EscucharUna parte sustantiva del Poder Judicial costarricense cambiará —o podría cambiar— en los primeros años del próximo gobierno. En el próximo cuatrienio vencerán los nombramientos de ocho magistrados de las salas más influyentes de la Corte Suprema de Justicia, en medio de tensiones abiertas entre el oficialismo y los principales contrapesos institucionales del país.
Se trata de tres de los cinco magistrados que integran la Sala de Casación Penal (popularmente conocida como Sala III) y cinco de los siete magistrados que componen la Sala Constitucional (la Sala IV).
El desenlace de esos cargos dependerá de la próxima conformación de la Asamblea Legislativa. Los nuevos diputados que resulten electos en febrero tendrán que decidir sobre la continuidad o la sustitución de los jueces, que son claves para el equilibrio democrático y el funcionamiento del sistema judicial.
Ambas salas concentran competencias especialmente sensibles. La Sala III juzga penalmente a los miembros de los supremos poderes —como el presidente, los ministros y los diputados—; mientras que la Sala IV vela por el cumplimiento de los derechos fundamentales de la población y limita los abusos de poder en la función pública.
Además, sus magistrados integran la Corte Plena, responsable de nombramientos estratégicos en el sistema judicial y electoral.
Los magistrados son nombrados por períodos de ocho años y pueden optar por la reelección, pero no es automática. Ellos mismos pueden desistir de continuar y una mayoría calificada de 38 diputados o más también puede bloquear su continuidad y abrir paso a nuevos nombramientos.
En un escenario de oficialismo confrontativo que dice buscar 40 o más diputaciones para impulsar transformaciones profundas, la coincidencia de estos vencimientos adquiere una relevancia —como poco— particular.
Los vencimientos
Los tres magistrados de la Sala III cuyo nombramiento vence durante el próximo cuatrienio son Patricia Solano, Rubén Alfaro y Sandra Zúñiga.
En tanto, los cinco que concluyen su período en la Sala Constitucional son Jorge Araya, Paul Rueda, Anamari Garro, Fernando Cruz y Luis Fernando Salazar.
En ambos casos, además, los vencimientos ocurren antes de que termine el 2028; es decir, apenas cumplidos los primeros dos años de la administración.
A ellos se suman otros seis nombramientos de magistrados que caducan en la Sala Primera (civil y contenciosa) y de la Sala Segunda (laboral y de familia): dos órganos menos visibles, pero cuyos integrantes también forman parte de la Corte Plena.
La Corte Plena es el principal órgano directivo del Poder Judicial y, entre otras cuestiones, se encarga de nombrar y determinar la continuidad de figuras como el fiscal general, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) o los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
La entidad está compuesta por los 22 magistrados de las cuatro salas y, de ellos, 14 nombramientos estarán en juego entre 2026 y 2030.
El nombramiento del fiscal general, Carlo Díaz, culmina en octubre de 2026; mientras que el de la mayoría de magistrados propietarios y suplentes del TSE lo hace entre mayo de 2027 y mayo de 2029 (un propietario y dos suplentes en cada uno de los casos, según publicó La Nación en diciembre pasado).
Tensiones recientes
El vencimiento de los nombramientos coincide con un clima sostenido de tensión entre el poder político y las autoridades judiciales y electorales.
La Fiscalía General de la República ha presentado dos acusaciones formales en contra del presidente Rodrigo Chaves por presuntas irregularidades en una contratación con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y en el financiamiento de su campaña; además de tramitar decenas de otras investigaciones adicionales, la mayoría aún en curso.
Una de las acusaciones incluso derivó en una gestión sin precedentes.
La Corte Plena avaló trasladar a la Asamblea Legislativa una solicitud para el levantamiento de la inmunidad del presidente, de modo que pudiera ser juzgado inmediatamente. No obstante, la gestión no fructificó por falta de votos en el Congreso.
Por otra parte, decisiones de la Sala Constitucional también han generado roces con el Poder Ejecutivo.
Entre otros episodios, el tribunal frenó el cierre ilegal e inconstitucional de Parque Viva —propiedad del Grupo Nación, dueño de medios como La Nación, La Teja y El Financiero— y también revirtió la destitución de toda la Junta Directiva del Banco Nacional, que había sido impulsada por el Poder Ejecutivo para rediseñar la cúpula de la entidad financiera.
Por último, las actuaciones del TSE también han generado molestia en el gobierno del presidente Rodrigo Chaves.
La autoridad electoral no solo investigó y llevó a la Fiscalía las presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña en 2021 y 2022, sino que también lleva adelante varias investigaciones por presunta beligerancia del mandatario en la actual contienda electoral.
Promesas de transformación
El discurso presidencial ha reiterado en los últimos años la supuesta necesidad de que la población elija a 40 diputados o más que puedan transformar a Costa Rica.
El presidente Chaves nunca ha pedido explícitamente el voto por alguna agrupación específica, pero sí ha mencionado que el país necesita “más Pilares Cisneros y Adas Acuñas”, en alusión a las diputadas oficialistas con esos nombres.
Voces del oficialismo, como la propia Cisneros, sostienen que ese número de diputados permitiría realizar transformaciones que el país necesita, pero no existe una hoja de ruta clara sobre el uso concreto que se daría a una mayoría de ese tamaño.
Más allá de ese debate, un bloque de 40 diputados o más tendría la capacidad de bloquear la reelección de magistrados y sustituirlos, entre otras muchas decisiones de alto calibre.
La barrera de los 38 legisladores —dos terceras partes del Congreso— es clave para la aprobación de leyes complejas, la destitución de altos funcionarios o hasta el impulso de reformas constitucionales, entre otras cuestiones de gran calado.
Alcanzar 40 diputados, sin embargo, es una meta históricamente difícil para cualquier partido político en Costa Rica.
El multipartidismo de los últimos años fragmenta el voto e, incluso en los tiempos del bipartidismo, el número máximo alcanzado por una sola agrupación fue de 33 legisladores.
No obstante, la gestión del presidente Chaves mantiene altos niveles de popularidad —superiores al 60%, según las encuestas— y el Partido Pueblo Soberano, que impulsa la continuidad mediante la candidatura de la exministra Laura Fernández, busca capitalizar ese respaldo.
Asimismo, Chaves ha señalado que una gran mayoría legislativa también podría materializarse mediante alianzas entre varios partidos que compartan una visión similar, aunque sin mencionar cuáles.
El chavismo no ha planteado explícitamente la eliminación o la sustitución de sus contrapesos institucionales, pero sí ha mantenido críticas constantes y descalificaciones públicas hacia ellos.
El presidente incluso promovió y participó en una marcha que pedía la destitución del fiscal general el año pasado, y ha calificado como “filibusteros” a los magistrados y diputados que respaldaron las gestiones para levantar su inmunidad y que pudiera ser juzgado de forma inmediata por las acusaciones de la Fiscalía.
En cuanto al TSE, las críticas del mandatario a la institución y a sus funcionarios también han sido constantes y directas, al punto de que la presidenta del órgano electoral, Eugenia Zamora, le acusó de estar “amenazando la paz y la estabilidad política del país” por medio de una carta pública.
La situación abre así la puerta a un punto de inflexión institucional. El vencimiento de nombramientos claves y un discurso político que cuestiona abiertamente a sus contrapesos del sistema coincidirán en el tiempo, con implicaciones inciertas sobre la independencia judicial y democrática del país. Mucho dependerá de los resultados electorales en febrero y de cómo moldeen a la nueva Asamblea.
