Escuchar“Golpe de Estado” es una de las expresiones más graves que existen en materia política. No describe cualquier conflicto, sino que se reserva para situaciones extraordinarias en las que se quebrantan las leyes y se desplaza del poder a las personas que lo ejercen por mandato constitucional.
Costa Rica es una de las democracias más consolidadas del América Latina y del planeta; sin embargo, los últimos dos presidentes de la República han usado el concepto para describir situaciones contrarias a sus intereses.
La presidenta Laura Fernández calificó como un “golpe de Estado” la reciente sentencia de Sala Constitucional que impedirá al oficialismo seguir bloqueando la elección de magistrados suplentes de ese tribunal; mientras que el expresidente Rodrigo Chaves usó el término para referirse a las investigaciones judiciales y electorales que se realizaban en su contra.
Pero, ¿qué es realmente un “golpe de Estado” y por qué distintos especialistas consideran problemático emplear el concepto sin sustento técnico?
¿Qué es un ‘golpe de Estado’?
Las dos principales definiciones de “golpe de Estado” constan en el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, elaborado por la Real Academia Española (RAE) y el Consejo General del Poder Judicial de España.
La primera acepción lo define como una “destitución repentina y sustitución, por la fuerza u otros medios inconstitucionales, de quien ostenta el poder político”; mientras que la segunda habla sobre el “desmantelamiento de las instituciones constitucionales sin seguir el procedimiento establecido”.
Ese desmantelamiento, además, lo puede realizar la misma persona o el mismo movimiento político que ocupa el poder. Cuando eso ocurre, se habla de un “autogolpe”.
Más allá de estas definiciones, la investigadora del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica (CIOdD-UCR), Carolina Ovares Sánchez, explica que el elemento común de cualquier golpe de Estado es la ruptura del orden constitucional. “Una vez ocurre el golpe, las reglas que existían para juzgar si un gobierno es legítimo dejan de aplicar”, indicó, y “pasa a imponerse quien tiene más fuerza, muchas veces mediante la violencia”.
¿Qué dijeron Chaves y Fernández?
La presidenta Fernández asegura que una reciente resolución de la Sala Constitucional fue un “golpe de Estado” de un sector del Poder Judicial a la Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo.
La sentencia en cuestión obliga a la Asamblea Legislativa a elegir a los magistrados suplentes de la propia Sala —una decisión que el oficialismo se negaba a tomar, alegando su deseo de que la Corte realizara un nuevo concurso en el que participaran más candidatos— y prorroga temporalmente el nombramiento de los sustitutos anteriores para evitar cualquier interrupción de la justicia.
El Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de Costa Rica rechazó que este caso reuniera los elementos técnicos mínimos para entrar en la definición de “golpe de Estado”. “Lo que existe es un conflicto de competencias y de interpretación constitucional”, declaró el presidente de la entidad, Juan Carlos Navarro, a La Nación.
El expresidente Chaves también alegó ser víctima de intentos golpistas durante su mandato. Así se refirió a las investigaciones del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en su contra, gestiones que han seguido las fases procesales exigidas por la legislación.
Chaves todavía sigue diciendo que fue víctima de intentos golpistas. En una entrevista televisiva de este mes de julio, en su nuevo rol de ministro de Hacienda y de la Presidencia, aseguró que el Poder Judicial le quería “dar un golpe” y “meterlo a la cárcel”.
Para Ovares Sánchez, afirmar que Costa Rica enfrenta un golpe de Estado implicaría asumir que el orden constitucional que se instaló después de la Segunda República dejó de existir, con consecuencias como la suspensión de garantías constitucionales o la sustitución de los poderes del Estado. “Por eso”, afirma, “se trata de un concepto que debe utilizarse únicamente en situaciones muy calificadas y graves” y “no es deseable emplearlo frente a conflictos de la política regular, ni siquiera cuando esos conflictos son intensos”.
La investigadora además aseguró que desconocer la obligatoriedad de las resoluciones judiciales bajo el argumento de que constituyen un golpe de Estado también puede erosionar el Estado de Derecho, pues puede servir para justificar el incumplimiento de decisiones destinadas a proteger derechos fundamentales. En una democracia constitucional, sostuvo, las sentencias se deben acatar aun cuando generan desacuerdos políticos.
El magistrado de la Sala Constitucional, Jorge Araya, se refirió el pasado 31 de julio a lo expresado por los representantes del Poder Ejecutivo y expresó que las aseveraciones de la presidenta carecían de asidero. Araya explicó que más bien la actuación de la Sala busca reestablecer el orden constitucional.
