El Ministerio de Hacienda anunció este 28 de octubre su decisión de frenar momentáneamente la contratación de una póliza de responsabilidad civil para sus autoridades; la cual permitiría al presidente, a los vicepresidentes, a los ministros y hasta a los viceministros contar con hasta $500.000 al año (unos ¢259,5 millones) para enfrentar litigios civiles relacionados acciones u omisiones suyas en el ejercicio de sus cargos.
El Gobierno de la República inició la contratación formalmente desde julio pasado y esta generó una reciente ola de reacciones negativas —institucionales, políticas y civiles—, luego de una publicación del medio digital crhoy.com al respecto, el 25 de octubre.
Entre otros detalles, el seguro que pretende contratar el Gobierno implicaría la posibilidad de que los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo utilicen recursos públicos para defenderse y hasta pagar sus gastos de relaciones públicas o eventuales sanciones en caso de que ser castigados, sin tener que responder con sus patrimonios.
El procedimiento de contratación se tramita bajo el expediente 2024PX-000002-0009100001 en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop); en donde se detalla que el servicio estaría a cargo del Instituto Nacional de Seguros (INS), como mejor oferente luego de consultar a esta y otras 11 entidades.
A continuación, EF le resume lo que debe saber sobre el cuestionado método de aseguramiento que busca el Gobierno.
¿De qué se trata la póliza?
Según el pliego de especificaciones técnicas aportado por el Ministerio de Hacienda, disponible en el Sicop, la póliza se planteó para proteger el patrimonio de 65 funcionarios, entre directores y oficiales, en caso de que deban enfrentar eventuales procesos legales por responsabilidad civil.
El documento también indica textualmente 16 gastos que estarían incluidos en la cobertura del seguro, aunque además señala que puede haber “otros”.
Los 16 puntos de cobertura mencionados textualmente son:
- Gastos y costas legales de defensa.
- Costos y gastos de emergencia.
- Cobertura para directores y oficiales retirados.
- Costos para fianzas.
- Costos para atención de crisis.
- Gastos para relaciones públicas.
- Gastos para proteger la reputación de los asegurados.
- Costos por procesos de extradición.
- Costos de enjuiciamiento.
- Multas y sanciones civiles.
- Costos para salud y seguridad ocupacional.
- Privación o confiscación de activos.
- Costos de preinvestigación.
- Violaciones ambientales.
- Audiencia derivada de una investigación.
- Administradores no ejecutivos.
El contrato cubriría a funcionarios actuales y aquellos que se hayan retirado por pensión o por cambio de puesto, siempre y cuando se enfrenten a un proceso por acciones relacionadas con su gestión pública previa.
¿Cuál es el alcance económico?
El costo de la póliza para el Ministerio de Hacienda se pactó en $407.066,04 anuales, más $52.0917,96 por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA). Dicho importe, a su vez, correspondía a ¢248,4 millones, según el tipo de cambio hasta el momento del trámite en el Sicop.
Como contraprestación, el INS ofrecería un límite de cobertura de $500.000 (¢259,5 millones) por persona asegurada y de hasta $3 millones (¢1.557 millones) en el agregado anual del contrato.
Además, el plazo de la póliza sería de 12 meses con la posibilidad de prórrogas por hasta 36 meses, según el mismo documento.
¿Ya está contratada?
El INS remitió su oferta por la contratación desde el 8 de octubre, ajustada a los planes del Ejecutivo, y actualmente solo falta el contrato final para que quede en firme.
Sin embargo, el nuevo anuncio del Poder Ejecutivo deja en stand by el asunto.
¿Cuál es la justificación del Gobierno?
En su justificación inicial de la contratación, también disponible en Sicop, el Ministerio de Hacienda aseguró que la póliza pretende “proteger y defender al Estado económicamente de pérdidas por actuaciones dirigidas a satisfacer el interés público”; aunque no hizo alusión a que también implicaría la protección del patrimonio personal de los jerarcas.
¿Cuáles son las dudas de legalidad?
Consultada por varios medios, entre ellos crhoy.com, la Contraloría General de la República recordó la existencia del artículo 13 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (8.131), emitida en septiembre de 2001.
