Si usted es un trabajador asalariado, entonces todos los meses hay un 1% de su remuneración que sale de su bolsillo a manos del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC). Además, hay un 0,5% adicional que también debe de trasladar su patrono a la misma entidad.
El aporte del trabajador y la mitad del aporte patronal son temporales. El Banco los tiene que trasladar a la operadora de pensiones complementarias del empleado después de 18 meses, según establece la Ley de Protección al Trabajador (7.983); pero la otra mitad del aporte patronal se queda como patrimonio de la entidad financiera de manera definitiva.
Todo ese entramado se conoce popularmente como el “jineteo” del Banco Popular y es cuestionado desde hace muchos años por diversos actores políticos y sociales, los cuales le consideran una especie de fondeo gratuito en favor del banco público, una pérdida de rendimiento para los futuros pensionados y una de las cargas que desincentivan la generación de empleo formal en Costa Rica.
En los últimos días, se ha vuelto a poner el foco sobre este asunto.
El diputado y fundador del Partido Liberal Progresista, Eliécer Feinzaig, presentó un proyecto de ley para eliminarlo y en EF revisamos sus eventuales implicaciones.
¿Qué plantea el PLP?
Según el diputado Feinzaig, el objetivo de su proyecto es fortalecer el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) y disminuir las cargas sociales para “favorecer la empleabilidad” aunque “levemente”.
Para ello, la propuesta plantea eliminar completamente el 0,25% que los patronos dejan en manos del Banco Popular de forma definitiva; así como hacer que el resto de los aportes (relacionados con las pensiones complementarias) pasen directamente a las operadoras de pensiones de cada trabajador.
De esta forma, se cortaría de tajo el envío de recursos de las planillas al Banco Popular.
¿De cuánto dinero hablamos?
El 0,25% de aporte patronal que queda en manos del Banco Popular es una pieza fundamental para los recursos para esa entidad financiera.
El patrimonio del Banco es de ¢937.239,4 millones, según sus estados financieros consolidados hasta diciembre de 2023; del cual un 36,4% (¢341.130,3 millones) se explica por el aporte patronal sobre sus planillas.
Ese porcentaje no incluye los dineros que el Banco solo administra temporalmente; aunque estos también le dejan réditos a la entidad por las inversiones que realiza con ellos.
¿Qué impacto real tiene la reforma?
La Superintendencia de Pensiones (Supén) ha abogado por eliminar el “jineteo” de recursos de pensiones por parte del Banco Popular. De hecho, en la década pasada llegó a presentar un proyecto de ley con ese fin, aunque no logró su aprobación.
El diputado Feinzaig hizo alusión a estimaciones realizadas por la Supén en el pasado, según las cuales, el hecho de que el Banco Popular se dejara los aportes al ROP por más de 18 meses implicaba una pérdida de alrededor de un 7% en los montos finales de las jubilaciones complementarias.
“Ese año y medio que el Banco Popular se deja esa plata tiene un impacto. Es decir, de cada ¢100 que usted podría recibir de su pensión, ¢7 se pierden por ese paseo millonario que hace el Banco Popular”, explicó Feinzaig a través de un vídeo que publicó en redes sociales.
Esta situación se había reformado parcialmente en 2020, a través de la Ley para Resguardar el derecho de los trabajadores a retirar los recursos de la pensión complementaria (9.906). Durante la discusión de esa reforma también se planteó —sin éxito— la idea de eliminar el “jineteo”, pero finalmente se optó por establecer una tasa de interés al Banco por esa gestión, equivalente a la tasa básica pasiva más 1,6 puntos porcentuales.
Por otra parte, en cuanto a la reducción de las cargas sociales, la eliminación del 0,25% es un cambio relativamente pequeño, si se toma en cuenta que el patrono paga hasta un 27% adicional sobre sus planillas en aportes a la seguridad social y otras instituciones. Pese a ello, Feinzaig sostiene que se trata de una cantidad de dinero que tampoco es despreciable y que ciertamente “encarece la contratación“.
¿Desde cuándo existe el “jineteo” y con qué fin?
La Ley Orgánica del Banco Popular (4.351) planteó las contribuciones de trabajadores y patronos en favor de esa institución desde 1969, como un medio para “incrementar el patrimonio del Banco”. Más de 30 años después, la Ley de Protección al Trabajador (7.983) definió que el Banco solo se quedaría definitivamente con la mitad del aporte patronal y que el resto lo trasladaría, después de un plazo de 18 meses, a las pensiones complementarias de los trabajadores.
Según Feinzaig, el propósito de incrementar el patrimonio del Banco ya se cumplió, pues se trata de una institución sólida.
El BPDC contabiliza activos por ¢4,12 billones y un patrimonio más grande que el de las principales entidades financieras del país, como el Banco Nacional (BNCR) o el Banco de Costa Rica (BCR). Su patrimonio, a su vez, ha experimentado un crecimiento vertiginoso. Era de ¢90.565 millones en 2003 (unos ¢248.786,7 millones, traídos a valor presente); es decir, casi se cuadruplicó desde entonces.
La idea de fortalecer al Banco, como entidad pública no estatal, era fomentar las funciones para las que se creó; es decir, conceder préstamos a trabajadores, artesanos, pequeños productores, asociaciones de desarrollo comunal, municipalidades, cooperativas y organizaciones sindicales, entre otros.
¿Qué dice el Banco?
Consultada sobre el planteamiento de eliminar el “jineteo”, la Oficina de Comunicación del Banco Popular indicó que la institución “siempre ha sido respetuosa de las iniciativas impulsadas en la Asamblea Legislativa”; sin embargo, consideró que “eventuales variaciones” como las propuestas “tendrían un impacto en la acción social del Banco”.
“El objetivo original y definido por el legislador para dichos aportes es que el Banco Popular cumpla con su propósito social, por medio de un instrumento especial de fondeo para sus diferentes programas de financiamiento, inversión y acompañamiento no financiero, dirigidos principalmente a los segmentos de la ciudadanía excluidos por la banca tradicional”, subrayó.
En 2020, la última vez que se planteó la eliminación del fondeo para el Banco Popular, diputados de diversas fracciones alegaron que personeros de la entidad financiera realizaron lobby en contra de esa medida. Varios de ellos aseguraron que el Banco planteó como argumento, precisamente, la necesidad de esos recursos para atender financiamiento de riesgo a pequeñas empresas.
La posición es diametralmente opuesta a la de Supén, que históricamente ha estado a favor de eliminar el “jineteo”. Así consta en múltiples declaraciones a la prensa en años pasados de la superintendente de Pensiones, Rocío Aguilar, y del extitular de ese cargo, Álvaro Ramos.
