La idea de aumentar en un 125% el área sembrada de aguacate en los próximos dos años para abastecer el consumo interno y, si sobra un poco, exportar no es nada nueva.

Planes o programas ya se pusieron en marcha con cultivos como la mora, el palmito, la palma aceitera y la macadamia. ¿Los resultados? En algunos casos, ni siquiera los hubo; en otros, todavía se ejecuta la etapa de implementación.

Los anticuerpos y críticas al plan del aguacate vienen desde diversos frentes. En el ámbito económico se percibe como una respuesta a un problema que, antes de la restricción fitosanitaria de 2015, se resolvía naturalmente con la importación y comercialización.

En el contexto político, el plan es una reacción que conjunta una serie de esfuerzos institucionales y recursos públicos para impulsar el cultivo de un producto –sobre todo de la variedad Hass– a fin de generar una nueva fuente de ingresos para productores nacionales, al tiempo que se cubre la demanda interna en un mercado que sufre el incremento en el precio de la apetecida fruta.

Voces consultadas por EF –algunas prefirieron no ser citadas– rememoran la experiencia de los programas nacionales enfocados en diversificar cultivos y los resultados finales de esas iniciativas. Además, comparan las antiguas ideas con la más reciente ambición del Gobierno: el Plan Nacional de Aguacate.

Macadamia de “oro”

El recorrido inicia en 1987, durante el boom de la sustitución de exportaciones. Ese año, el gobierno de Óscar Arias impulsó el Programa Nacional de Macadamia.

La iniciativa fue ejecutada por el Instituto del Café de Costa Rica (Icafe) y contó con el apoyo técnico y económico de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), y la asistencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Asociado a este plan se creó el Centro para la Promoción de Exportaciones (Cenpro) que luego se convirtió en la Promotora de Comercio Exterior (Procomer). En esa coyuntura nació también el Ministerio de Comercio Exterior (Comex).

Las intenciones del Gobierno versaban sobre la posibilidad de diversificar sus exportaciones agrícolas con nuevos cultivos, entre ellos la macadamia, una nuez de la que se conocía poco en el país.

Para poner en marcha el programa se acudió a especialistas de Hawái y Australia, quienes explicaron que este producto tenía futuro en Costa Rica, dado que su producción se sostenía a largo plazo y podría generar empleo.

Los primeros cultivos se registraron en Turrialba, Siquirres, las cercanías del Lago Arenal y en las faldas de los volcanes Tenorio y Miravalles, recordó Randall Benavides, presidente de la Cámara de Exportadores e Importadores de Productos Perecederos (Ceipp).

Con el pasar del tiempo aparecieron adversidades, como el clima y el suelo, que dificultaron la sostenibilidad de esta apuesta. El proyecto se cerró en 1992, según datos aportados por el MAG.

La producción nacional de macadamia nunca logró alcanzar niveles competitivos para exportar al mercado internacional en grandes volúmenes como lo hacen Kenia, Sudáfrica, Australia y Hawái.

Salvar la mora

La mora es una fruta que crece en las zonas altas. En Costa Rica los cultivos se concentran en el Cerro de la Muerte, El Guarco, León Cortés, Tarrazú, Dota y Pérez Zeledón; en estos lugares se desarrollan sistemas de producción orgánica.

La tormenta tropical Alma, que afectó al país en junio del 2008, ocasionó fuertes lluvias y ráfagas de viento que golpearon directamente el área sembrada. Se trata de una actividad que se desarrolla entre los 1.500 y los 2.300 metros sobre el nivel del mar (m s. n. m.).

A estos factores se sumaron también condiciones de mercado y problemas fitosanitarios (plagas), según se detalla en el Programa de atención al sector morero ante la emergencia sufrida por los efectos del clima, publicado por el MAG en julio del 2009.

“No se trató de un plan de impulso a la actividad, sino un programa de atención ante una emergencia climática”, aclaró la entidad vía correo electrónico tras consulta de EF.

