La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) resolvió una denuncia presentada por una persona contra la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) que alegó que su número de cédula y nombre fueron usados para registrar dos citas médicas “falsas”: una en Emergencias del Hospital México y otra en el Hospital Nacional de Salud Mental Manuel Antonio Chapuí en febrero del 2023.
La persona, cuya identidad se mantuvo oculta en la resolución por confidencialidad, se dio cuenta al revisar la aplicación del Expediente Digital Único en Salud (EDUS). “Cuando solicité quitar esto de mi expediente solo me enviaron una carta de parte del médico que hizo el registro disculpándose, pero no borraron nunca la información”, afirmó la persona. “Es una violación a mis datos personales”.
La Caja comunicó a la Prodhab que realizó el ajuste, pero la Agencia recordó —en su resolución del 12 de junio de 2026— sus responsabilidades en la gestión de las bases de datos y la necesidad de mejorar sus procesos cumpliendo las buenas prácticas y en conformidad con la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (N° 8968).
La oficina de prensa de la CCSS indicó que la consulta de El Financiero, sobre si cumplió lo ordenado, se encontraba en trámite, mas no se obtuvo respuesta al cierre de edición.
Como la anterior denuncia, ante la Prodhab se presentaron 449 recursos desde 2021 contra instituciones públicas y empresas privadas, la mayoría por problemas en el tratamiento de datos personales para una finalidad distinta a la autorizada, la falta de consentimiento previo, la recolección, el almacenamiento y la transmisión de datos sensibles, clasificándolos según el artículo 59 del reglamento de la Ley N°8968. No todas las situaciones están identificadas con claridad.
“No existe una categoría que permita identificar los casos de exposición ilegal de datos personales de clientes, proveedores o empleados”, respondió David Rodríguez Suárez, director nacional de la Prodhab.
De acuerdo con la Agencia, de 2024 a 2026 se procesaron cinco sanciones por faltas graves con multas de cinco salarios base cada una (poco más de ¢2,3 millones) y 161 procedimientos de protección de derechos fallados a favor de las personas denunciantes.
Además de una sanción, según la gravedad de la falta, en las resoluciones se ordena la ejecución de las acciones para garantizar la protección de los datos del denunciante, como la supresión, rectificación, adición, aclaración o el impedimento de la transferencia o difusión de la información, en concordancia con el artículo 26 de la Ley N° 8968.
Casos ejemplares
Las denuncias no solo son contra empresas o instituciones. Una persona denunció a sus vecinos en febrero de 2026 por mantener una cámara de vídeo móvil en su techo y supuestamente apuntar hacia su casa, las ventanas de las habitaciones, el patio, la cochera y la puerta principal.
Bajo declaración jurada, los vecinos respondieron que la cámara está fija en el techo de su propiedad y no capta información de terceros, no realiza difusión, cesión ni tratamiento de datos y tampoco almacena imágenes en sistemas de terceros.
Prodhab dio por terminado el proceso sumario y recordó que se podía presentar un recurso de reconsideración. El caso es de particular interés porque la Ley N° 8968 faculta a toda persona a conocer quién posee información sobre ella y porque otras resoluciones de los tribunales en casos relacionados también remiten a la Prodhab.
En instancias judiciales, un Tribunal de Familia prohibió a un hombre grabar directa o indirectamente a su expareja, cuando realizaban el “intercambio de sus hijos”, sin su autorización y dado que no era para la seguridad de su vehículo, reportó La Nación en setiembre pasado.
También la Sala Constitucional condenó a un condominio por una cámara de seguridad con vista al jardín privado de una vivienda y en 2024 estableció que las instituciones públicas deben responder solicitudes de información sobre las incursiones de drones en terrenos no estatales.
De hecho, esa instancia emitió varias resoluciones sobre la ubicación de cámaras en espacios comunes, vías públicas o perímetros de propiedad por motivos de seguridad y en casos de propiedades privadas, que no pueden enfocar ventanas, patios internos o el interior de las viviendas vecinas ni captar la vida privada.
A la Prodhab también se presentó una denuncia de una persona que, al tramitar el permiso de portación de armas ante el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), se dio cuenta de que tiene un parte policial por decomiso de drogas. “El día indicado me encontraba en el hospital”, aseguró el denunciante, que aportó un comprobante del Hospital San Juan de Dios en su solicitud para que se elimine ese parte.
“Nunca he consumido sustancias de este tipo y me parece un abuso de autoridad el que expongan mis datos y me manchen de esta manera”, manifestó el denunciante.
En el MSP se recibió una solicitud de la persona en marzo de 2025, pero nueve meses después no se tenía resuelto el problema. Por esa razón, Prodhab resolvió a favor del ofendido. “Se ordena suprimir la información solicitada”, indica la resolución.
La oficina de prensa del MSP respondió a El Financiero que la solicitud enviada, sobre si recurrió esta resolución o cumplió lo ordenado, “está en consulta”.
La Prodhab también resolvió una denuncia, en febrero de 2026, de una persona que adquirió dos créditos en Financiera Monge, los cuales —por motivos económicos y familiares— estaban en mora y en instancias judiciales.
El problema es que un despacho jurídico, pese a no ser parte procesal directa, difundió, mediante llamadas y mensajes “insistentes”, su condición “a todo mi núcleo familiar externo, entre ellos tías, tíos, primos, amigos entre otros familiares que no figuran en los procesos adeudados como fiadores o alguna otra figura” y sin haber proporcionado sus datos ni haber autorizado esas comunicaciones.
Entre la información revelada se encontraban los cobros y procesos legales pendientes, embargos de salario, divulgación de información sensible (nombre del patrón) y las medidas cautelares a las que se expone si no cancela la deuda (bloqueo de las cuentas personales, afectación sobre inmuebles propios o de familiares).
Al mes siguiente, Financiera Monge respondió que realizó una supresión parcial de los datos y que el único medio de contacto autorizado será el número telefónico y el correo electrónico de la deudora.
Aunque este hecho mostraría una actitud de rectificación de Financiera Monge, Prodhab recordó las responsabilidades en la gestión de la información y la instó a adoptar medidas de mejora en conformidad con la Ley N° 8968 y el artículo 24 de la Constitución Política, que resguarda el derecho a la intimidad.
Financiera Monge respondió que analiza el tema con el departamento legal y que por el momento no se va a referir a la resolución de la Prodhab.
Así se denuncia
Guía para interponer una denuncia ante la Prodhab:
1. Descargar el Formulario Procedimiento de Protección de Derechos.
2. Completar el formulario, firmarlo, adjuntar las pruebas y presentarlo en las oficinas de Prodhab.
3. También puede enviarlo por correo a denuncias@prodhab.go.cr. En este caso, se deberá contar con firma digital o firma autenticada por abogado o notario, acompañada de los timbres de ley correspondientes.
4. Puede hacer llegar la documentación por medio de Correos de Costa Rica.
5. Para cualquier duda puede llamar al teléfono 2234-0189.
Fuente: sitio web de Prodhab.
