Las negociaciones entre el Gobierno de Costa Rica y la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) ya arrancaron, marcadas por un mutismo cauteloso de los voceros del Ejecutivo y por el retorno de los diputados a sus curules.

La propuesta final para concretar un acuerdo de Servicio Ampliado con este organismo contiene tres iniciativas para reducir el gasto público, seis para aumentar los ingresos, y la venta de dos activos.

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En el capítulo de medidas para obtener más recursos, tres iniciativas representan el 80% de la apuesta del Gobierno: la renta global, la eliminación de exoneraciones y la creación de un nuevo impuesto a las casas de lujo.

El Ejecutivo ha ido presentando poco a poco los proyectos de ley de ingresos y gastos ante la Asamblea Legislativa.

En ese foro político las bancadas coinciden en aprobar primero la reforma al empleo público y las acciones de reducción del gasto, antes de entrar a revisar las iniciativas para incrementar ingresos.

Sobre el plan existen algunas dudas y quedan vacíos, como el proyecto de renta global que está en elaboración y será presentado en las siguientes semanas. Así lo confirmó Elian Villegas, ministro de Hacienda, a este medio.

Rumbo a la renta global

En la matemática del Ejecutivo esta es la tercera propuesta que generaría mayores resultados para incrementar el dinero que percibe el Ministerio de Hacienda.

Las cifras presentadas en el plan 2.0 para negociar con el FMI colocan esta iniciativa como una medida clave para lograr el ajuste fiscal planeado que pretende revertir el déficit primario en un superávit del 1,2% del Producto Interno Bruto (PIB) al 2023.

De acuerdo con Villegas, el texto está en construcción liderado por Carlos Vargas, director general de Tributación, con la ayuda de técnicos de Hacienda y asesores internacionales.

¿Qué se sabe? De lo poco que se conoce hasta ahora, el proyecto de ley planteará gravar con una escala única los ingresos de los asalariados y de los trabajadores independientes. Las tarifas oscilarán entre 10% y 27,5%.

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Quiere decir que se aplicaría un incremento de 2,5 puntos porcentuales con respecto a la tasa máxima que pagan estos dos grupos generadores de ingresos, actualmente el gravamen es del 25%.

Priscilla Piedra, socia de impuestos de Deloitte y exdirectora general de Hacienda, recordó que la renta global es completamente opuesta al sistema cedular que tiene Costa Rica.

“La renta global parte de un supuesto en donde el individuo o empresa declara su ingreso total, independientemente de las fuentes de generación del mismo, descuenta los gastos correspondientes, y genera la renta neta respecto de la cual cancelará el impuesto”, añadió la abogada.

En la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635) se intentó dar algún grado de globalidad al tributo sobre la renta con la inclusión de elementos como la afectación y los supuestos bajo los cuales se pueden declarar las ganancias y pérdidas de capital.

Piedra dijo que, según especificaciones de Hacienda y con base en los acuerdos del diálogo multisectorial, el proyecto que se presentará al Congreso estará basado en la persona física. Se trata de un texto que dará tratamiento uniforme a los asalariados y a los independientes.

“Se deberían integrar en la declaración del impuesto, los ingresos que las personas físicas reciben de las diferentes fuentes (salarios, inversiones, ganancias de capital, etc.); podrán descontar gastos, como servicios médicos o derivados de créditos, y el resultado de restar a sus ingresos los gastos y las retenciones que funcionan como pagos a cuenta, dará el tributo a cancelar”, puntualizó la abogada tributaria.

Según Piedra este modelo no excluye las rentas empresariales. Sin embargo, la ley tendrá que definir cuándo se pueden atribuir a personas físicas en concreto y cuáles mantendrán el tratamiento como ganancias de sociedades a las cuales, por acuerdo de la mesa de diálogo, también se les aplicará la tasa del 27,5%.

Cambio en exoneraciones

El Gobierno presentó el pasado 11 de enero el proyecto de Ley de reducción de beneficios fiscales y ajuste de tarifas en rentas del capital para fortalecer el sistema fiscal (22.369), conocido como el plan para eliminar exoneraciones.

Este expediente plantea suprimir la exención de renta al salario escolar, eliminar el 50% de la exoneración a los rendimientos de los fondos de pensiones complementarias, e incrementa en cinco puntos porcentuales el gravamen de las remesas al exterior que tienen tasas diferentes para cada producto o servicio.