Araya fue uno de los cuatro jueces que votó el fallo recientemente cuestionado por la presidenta Fernández junto con Paul Rueda, Ingrid Hess y Fernando Cruz: a los que el oficialismo denunció por prevaricato. Cruz usó esa denuncia como un argumento para explicar por qué es absurdo calificar los hechos recientes como un “golpe” en una reciente entrevista con Semanario Universidad: “¿cómo puede ser que unas horas después del supuesto golpe que dimos van a los mismo tribunales a poner la denuncia?“, se preguntó, ”luce demasiado civilizado”.
¿Por qué importa usar bien el concepto?
Navarro dijo a La Nación que emplear “una categoría de tan alta densidad conceptual sin que se verifiquen sus supuestos conlleva riesgos concretos”. Entre ellos, el surgimiento de reacciones desproporcionadas, una mayor polarización, un incremento de la desconfianza institucional o la “banalización” del concepto de golpe de Estado que impida reconocerlo cuando realmente ocurra.
Sus advertencias coinciden con una amplia literatura en comunicación y ciencia política sobre el efecto que puede tener el lenguaje sobre la interpretación ciudadana de los hechos.
Por ejemplo, diversos investigadores han estudiado la “inflación conceptual” (conceptual stretching o conceptual inflation, en inglés). Este concepto describe el fenómeno que ocurre cuando palabras concretas se usan de forma indiscriminada y sin criterios claros, y entonces pierde precisión o se distorsiona hasta el punto de que se vuelven difíciles de distinguir.
Bajo esa tesis, usar la expresión “golpe de Estado” para describir conflictos ordinarios podría terminar degradando su significado o “banalizándolo”, como advirtió el Colegio de Ciencias Políticas.
Ovares resume ese riesgo de forma sencilla: “inflar el término socava su utilidad y capacidad diagnóstica” y, “si todo desacuerdo se llama golpe de Estado, por intenso que sea, el concepto pierde valor de alarma cuando ocurra uno real”.
Otra de las teorías más conocidas en comunicación es la del encuadre (o framing, en inglés). Según esta aproximación, la selección de determinadas palabras no solo describe los hechos, sino que también orienta la forma en la que el público los interpreta, identifica responsabilidades y evalúa su gravedad.
Desde esa perspectiva, calificar un conflicto institucional como un golpe de Estado puede influir en la percepción ciudadana sobre la naturaleza o la magnitud de ese evento, ya sea normalizando el término (“golpe de Estado”) o con una reacción desproporcionada.
Investigadores relacionados con comunicación política también han documentado el efecto de discursos alarmistas o apelaciones al miedo (fear appeals, en inglés). Según describen, los políticos o gobernantes pueden usar esos recursos para alertar sobre riesgos reales, pero también para movilizar apoyo político, desacreditar adversarios o reforzar determinados relatos.
¿Cuáles son ejemplos reales de golpes?
Una forma más sencilla de comprender qué es un golpe de Estado es repasar algunos de los casos más emblemáticos en el continente. Por ejemplo, los que ocurrieron en Chile (1973), Perú (1992) y Honduras (2009) desde los años setenta.
En Chile, las Fuerzas Armadas encabezadas por Augusto Pinochet derrocaron al presidente Salvador Allende, por medio de un ataque directo al Palacio de la Moneda: un caso que dio inicio a 17 años de dictadura. En Perú, el presidente Alberto Fujimori se dio un autogolpe con el fin de retener el poder: disolvió el Congreso, suspendió garantías constitucionales y gobernó hasta finales de los 2000. En Honduras, militares detuvieron y expulsaron del país a Manuel Zelaya: un caso recordado en Costa Rica, que recibió al entonces mandatario.
Ovares, sin embargo, explicó que esa imagen clásica de los golpes de Estado ya no es la única que sirve para describir el concepto. Ahora también se estudian como golpes los procesos graduales de erosión democrática impulsados por los gobiernos electos para deteriorar el orden constitucional hasta romperlo y perpetuarse en el poder.
Ese tipo de procesos es utilizado por diversos investigadores para analizar la evolución institucional en países como Nicaragua (con Daniel Ortega), Venezuela (con Hugo Chávez) y, más recientemente, El Salvador (con Nayib Bukele).
“Hoy en día se sabe que esta clase de hechos no tiene que darse en un momento acotado en el tiempo, sino que puede suceder poco a poco e incluso apelar a vías institucionales impulsados principalmente por líderes electos. Se ha desplazado al golpe militar y es lo que se conoce como erosión o el retroceso democrático”, subrayó.
