La captura del exministro y exmagistrado Celso Gamboa a solicitud de Estados Unidos, por sus presuntas operaciones como líder de una estructura de narcotráfico, reanimó una pregunta incómoda para Costa Rica: ¿cuánto y hasta qué punto ha logrado penetrar el crimen organizado a las estructuras de poder del país?
Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), evita hablar de conceptos como narcoestado o narcopolítica. Dice que Costa Rica sigue lejos de esos fenómenos, aunque reconoce observar dos fenómenos que le preocupan. Por un lado, ve que los grupos criminales están buscando activamente inmiscuirse en las más altas esferas políticas y judiciales del país y, por otro, también ve que las autoridades de gobierno no reaccionan con suficiente firmeza para bloquearles el paso.
“Hay varias escalas para un narcoestado”, describió Zúñiga, este 11 de agosto, en entrevista con EF. “Una de las últimas es tratar de penetrar los diversos Poderes de la República y estamos en esa etapa”, declaró.
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El caso de Celso Gamboa es de alto perfil. Se le acusa de estar involucrado en actividades ilegales desde 2017, cuando ya era magistrado. ¿Qué representa eso para Costa Rica?
— En realidad, con esta persona ya tenemos un caso abierto desde el momento en el que se da lo del ‘Cementazo’. Ya desde ese entonces tenemos un antecedente de este sujeto. Yo aquí lo que destacaría es que el mismo Estado costarricense se encargó de destituirlo en su debido momento.
Lo que tenemos acreditado sobre narcotráfico inicia en 2020. Las referencias que se hacen a 2017 son situaciones que se deberán establecer con el expediente, pero nosotros lo que tenemos acreditado es de 2020 en adelante. Él se acerca inicialmente como parte de un bufete corporativo y, a partir de ese momento, se empieza a involucrar más directamente con los clientes.
El caso de Celso Gamboa es solo uno de varios que, en los últimos años, han conectado a diputados, alcaldes, presidentes ejecutivos de instituciones y otras figuras de poder con personas investigadas o hasta condenadas por narcotráfico u otras formas de crimen organizado. ¿Son hechos aislados o cómo describe ese fenómeno?
— Aislados no. De hecho, en las últimas elecciones, nosotros revisamos a las personas que estaban postulándose para alcaldes y para diputados también, cuatro años atrás, y veíamos a personas que tenían nexos con organizaciones criminales aspirando por esos puestos. No quedaron electos, pero es una realidad que el crimen organizado trata de poner a sus fichas ahí para ver si logran su cometido de penetrar. Ya estamos viendo un patrón.
Vienen elecciones nacionales, ¿qué espera el OIJ?
— Podría darse el mismo fenómeno. Habrá que ver cuánto lo deseen o cuánto lo necesiten.
Usted hace poco salió a decir públicamente que el OIJ debería de tener mayores facultades para investigar a miembros de los Supremos Poderes, pero no le hicieron mucho caso hasta ahora.
— No. No hay un solo proyecto de ley sobre eso. Me pareció que Gilberth Jiménez (diputado de Liberación Nacional) quería hacer algo, pero al final creo que no lo generó.
Aquí el detalle es que tenemos casos como Pista Oscura (sobre supuestas irregularidades en una licitación de obra pública en el Aeropuerto de Liberia). En ese caso, el OIJ pudo investigar desde un inicio al señor Mauricio Batalla porque no formaba parte de los Supremos Poderes al inicio del gobierno, solo tenía un cargo en el Ministerio de Obras Públicas y el ministro era Luis Amador. Pero en el caso del presidente (Rodrigo Chaves), del ministro Luis Amador y de Natalia Díaz (exministra de la Presidencia) eso sigue pendiente, porque la velocidad de la investigación no es la misma.
Yo estoy de acuerdo en que debe de existir un proceso diferenciado a la hora de procesarlos, pero la investigación debería ser expedita, como con otros casos. La diferenciación (entre miembros de Supremos Poderes y otras personas) es necesaria para el juzgamiento, pero en la parte investigativa no debería de existir esa distinción porque se pierde mucho tiempo y mucho esfuerzo.
La narcopolítica es un fenómeno presente en casi toda América Latina. ¿Cuál es la situación de Costa Rica?
— Hay varias escalas para un narcoestado. Una de las últimas es tratar de penetrar los diversos Poderes de la República. En esa etapa estamos.
Yo no pienso que estemos en un narcoestado, porque sería estar de acuerdo en que la policía es totalmente corrupta y yo no podría hacer eso. Pero, dentro del manual de lo que es un narcoestado, estos grupos criminales siempre van a buscar poner o disponer de fichas dentro del Estado.
Yo todavía no veo que todas las instituciones de este país estén poseídas o penetradas por el narcotráfico. Ellos lo están intentando, eso sí.
Captan a figuras y se ven sus intentos por incidir, pero todavía no logran capturar las instituciones.
— Todavía no lo logran, pero lo están intentando, sí.
