda sostenida de desarrollo humano ni de fortalecimiento democrático.
Su análisis revela que los fundamentos de este repunte son frágiles y, de manera simultánea, se profundizaron amenazas estratégicas, internas y externas, que limitan sus beneficios presentes y comprometen su sostenibilidad futura.
Crecimiento con alcances limitados
El año anterior, la economía costarricense creció un 4,3%, una tasa superior al promedio de América Latina y la más alta entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Ese dinamismo permitió una reducción del desempleo y un aumento del número de personas ocupadas, así como la continuidad de la estabilidad macroeconómica y fiscal.
Incluso, el endeudamiento público descendió a 57,1% del Producto Interno Bruto (PIB), por debajo del umbral más estricto de la regla fiscal, y se mantuvo un balance primario positivo.
Sin embargo, el estudio destacó que parte de este desempeño responde a un efecto rebote tras la contracción del empleo observada en 2023 y, en el primer semestre de 2025, se desaceleró.
El dinamismo económico continuó concentrado en el Régimen Especial de Zonas Francas, un segmento que representa cerca del 15% de la producción y apenas el 12% del empleo, con una capacidad limitada para absorber mano de obra de menor calificación.
Esta estructura profundiza un crecimiento poco inclusivo; mientras el Régimen Especial mantiene tasas elevadas, las actividades orientadas al mercado interno (como la construcción, el turismo y buena parte de la agricultura) crecieron por debajo del promedio nacional e incluso mostraron retrocesos en el empleo.
De hecho, en 2024 el empleo agropecuario y el de la construcción se contrajeron, pese al aumento general de la ocupación.
Brecha en ingreso nacional y fisura de estabilidad fiscal
De acuerdo con el análisis del Estado de la Nación, en 2024 la brecha entre lo que produce la economía y lo que efectivamente queda como ingreso disponible para el país se amplió hasta cerca del 9% del PIB, casi el doble del promedio observado entre 2010 y 2019 (cercano al 5%).
Este fenómeno se explica, según el informe, por la creciente repatriación de utilidades de empresas extranjeras, sobre todo aquellas ubicadas en zonas francas, que fueron las únicas que incrementaron los flujos de inversión extranjera directa durante el año.
Como resultado, el repunte económico genera beneficios limitados para el ingreso de los hogares y para la reducción sostenida de las brechas sociales.
En cuanto a la estabilidad fiscal señala que, en la práctica, empieza a exhibir fisuras preocupantes. Esto se puede ver a través del deterioro de las cuentas fiscales en los últimos años.
“El superávit primario tiene desmejoras desde el 2022, con un crecimiento de los ingresos tributarios por debajo del promedio 2010-2019, mientras que los gastos, que se habían desacelerado, repuntaron considerablemente en 2023 y 2024″, determina el documento.
Inversión social insuficiente y desbalanceada
La inversión social pública por persona aumentó por segundo año consecutivo, lo que el informe califica como una buena noticia tras los recortes registrados entre 2021 y 2022.
No obstante, fue un efecto limitado y asimétrico, pues se concentró en las pensiones contributivas, especialmente en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), mientras que áreas estratégicas para el desarrollo humano quedaron rezagadas.
La inversión en educación mostró un aumento marginal, insuficiente para revertir la caída acumulada desde 2017; en salud, volvió a disminuir en términos reales por tercer año consecutivo, al igual que los recursos destinados a vivienda, territorio, cultura y recreación.
Además, se registró una nueva reducción en las becas y transferencias monetarias condicionadas, programas clave para la movilidad social.
Amenazas estratégicas internas y externas
El estudio advierte que el repunte socioeconómico coincidió con una profundización de amenazas estratégicas que reducen su impacto y aumentan los riesgos futuros.
En el plano internacional, destaca la alta exposición de la economía costarricense a la coyuntura externa, particularmente a Estados Unidos; cambios recientes en la política comercial estadounidense, como el aumento de aranceles, podrían afectar las exportaciones y el crecimiento para el próximo año.
En el ámbito interno, el país enfrenta una consolidación de la violencia homicida, con tasas cercanas a 17 homicidios por cada 100.000 habitantes y una expansión territorial del fenómeno, sobre todo en cantones costeros.
A ello se suma un deterioro en la calidad democrática marcado por el conflicto entre poderes de la República, la baja capacidad del sistema político para concretar políticas públicas y un uso intensificado del discurso confrontativo desde el Ejecutivo.
“La presente administración sobresale como la de menor cantidad de iniciativas convocadas y aprobadas durante los tres primeros años de gobierno desde 1990”, asevera el PEN.
Asimismo, tuvo el menor peso en la generación de nueva legislación en las últimas décadas. De mayo de 2024 a abril del 2025, solo el 10,8% de la aprobada por la Asamblea Legislativa fue iniciativa del Ejecutivo.
“De las seis administraciones que han tenido que lidiar con el multipartidismo -del 2002 en adelante- la actual sobresale como la de menor éxito”, puntualiza.
Por otro lado, señala un debilitamiento de las capacidades de gestión ambiental, un ámbito históricamente estratégico para el desarrollo y la imagen internacional del país, producto de recortes presupuestarios, reducción de personal y cambios regulatorios que erosionan la institucionalidad del sector.
La mejora de corto plazo, advierte, no debe interpretarse como un retorno a una senda sólida de progreso, sino como una oportunidad acotada que enfrenta amenazas estructurales y coyunturales aún no resueltas.
