Un proyecto de ley avanza en el Congreso, con el objetivo de abrir parcialmente el monopolio estatal para la producción de alcohol del que goza la Fábrica Nacional de Licores (Fanal). El plan fue dictaminado favorablemente este 11 de septiembre por los diputados de la Comisión Legislativa de Asuntos Económicos del Congreso, aunque por medio de una votación ajustada.
A favor votaron cinco legisladores y en contra, otros cuatro. El primer grupo estuvo compuesto por los representantes del gobierno y de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberal Progresista (PLP) y Nueva República (PNR); mientras que el segundo, por los congresistas de Liberación Nacional (PLN) y del Frente Amplio (FA).
¿Cuál parte del monopolio se abriría y cuál seguiría cerrado si se aprueba definitivamente el proyecto?, ¿qué perderían Fanal y el Estado?, y ¿cuánto falta para la aprobación definitiva del texto en Cuesta de Moras? EF le explica.
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¿Qué dice el proyecto?
El proyecto de ley para la comercialización directa de alcohol para el uso industrial (23.627) fue presentado por la fracción del PLP desde marzo del año pasado; con el respaldo de algunos otros legisladores del gobierno y del PUSC.
En su redacción actual, el texto propone abrir el mercado de la producción y distribución de alcohol para uso industrial, exceptuando únicamente la producción de aguardiente. Para ello, se plantea una reforma integral del artículo 443 del Código Fiscal, el cual establece los tipos de alcohol que se mantienen en monopolio.
| Artículo 433 actual | Artículo 433 propuesto |
|---|---|
| “Son artículos estancados, el aguardiente, el alcohol y toda bebida alcohólica preparada en el país, cualquiera que sea el procedimiento usado para obtenerla y el nombre con que se le designe. De lo anterior se exceptúan la cerveza, los vinos elaborados mediante fermentación natural de frutas cuyo contenido alcohólico no exceda de un doce por ciento (12%), y las preparaciones alcohólicas mezcladas con sustancias alimenticias (...)” | “Será artículo estancado el aguardiente. Se exceptúan de los productos estancados el alcohol de uso en todo tipo de operaciones industriales y agrícolas, la cerveza, los vinos elaborados mediante fermentación natural de frutas y las preparaciones alcohólicas mezcladas con sustancias alimenticias (...)” |
El plan también establecería que la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (Laica) se convierta en una de las entidades encargadas de controlar la calidad de los alcoholes para la exportación, junto con el Ministerio de Economía.
¿Qué perdería Fanal?
Si se quita a Fanal el monopolio de la producción de alcohol para fines industriales, la empresa sufriría un golpe minoritario dentro de su negocio, aunque tampoco sería despreciable.
En los estados financieros auditados de 2023, el Consejo Nacional de la Producción (CNP) reportó ingresos por ventas realizadas por la Fanal de ¢17.001 millones y ¢17.078 millones, en 2022 y 2023. De estos montos alrededor de una décima parte correspondió, en cada año, a ventas de alcohol para fines comerciales o productivos. Esto quiere decir que, por cada ¢100 que genera Fanal, ¢10 se explican por el mercado que se abriría con el proyecto.
Los ingresos por alcoholes no relacionados con la elaboración de licores llegaron a ascender por encima del 30% del total en 2020; sin embargo, aquel año estuvo marcado por la pandemia de la covid-19 y el aumento que provocó en la demanda de ese material, con fines sanitarios.
La Fanal también aporta una gran cantidad de impuestos a las arcas del Estado; sin embargo, la mayoría tienen que ver con la comercialización de licores. Siempre según los estados financieros del CNP, la Fanal realizó transferencias a otras instituciones por ¢11.236 millones correspondientes a impuesto en 2022 y, de ese gran total, hasta un 54% correspondió a tributos por concepto de bebidas alcohólicas y un 38% por el impuesto de ventas. El 8% restante corresponde a otros tributos menores, incluidos los que se giran al cantón de Grecia, en donde se encuentra la compañía.
La Fanal también pagó ¢1.318 millones y ¢1.904 millones al Ministerio de Hacienda, en 2022 y 2023, por concepto del impuesto sobre la renta.
Dentro del CNP, los ingresos de la Fanal representaron un 15% del total en 2023.
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¿Cómo avanza el trámite legislativo?
Luego de ser dictaminado en comisión, el proyecto de ley avanzará al plenario. Allí los diputados tendrán nuevas oportunidades para plantear cambios al texto.