¿Qué rol juega la extradición de nacionales en este contexto?, ¿es suficiente disuasor?
— Esto es de momento, pero va a suceder como en otros países como Colombia, Guatemala o México. Inicialmente veremos un parón, pero luego los grupos criminales van a entender cómo es la dinámica y van a tratar de evitar verse expuestos. Van a bajar el perfil, el capo no va a ser el que dé la cara.
Esto de Celso hasta cierto punto fue una novatada, que él mismo haya sido el que fue a negociar es algo impensable, pero sucedió, y probablemente lo que va a pasar ahora es que se van a cuidar un poquito más.
¿Entonces qué hace falta? ¿Cómo frenar esos pasos del crimen organizado que busca influir o penetrar cada vez más?
— Lo que pasa es que hay que invertir y eso es lo que no se está haciendo. Hay que invertir en temas de exclusión social, en temas de control penitenciario, en temas de control territorial, en darle más capacidades a las policías... una serie de cosas que no se están haciendo en este momento.
Basta decir que la Asamblea Legislativa aprobó nuevas plazas, con presupuesto y fuente de financiamiento, pero este gobierno simplemente dijo que no le interesaba y que no iba a darlas a pesar de que el dinero ya está. No hay ese esfuerzo extra. Es como que yo tenga una gotera en el techo y entonces promueva una ley para que no llueva más. Eso no va a servir, la gotera se tiene que tapar.
Usted cómo define esa actitud que me describe por parte del gobierno. ¿Incapacidad, negligencia, complicidad?
— Yo diría que no se está haciendo el esfuerzo que debería de hacerse.
Si ya se dio una fuente de financiamiento y todo, debería de seguir; pero el gobierno ha tenido una particularidad: un poco de animadversión cuando se trata del OIJ, la Fiscalía e incluso con la Fuerza Pública, porque, en esas plazas que no se han dado, también hay personal de Fuerza Pública.
El crimen organizado siempre busca corromper y usted también ha mencionado en varias ocasiones casos de agentes policiales que “cambian de bando” y que terminan defendiendo a personas que antes investigaban. También en el Ministerio de Seguridad hablan de fugas de información que impiden capturas. ¿Hay recursos para enfrentar eso?
— Hemos tenido un crecimiento exponencial de la delincuencia, de los homicidios, y la inversión que se debería de hacer para bajar esos homicidios no se está haciendo. Los recursos son muy limitaditos.
Entonces no tenemos un narcoestado, pero sí un narco con camino para avanzar.
— Eso va a suceder, claro. Si no se hace nada para contenerlo, eso va a pasar.
Esto que pasa hoy ya nosotros lo habíamos dicho desde 2019. También dijimos que si no se arreglaba la situación de la seguridad, eso iba a impactar el turismo y la inversión extranjera, y ya todo eso está siendo afectado. De momento, solo las exportaciones no han sufrido.
La exposición es importante aunque yo, por un tema ideológico, no puedo decir que hoy estemos en un narcoestado.
Además de los intentos por penetrar o influir, el narco también amenaza a las autoridades. ¿Es frecuente?
— En la actualidad tenemos mucha gente en programas de protección, incluidos jueces y fiscales, porque están siendo amenazados de muerte.
Los grupos criminales siempre van a intentar influir de esas dos formas. Una es por medio del pago con lo que a usted le guste, sea dinero, viajes, mujeres o licor. Pero si usted no quiere nada de eso, van a recurrir a la intimidación y eso ha llevado a una cantidad importante de fiscales y jueces a pedir protección.
¿Y para eso tampoco hay recursos?
— Siempre estamos disminuidos, pero todos los casos se atienden.
Hay críticos del OIJ, incluso desde el Gobierno, que acusan a las autoridades judiciales de proteger a Celso Gamboa y que responsabilizan únicamente a la DEA por las investigaciones sobre el exmagistrado. ¿Qué responde usted a esas críticas?
— En el caso del Gobierno, yo lo primero que haría es preguntarles qué hicieron ellos con Celso Gamboa. El OIJ tiene su sección de estupefacientes, pero a nivel país tenemos unos 70 investigadores dedicados al narcotráfico. La PCD tiene el doble o el triple de personal y no sé qué hicieron ellos con Celso Gamboa, porque no pueden decir que es un desconocido. El exministro Jorge Torres le dijo al presidente que Celso llegó a su despacho a dar información importante, entonces, qué hicieron.
Aquí nadie sabe a los acuerdos que hemos llegado nosotros con la DEA y yo no voy a romper un acuerdo solo por darle gusto, en este caso, al Presidente de la República. Los hechos hablan más que las palabras.
Si no tenemos un narcoestado, ¿qué si tenemos?
—Tenemos un intento de penetración por parte de los grupos criminales para, de alguna forma, malograr las instituciones del Estado costarricense y facilitar la posibilidad de cometer sus delitos. Eso es lo que tenemos ahorita. Todavía no hay una sistematización, pero es un riesgo, sí.