Se destinaron ¢500 millones del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), más una serie de apoyos técnicos de instituciones como el MAG, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), la Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Al final, ningún agricultor de mora pidió créditos para fortalecer su actividad o aumentar el área de producción con el fin de generar más ganancias o, en el mejor de los casos, ampliar su mercado fuera del país.

Palmito, la promesa

También en el auge del modelo de sustitución de exportaciones, entre finales de la década de los 80 y principios de los 90, un grupo de industrias liderado por empresas como Demasa, Conservas del Valle y otros conglomerados en manos de pequeños empresarios, vio en el palmito una promesa de negocio.

En 1997 y 1998 la crisis de precios internacionales de ese cultivo abrió la posibilidad para que el Gobierno impulsara un programa de reconversión productiva que financió la construcción de plantas procesadoras, primero en la región Huetar Atlántica, y, luego, en otras zonas del país.

Varios productores agrícolas asumieron la apuesta y, con el apoyo institucional del MAG, que se vinculó al proyecto entre 2007 y 2010, empezaron a desarrollar plantaciones de palmito.

La idea era llevar el producto procesado a Francia –principal importador en ese entonces–, Estados Unidos, Chile, España y Canadá.

Para 2006 las exportaciones de palmito de Costa Rica representaron $25 millones, aunque su aporte al producto interno bruto (PIB) era muy bajo en comparación con el de otros cultivos como banano, café y piña.

Uno de los puntos más altos de este programa se registró en 2008. Ese año el sector palmitero generó 6.200 empleos directos y 31.000 indirectos.

Según el MAG, a pesar de que Costa Rica llegó a ser el mayor exportador de palmito del mundo, en la actualidad los resultados del sector son negativos por situaciones de mercado internacional.

En diciembre del 2019, la División Palmito de la empresa Demasa suspendió el recibo del tallo a terceros, lo que sumió en la incertidumbre a 83 productores nacionales, quienes ahora deben buscar otras compañías para colocar su cosecha.

La planta de Demasa es la más importante del país y tiene tres décadas de operar. El 75% de las 2.300 toneladas anuales procesadas que recibe esta empresa proviene de productores independientes, informó La Nación.

La ruptura entre Demasa y los agricultores de palmito pone fin a más de 25 años de relaciones y refleja los problemas de competitividad de Costa Rica frente a otros países que ofrecen el tallo a un precio más bajo, gracias a menores costos de producción asociados.

El plan de la palma

Este es un plan nacional –similar al del aguacate– lanzado en noviembre del 2019 para mejorar las condiciones de 3.200 productores de palma aceitera en el país.

La iniciativa incluye cuatro ejes de trabajo para fortalecer la competitividad de la agrocadena: un fideicomiso de ¢1.700 millones para financiamiento; investigación y transferencia tecnológica; transparencia de mercado para estandarizar el pago por calidad de fruta con base en normas técnicas; y generación de valor agregado para diversificar el producto terminado en línea.

En este plan se conjuntan el MAG, el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop).

Los datos revelan que el país tiene 76.000 hectáreas cultivadas de palma aceitera: 65% se ubica en la región Brunca; 24,5%, en la Pacífico central, y, el restante 10,5%, en la Huetar Norte y Caribe.

El plan está en ejecución y pretende aumentar la productividad por hectárea anual, cuyo promedio óptimo es de 17 toneladas y el cual se redujo debido a la flecha seca (enfermedad) y a los bajos precios.

La intención es que el país pueda alcanzar las 19 toneladas de palma por hectárea al 2022. El MAG no ofreció cifras de los avances registrados hasta la fecha.

Estos planes o programas enfocados en la diversificación o apoyo a cultivos nacionales revelan algunas luces y sombras sobre la controvertida política de aguacate que, para algunos, está dirigida a mantener el proteccionismo del Gobierno y, para otros, busca inyectar recursos a una actividad sobre la cual todavía no se tienen datos certeros para pronosticar el éxito a mediano y largo plazo.