El verdadero pulso por aplicar las medidas para contener el crecimiento del gasto en incentivos salariales y por sujetar la asignación de recursos a la regla fiscal empezará el próximo miércoles, una vez que el Ministerio de Hacienda presente el proyecto de ley de presupuesto nacional 2020.

Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, ya había adelantado ante la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso, el pasado 26 de junio, que el nuevo presupuesto tendrá medidas concretas para aplicar recortes al gasto y poner en marcha la controvertida regla fiscal.

Los diputados de ese foro legislativo –quienes se encargarán de tramitar el proyecto– también esperan señales contundentes del Gobierno que permitan implementar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635).

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Las acciones que tome el Ejecutivo en el presupuesto del próximo año servirán para que los congresistas recuperen la confianza tan solo un par de semanas después de que se suscribiera un acuerdo entre los sindicatos, el Gobierno y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Así lo señaló Ana Lucía Delgado, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de Hacendarios.

Pero los ánimos previos a la presentación del presupuesto nacional están bastante revueltos. Hacienda libra un pulso con el Poder Judicial para que se acoja a la reforma tributaria, las municipalidades acudieron a la Sala Constitucional para eximirse de la regla fiscal y otros polvorines políticos en el Congreso atizan el malestar ciudadano.

“En ocho días podrán ver el presupuesto de la República, en donde, absolutamente se cumple con todos los compromisos que el Gobierno asumió y en particular con la regla fiscal que había sido nuestro compromiso”, indicó Aguilar, la tarde del miércoles 21 de agosto, durante la presentación de la estrategia de gestión de deuda para el segundo semestre del año.

Todopoderosa Corte

El Poder Judicial decidió que no aplicará las medidas de la reforma fiscal correspondientes a limitar el crecimiento del gasto en incentivos salariales y anualidades. La Corte Plena, conformada por 22 magistrados, determinó que una resolución de la Sala IV sobre la constitucionalidad del texto cuando todavía no había sido aprobado en segundo debate, aclaró que la Ley 9.653 no derogó La Ley Orgánica del Poder Judicial, ni la legislación salarial, ni el estatuto de servicio de esta institución.

Por esa razón, el pasado 18 de marzo, 14 magistrados aprobaron por mayoría y con la abstención de otros siete altos jueces, un acuerdo para que los salarios de los empleados judiciales no estén sujetos a las medidas de ahorro que se establecen en la reforma fiscal.

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La resolución emitida por la Sala Constitucional que sirve como respaldo para la decisión de la Corte Plena también favorece a los siete magistrados que la avalaron.

De esta forma, la Corte mantendrá el pago de anualidades bajo un sistema de aumento porcentual y no lo transformará en uno nominal (monto fijo), como lo obliga la reforma tributaria que entró en vigor el 4 de diciembre del 2018. Este sistema se aplicará para los nuevos y los antiguos trabajadores del Poder Judicial.

También seguirá sin cambios el cálculo porcentual de los pluses que se entregan por medio de reglamento o por acuerdo de la Corte a los empleados que ingresaron al Poder Judicial antes de la vigencia de la nueva ley.

El presupuesto aprobado del Poder Judicial para el 2019 es de ¢473.402 millones, de los cuales las remuneraciones totales representan ¢388.443 millones. Dentro de esta última cifra, cerca de ¢180.000 millones corresponden únicamente al pago de pluses salariales.

La resistencia del Poder Judicial para aplicar las reglas en materia salarial se fundamenta en criterios de la Sala Constitucional y de la Dirección Jurídica de la institución. Sin embargo, los ajustes incluidos en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas no implican recortar sueldos, sino reducir el ritmo de crecimiento para hacerlos sostenibles en el tiempo.

El pasado 20 de agosto Hacienda anunció que recortará ¢2.543 millones al próximo presupuesto del Poder Judicial hasta que se acoja a las reglas de contención del gasto en salarios. Ese dinero se iba a destinar para la creación de los juzgados anticorrupción.

Eso sí, aunque la regla fiscal no aplica para la Corte, las medidas de contención en el pago de incentivos y anualidades sí deben ponerse en marcha para los empleados de esta entidad, de acuerdo con el criterio de Hacienda.

La CCSS y sus acuerdos

El pasado 12 de agosto y tras una huelga de ocho días que afectó numerosos servicios de salud en todo el país; el Gobierno, los sindicatos y Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS; firmaron un acuerdo para que diferentes instancias judiciales resuelvan el futuro de los pluses salariales de los empleados de esta institución.

Un acuerdo suscrito el pasado 20 de febrero entre Macaya y varios grupos sindicales salvaguardó de las reglas de la reforma fiscal, el pago de incentivos como anualidades, sobresueldos, pluses, dedicación exclusiva, prohibición, carrera profesional y evaluación del desempeño.

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Aunque inicialmente los sindicatos empezaron la huelga de agosto con el discurso de que defenderían a la CCSS de intenciones de privatización y de la regla fiscal, el objetivo final del movimiento fue defender los 19 pluses salariales para que no se modifiquen de montos porcentuales a nominales como ocurrirá con los 127.000 trabajadores del Gobierno Central.

La movimiento sindical provocó la suspensión de 68.000 citas médicas, la pérdida de 1.400 cirugías programadas y una denuncia por la muerte del químico Mario Castro quien presuntamente no recibió atención médica de forma oportuna en el Hospital San Rafael de Alajuela.

Sobre la sujeción de la CCSS a la regla fiscal, el tema es diferente.

Mientras tanto, la Junta Directiva de la CCSS debe empezar un largo proceso legal para que el acuerdo suscrito en febrero llegue al Tribunal Contencioso Administrativo y luego a la Sala I. Este periplo podría extenderse por hasta cinco años y durante este tiempo el pago de pluses a los empleados de la institución se mantendrá sin cambios y con un crecimiento porcentual importante.

Municipalidades y más

La regla fiscal limitará el crecimiento del gasto corriente en los presupuestos de las diferentes instituciones públicas para sujetar ese rubro al porcentaje promedio de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) nominal o a la relación de la deuda del Gobierno Central frente al PIB.

Esta normativa está explicada en el capítulo II, artículo 9, de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Las municipalidades, que en principio están sujetas a esta regulación, ya iniciaron un proceso para pedirle a la Sala IV que no se les aplique la regla fiscal bajos los argumentos de la autonomía de los gobiernos locales y de evitar un freno a la posibilidad de invertir recursos en las comunidades.

Para el 2020 los presupuestos no podrán crecer más de un 4,67% en relación con el del año pasado y eso obliga a las instituciones del Estado a ajustar sus partidas para no pedir recursos de manera excesiva.

La acción de inconstitucionalidad contra la regla fiscal fue presentada por Laura Chaves, alcaldesa de Alajuela, y los magistrados la acogieron para estudio este miércoles 21 de agosto, sin que ese trámite suspenda la aplicación de la norma. Así lo aclaró, Fernando Castillo, presidente de la Sala IV tras consulta de EF.

A la oposición de los gobiernos locales se suma la negativa de las universidades públicas de sujetar sus presupuestos a la regla de contención de crecimiento que se aplicará todos los años por parte de Hacienda.

Mientras que las dietas que reciben los diputados y los miembros de las juntas directivas del Estado, estarán exentas del cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) porque quienes ocupan estos cargos no prestan servicios gravables.