Según ese artículo, “todo encargado de recaudar, custodiar o administrar fondos y valores públicos deberá rendir garantía con cargo a su propio peculio“; es decir, con recursos propios.
Abogados como el exdirector jurídico de Casa Presidencial entre 2014 y 2019, Marvin Carvajal, y el exfiscal general entre 2003 y 2010, Francisco Dall’Anese, también señalaron al periódico La Nación criterios similares.
El último señaló que la aspiración del Gobierno "no solo es violatoria de la ley", sino “además es una licencia para que los funcionarios hagan lo que les venga en gana", al hacer que el patrimonio personal de los jerarcas no esté en riesgo a la hora de tomar decisiones.
Por su parte, Carvajal recordó que el INS tiene una póliza genérica que es la que usualmente se utiliza para proteger el patrimonio del Estado, pero que su contratación la debe cubrir cada funcionario y no cubre cuestiones como extradiciones, daños ambientales o costos de defensa, sino solo indemnizaciones para los afectados.
Los ministros y viceministros de la República recibieron un aumento en sus salarios desde junio de 2022, por medio del decreto ejecutivo 43585-H-PLAN-MTSS. A través de ese documento, el presidente determinó subir el salario base de los ministros de ¢1,3 millones a ¢2,6 millones mensuales, y el de los viceministros de ¢1,3 millones a ¢2,5 millones. Dichas remuneraciones habían estado congeladas desde la administración de Laura Chinchilla Miranda (2010-2014).
¿Cuál es la última decisión?
Luego de cinco días desde las primeras publicaciones sobre el tema, el Ejecutivo finalmente respondió ante los cuestionamientos.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta; el vicepresidente de la República, Stephan Brunner: y la presidenta ejecutiva del INS, Gabriela Chacón, defendieron los trámites relacionados con la contratación hasta el momento; sin embargo, informaron de que el asunto se frenará mientras se despejan dudas de legalidad, por medio de una consulta a la Procuraduría General de la República (PGR).
Según Chacón, el INS realizó adecuadamente los estudios de riesgo y la póliza está debidamente inscrita ante la Superintendencia General de Seguros (Sugese).
¿Implica esto un final para la póliza?
El ministro Acosta aseguró que el Gobierno todavía pretende seguir adelante con la póliza, si se determina que es viable legalmente.
Asimismo, indicó que se ha tergiversado información, que se usaron medios públicos para llevar adelante el trámite hasta el momento y que lo que se busca es evitar que las complejas decisiones de los funcionarios, en algún momento puntual, pongan en riesgo su patrimonio frente a “denuncias temerarias” y “situaciones que lo que buscan es amedrentarles”.
Acosta también aseguró que la póliza no cubriría los gastos si se demuestra “el dolo” de los funcionarios en los estrados; es decir, si se ratifica que hayan cometido un delito con plena intención de hacerlo.
“Esta póliza no es nueva. Existe en el mundo. Hay otros países en donde ustedes pueden verificarlo. El mejor ejemplo es Colombia, en donde hay pólizas de este tipo para los funcionarios; así que no hay tal situación oculta, no hay ninguna situación de proteger ningún tipo de comportamiento inadecuado”, defendió.
El ministro también recordó que el Banco Central (BCCR) ya tiene que financiar la defensa de los superintendentes y algunos otros funcionarios, por medio de sus propias asesorías jurídicas, según establece el artículo 177 de la Ley del Mercado de Valores. No obstante, ese mismo numeral señala que, de encontrarse al funcionario culpable “con dolo o culpa grave”, entonces este debería de reintegrar todos los recursos al patrimonio del Estado.
También citó casos como los de auditores públicos y policías.
El vicepresidente Brunner, por su parte, afirmó que los jueces de la República ni siquiera pueden ser demandados por sus decisiones, sino que solo pueden recibir denuncias ante la Inspección Judicial. Además, recordó que “el presidente tiene más de 50 denuncias en dos años y para todas tiene que pagar para su defensa″.
“Y les pongo un ejemplo personal”, concluyó. “Como miembro de la Comisión para Promover la Competencia a nosotros nos demandó un banco por tomar una decisión que estaba bien tomada, y nos dejaron solos en el procedimiento; nos costó alrededor de $18.000 el defendernos por hacer nuestro trabajo, y eso a uno le duele”.
