EscucharLa administración Fernández Delgado llegará al poder en medio de un contraste presupuestario: los meses de mandato del 2026 los podrá ejercer con mayor margen de gasto en comparación con el escenario al que se enfrentará en 2027.
La diferencia responde al comportamiento de la relación entre la deuda pública y el producto interno bruto (PIB), indicador que activa límites automáticos al crecimiento del gasto cuando la deuda alcanza o supera el 60% del PIB nacional, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635).
Al cierre de 2025, la razón deuda/PIB se mantuvo por encima de ese umbral. Este resultado impacta directamente el presupuesto de 2027, y no el del presente año, debido a que los presupuestos se aprueban antes de finalizar el ejercicio fiscal y, por ende, antes de que se conozca el dato definitivo de la deuda en relación con el PIB.
Además del congelamiento salarial que regirá para el Gobierno Central, Fernández enfrentará un entorno restrictivo en materia de inversión pública, un factor que podría tensionar su propuesta de seguridad enfocada en combatir la criminalidad.
“Para un nuevo gobierno que busca reforzar la presencia policial en las calles, esta restricción representa un reto importante. No se podría contratar más policías, aunque los niveles de criminalidad lo demanden”, comentó Daniel Vargas, economista.
Seguridad a distintas velocidades
El gobierno entrante comenzará su gestión con un mayor margen presupuestario en materia de seguridad respecto a años recientes. El Ministerio de Seguridad Pública contará con un presupuesto 9,7% superior al que tuvo la administración Chaves Robles en 2025.
En paralelo, el Ministerio de Justicia y Paz experimenta un incremento del 11,7% en los recursos asignados para el ejercicio de 2026. Este aumento permitió completar el financiamiento necesario para la construcción del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (Cacco), cuyo costo total se estimó en ¢21.000 millones y con una finalización prevista para julio de este año.
Sin embargo, las contrataciones y proyectos que se proyecten hacia 2027 deberán planificarse bajo cálculos mucho más conservadores. Mientras el presupuesto de 2026 se diseñó en un contexto donde el gasto corriente —salarios, pensiones y servicios básicos, entre otros— puede crecer hasta un 75% del promedio del crecimiento del PIB de los últimos cuatro años, para 2027 la restricción será mayor: el gasto total, que incluye tanto inversión como gasto corriente, no podrá superar el 60% de ese promedio.
“El próximo gobierno va a tener un primer semestre de flexibilidad en el presupuesto con el que cuenta, y luego se enfrentarán al límite máximo de la regla fiscal. Van a tener una limitación muy importante en obras de infraestructura”, indicó Norberto Zúñiga, economista de la Academia de Centroamérica, quien añadió que el congelamiento de los salarios también puede limitar las nuevas contrataciones de personal en temas de seguridad a partir del próximo año.
Este escenario presupuestario complica algunas de las promesas que Fernández planteó en su plan de gobierno. Entre ellas destacan la ampliación en al menos un 30% del cuerpo de la Policía Profesional de Migración y la creación de una unidad especializada para combatir el lavado de dinero y las finanzas criminales, iniciativas que deberán ejecutarse en un entorno fiscal más ajustado.
Vargas comentó que “lo más sencillo sería retrasar el desarrollo de proyectos grandes, ya que es más fácil dar mantenimiento a lo existente que priorizar nuevas construcciones”.
Cumplir con los planes
Para cumplir con las metas planteadas en materia de seguridad no solo será necesario mejorar el resultado de la razón deuda/PIB al cierre del actual periodo fiscal. También podría ser clave recurrir a mecanismos alternativos de financiamiento, como las alianzas público-privadas.
Los expertos coinciden en que el gobierno deberá aplicar cierta “creatividad fiscal” para materializar las propuestas incluidas en su plan de gobierno. Entre ellas figura el desarrollo de una plataforma nacional de integración de datos de seguridad, justicia y migración, inspirada en los centros tecnológicos C7i de vanguardia.
El contexto de seguridad añade presión a estos desafíos fiscales. Costa Rica enfrentó su punto más alto de criminalidad en 2023, cuando se registraron 904 homicidios y un total de 47.351 delitos denunciados ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Aunque en 2025 la cifra total de delitos descendió a 38.654 casos, los homicidios continúan en niveles elevados: 869, cuando antes de 2022 se mantenían por debajo de los 600 anuales.
Vargas indicó que para que se cumpla lo prometido en el plan de Gobierno se puede apelar al modelo de concesiones. “Otra opción es la creación de fideicomisos de obra pública y sustitución de deuda cara por barata que permita salir de la regla fiscal más rápido. O bien, liberar gasto de capital y dejarlo solo para gasto corriente”, dijo.
Una ventaja política para la administración Fernández será su dominio en la Asamblea Legislativa a través de 31 diputados oficialistas. Esta mayoría simple le permitiría aprobar el Presupuesto Nacional sin necesidad de negociar acuerdos legislativos con otras fracciones.