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Uno de los puntos más controvertidos fue el aumento por dos años de la tasa que se cobra a las rentas de capital con lo que la tarifa pasaría al 16,5% y luego se homologa al 15%.

Esta medida puntual, aunque fue anunciada por Hacienda en diciembre, no se incorporó al proyecto de ley porque “lo olvidaron”. El Gobierno presentó una nueva versión del texto este martes 12 de enero en el que agregaron este apartado.

Con la aplicación de una tasa temporal que subiría del 15% al 16,5% por dos años, el fisco percibiría cerca de ¢14.400 millones.

La idea del Ejecutivo es igualar en un 15% el impuesto que se cobra a los excedentes que distribuyen las cooperativas y asociaciones solidaristas entre sus afiliados. Actualmente este tributo tiene tasas que van del 5% al 15% según diferentes tramos para los que se utiliza el salario base como referencia.

En caso de ser aprobado por los diputados, la propuesta de ley para modificar o eliminar exoneraciones generaría 0,58% de la producción nacional que equivale a ¢209.407 millones por año.

Esta medida es la que tiene mayor peso en las intenciones del Gobierno para percibir más dinero cada año.

Nuevos ingresos

La ruta al FMI tiene un renglón en blanco, se trata de la o las alternativas para aumentar los ingresos por medio de impuestos con el fin de lograr un rendimiento anual de entre 0,2% y 0,6% del PIB.

El ministro de Hacienda apuntó que se deben buscar acciones que tengan resultados similares a subir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 14% o aplicar la tasa Tobin a las transferencias bancarias. Estas dos ideas se descartaron por completo porque no tienen viabilidad política ni social.

En su lugar, el Ejecutivo plantea tasas mayores al impuesto de renta global (que todavía está en elaboración) o crear un nuevo tributo a la casas de lujo.

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La idea explicada por las ministras Geannina Dinarte, de la Presidencia y Pilar Garrido, de Planificación; a los diputados en una reunión el pasado martes 5 de enero, consiste en cobrar un impuesto del 0,5% a las viviendas con valor superior a los ¢200 millones, en 2021 se aplica a las que sobrepasan los ¢133 millones.

Para conseguirlo se propondría una modificación al hecho generador, que actualmente es la propiedad o titularidad de un derecho de uso, goce o disfrute de un bien inmueble habitacional (al 1.° de enero de cada año) ubicado en el territorio nacional y utilizado de forma habitual, ocasional o de recreo.

El actual impuesto a las casas de lujo entró en vigor el 1.° de octubre del 2009. Inició como un tributo temporal por diez años para financiar la construcción de viviendas de bien social y reducir la brecha en esta materia.

Sin embargo, en agosto del 2011 se eliminó su temporalidad y se estableció como un gravamen permanente. A pesar de que Hacienda proyectó una recaudación anual promedio de ¢10.000 millones; en los 11 años que se ha implementado, el monto promedio percibido por año fue de ¢3.585 millones.

El impuesto además es difícil de cobrar pese a que Tributación puso a disposición un formulario más simple. Este es uno de los retos que enfrentaría una nueva versión de la medida.

Premios de lotería y otros

El 20% restante del rendimiento para subir los ingresos se reparte entre la propuesta de gravar los premios de lotería, el aporte de dividendos de empresas estatales y la reforma a la Ley de Aduanas.

El proyecto de tributo a los premios de lotería ya fue convocado a sesiones extraordinarias. Gravaría con impuesto de renta del 25% todos aquellos premios de lotería que superen medio salario base (¢225.100) y produciría 0,09% del PIB por año.

El de dividendos pretende que empresas como, por ejemplo, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS), los bancos públicos o la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), entre otras; aporten dinero calculado sobre su rentabilidad y esos recursos se destinarían a abonos para la deuda pública.

Mientras que la reforma a la Ley de Aduanas tiene como fin fortalecer la lucha contra el fraude fiscal y el contrabando mediante la incorporación de herramientas tecnológicas como la obligatoriedad de utilizar el Registro Único Tributario (RUT) para importadores y exportadores.

También impondría sanciones actualizadas para quienes incumplan las obligaciones aduaneras e incluye una nueva definición de contrabando para reducir las importaciones ilegales y aumentar la recaudación.

En el Congreso, los legisladores consultados por este medio afirman que darán prioridad a la reforma al empleo público y a las propuestas para reducir el gasto, antes de entrar en la discusión de acciones que suban los ingresos por medio de impuestos.