Congresistas del PLN y del FA advirtieron en la Comisión de Económicos que plantearán reformas y objeciones en las próximas semanas.
La frenteamplista Sofía Guillén, por ejemplo, aseguró que su partido presentará “todas las mociones” que sean necesarias para evitar que se “desmantelen” instituciones como el CNP o la Fanal, que “cofinancian el agro en Costa Rica”. “Veremos qué sucede en plenario“, pero “el Frente Amplio anuncia desde ya que será profundamente combativo ante esta iniciativa”, comentó.
Por su parte, el liberacionista Francisco Nicolás agregó que desde su punto de vista lo correcto sería fortalecer al CNP y la Fanal, en lugar de “entregar” el monopolio de la producción de alcohol a sectores privados. “Nosotros también sabemos operar el reglamento y vamos a presentar mociones”, añadió.
Esto hace presumible un camino difícil para la iniciativa, más allá de si se logran consolidar o no las mayorías necesarias para su eventual aprobación.
Pedido industrial
La aprobación de este proyecto de ley ha sido solicitada por diversas representaciones empresariales e industriales del país, a lo largo del tiempo. Entre ellas, está la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia), la cual considera que el modelo actual introduce “innecesarios costos de intermediación” y complejiza los procesos de compra y venta de este material que se utiliza para tareas esenciales como gestiones de limpieza de equipos, higiene de personal y la formulación de materias primas y alimentos.
En 2021 y 2022, incluso, diversas representaciones del sector productivo, incluida Cacia, se manifestaron públicamente para pedir soluciones ante una situación de abastecimiento reducido de alcohol para las empresas por parte de la Fanal.
Ante ello, la fábrica estatal argumentó que la aplicación de la regla fiscal le ponía un límite artificial al crecimiento de sus gastos, lo cual le imposibilitaba comprar una mayor cantidad de materia prima para aumentar el volumen de entregas del alcohol.
Esa limitación se mantuvo hasta septiembre del año pasado, cuando entró a regir una ley que excluyó de la aplicación de esta norma a a empresas públicas e instituciones autónomas con actividades comerciales, excepto en los rubros cubiertos mediante transferencias provenientes del Presupuesto Nacional.
Pese a ello, el presidente de Cacia, Juan Ignacio Pérez, señaló a través de un comunicado de prensa publicado por la institución este 9 de septiembre, que el monopolio actual “ha colocado en reiteradas oportunidades en aprietos a todos los productores de gran cantidad de productos, particularmente a la micro y pequeña industria”, por lo que debería eliminarse.
Asimismo, se critica que la Fanal muchas veces funcione como un mero “peaje” para que el material que producen entidades privadas finalmente llegue a sus compradores.
Kattia Cambronero, diputada del PLP, defendió el avance de la propuesta y rechazó los argumentos de grupos políticos y sociales opositores, que señalan un supuesto beneficio para empresas privadas, como los grandes ingenios del país, en detrimento de la inversión pública y de los pequeños productores cañeros y de otros sectores productivos atendidos por el CNP.
“Justamente el proyecto de ley viene a hacer obligatorio que las destilerías le compren un 62,5% de la producción a pequeños productores cañeros, lo cual significa que estamos abriendo el mercado no solamente para que los grandes tengan el mercado”, subrayó, tras el dictamen favorable del 11 de septiembre pasado.
Asimismo, dijo que se planteará una reforma para regenerar parte de los recursos que perdería el CNP por el cambio en el negocio de Fanal, por medio de una carga del 1% sobre las ventas del producto.
El apoyo del oficialismo para el dictamen del proyecto de ley decidió la votación en la comisión de Económicos. Cuando fue ministro de Hacienda del gobierno anterior, el presidente Rodrigo Chaves abogó por concesionar o vender la Fanal. El Gobierno incluso encargó un estudio a la consultora KPMG para determinar el posible valor de la compañía, el cual se estimó en unos ¢41.461 millones, contemplando sus activos tangibles e intangibles, como la marca Cacique o el monopolio sobre la producción de alcohol en Costa Rica. Sin embargo, en lo que va de este cuatrienio no se ha avanzado en ese sentido y la compañía continúa arrastrando grandes deudas con otras instituciones públicas.
El monopolio de la producción de alcohol y la creación de Fanal data desde la década de 1850; sin embargo, el dominio de la actividad se remonta hasta la administración colonial del país, con los estancos del tabaco y el aguardiente.
