EscucharLas imágenes todavía dan vuelta en la cabeza de miles de personas que vivieron en carne propia los embates de la tormenta tropical Nate, calificada por el Gobierno, como el fenómeno natural más devastador de los últimos años.
La pregunta en este punto resulta más que necesaria: ¿de dónde saldrá el dinero para reparar los daños?, y ¿cuánto le costará este desastre natural al país?
En el Ministerio de Hacienda, ya valoran la utilización de varios instrumentos, entre ellos un crédito internacional y, por qué no, la primera emisión de bonos de catástrofe en la historia del país.
Ana Helena Chacón, vicepresidenta de la República, fue categórica al respecto.
"Nate es de los desastres naturales más grandes que ha vivido el país en las últimas décadas, sus efectos son más grandes que los del huracán Otto", sentenció.
No es para menos, la tormenta –que luego se convirtió en huracán– dejó 22 muertes en Centroamérica, de las cuales, 11 se registraron en Costa Rica.
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Su paso sembró destrucción en carreteras nacionales, caminos cantonales, acueductos, viviendas, escuelas, colegios y centros de salud.
Costa Rica apenas empezaba a levantarse de los daños ocasionados por el huracán Otto, que fue entre el 23 y el 26 de noviembre del 2016, cuando el nuevo fenómeno azotó sin piedad el país.
Las fuertes lluvias y las inundaciones ocasionadas por el paso de la tormenta tropical Nate provocaron la destrucción de carreteras en la zona sur del país.
¡A buscar dinero!
Lo cierto es que el Gobierno –el actual, pero sobre todo el que viene– iniciará una carrera para conseguir recursos que le permitan enfrentar los daños que dejó Nate, y una parte de Otto.
El momento no es óptimo. El país atraviesa una seria crisis fiscal con un déficit financiero que podría cerrar el año cerca del 6,1% de Producto Interno Bruto (PIB), según lo proyectado por el Banco Central.
La administración Solís Rivera ya se vio en problemas de liquidez, cuando tuvo que priorizar pagos en agosto.
Martha Cubillo, viceministra de Egresos de Hacienda, precisó que hasta el momento se han invertido ¢15.000 millones provenientes de recursos propios de las instituciones del Estado para atender la primera y segunda fase de los daños provocados por el fenómeno natural.
En las próximas dos semanas el Gobierno recibirá dos cooperaciones no reembolsables que juntas suman los $500.000, provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La tercera fuente de financiamiento es un crédito de catástrofe por $20 millones que Hacienda empezó a negociar con el BID.
Empero, este préstamo debe ir a la Asamblea Legislativa y superar el trámite de rigor en el Congreso, lo que sin duda dejará estos recursos en las arcas del próximo Gobierno.
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Aunque se podría dar una emisión extraordinaria de bonos en el mercado interno, la viceministra consideró que no sería prudente y, más bien apuesta por una emisión superior a los $1.000 millones para el mercado extranjero. Eso sí, antes tendría que obtener el aval de los diputados.
Estos bonos, utilizados tradicionalmente por aseguradoras en países como México y Estados Unidos, permiten financiar a corto plazo, la atención de catástrofes que todavía no han sucedido, como terremotos y huracanes.
Douglas Montero, director de fondos de inversión de Aldesa, explicó que estos bonos de catástrofe generalmente se emiten por aseguradoras a plazos de entre tres y cinco años para financiar posibles desastres ocasionados por huracanes, tormentas u otro tipo de fenómenos.
Montero no se atreve a adelantar un mecanismo para que Hacienda obtenga recursos para enfrentar los daños de Nate en el país, debido a que la tormenta ya pasó por el territorio nacional.
Cubillo apuntó que esperan crear un bono con plazo de entre 20 y 30 años, que permita obtener dinero para nutrir el fondo soberano de emergencias, estos recursos servirían para financiar planes de prevención y manejo de futuras emergencias.
José Rafael Brenes, gerente general de la Bolsa Nacional de Valores, también señaló que los bonos de catástrofe requerirían un importante trabajo previo en el país.
"Localmente no hay experiencia ni en emitir ni en comprar este tipo de bonos por lo cual la primera colocación requeriría de un proceso intenso de divulgación y capacitación de la base de inversionistas. El modelo de riesgos que define el evento catastrófico y su probabilidad deben realizarse por expertos de primer orden y además ser entendidos por los potenciales compradores", aseveró.
En estos bonos, el comprador del pierde el principal que puede ser usado por el emisor para atender la catástrofe, por esa razón se emiten a plazos cortos.
¿Cuánto costará todo?
El conglomerado de instituciones estatales corre para levantar listas con el recuento de daños.
Iván Brenes, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), explicó que estas entidades tienen, por ley, hasta dos meses para generar los reportes finales que permitirán crear el plan general de atención de daños, y buscar el dinero necesario.
Un modelo preliminar aplicado por la CNE, permitió comparar los daños ocasionados por Nate con los que dejó el paso de la tormenta Tomas en el país, en noviembre del 2010.
En Bajo Canet, Tarrazú un derrumbe enterró varias viviendas, como consecuencia de las fuertes lluvias provocadas por la tormenta tropical Nate.
Brenes aseguró que Tomas dejó daños por más de $300 millones, por lo que consideran que la cifra final de Nate será mayor.
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"Podría ser más, sobre todo por los daños en carreteras, puentes y viviendas que requerirán una gran inversión", apuntó.
Pese a que el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, prometió hace dos semanas una primera cifra preliminar de los daños ocasionados por Nate, la estimación todavía no ha sido comunicada por el Gobierno.
Las instituciones públicas deben entregar los datos definitivos en las siguientes cinco semanas, para que la CNE elabore el plan general que permitirá definir los gastos, las necesidades de financiamiento y el cronograma de inversiones para reparar los daños durante el próximo lustro.
El Gobierno dividió la atención de la emergencia en cuatro etapas: respuesta inmediata, recuperación, reconstrucción, y rehabilitación final de obras.
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